Desregulación, opacidad y abuso: cómo el gobierno libertario permitió que las petroleras aumenten sin avisar, mientras el consumidor paga la cuenta sin saberlo.
Un grupo de jóvenes grabó un video que se volvió viral: estaban cargando nafta y, en medio del proceso, el precio cambió. Pagaron la mitad del tanque a un valor y la otra mitad a otro más alto. Sin aviso, sin cartel, sin explicación. Esa escena absurda y cotidiana resume mejor que cualquier discurso lo que significa hoy la “Argentina sin inflación” de Javier Milei: una estafa legalizada bajo el relato de la libertad de mercado.
El video muestra a los chicos desconcertados al ver que el total final no coincidía con el cálculo inicial. Habían comenzado a cargar combustible con un precio visible en el surtidor, pero al continuar —minutos después— el valor había cambiado. Nadie en la estación informó del aumento. Y no lo hicieron porque ya no están obligados a hacerlo. Lo que antes se consideraría un fraude, hoy es parte del nuevo orden económico: la desregulación. La norma que obligaba a las estaciones de servicio a informar los aumentos fue derogada por el gobierno libertario, eliminando el derecho básico del consumidor a saber cuánto y por qué paga más.
En junio de 2025, Javier Milei y Federico Sturzenegger eliminaron la resolución 314/2016, que exigía a las petroleras informar los cambios de precios en tiempo real a la Secretaría de Energía y publicarlos para el acceso público. Desde entonces, los aumentos pueden aplicarse sin anuncio previo y sin necesidad de justificar los porcentajes. El argumento oficial fue “liberar el mercado”, pero el resultado fue el contrario: mayor discrecionalidad para las empresas y cero transparencia para los usuarios. Hoy, nadie sabe realmente cuánto cuesta un litro de nafta hasta que el surtidor lo marca. Y, como demuestra el video, ni siquiera eso es garantía.
El dogma libertario sostiene que la competencia entre privados evita los abusos. Pero esa idea parte de una condición inexistente: que los consumidores estén informados. Si el Estado renuncia a garantizar esa información, el “mercado libre” se convierte en un terreno perfecto para el engaño. Las petroleras pueden remarcar los precios varias veces al mes sin rendir cuentas. Los usuarios no pueden comparar, los medios no pueden registrar aumentos y el Gobierno se ahorra el costo político de admitir la inflación real. Así se construye la ilusión de estabilidad: ocultando los aumentos bajo el manto de la “libertad económica”.
Según distintos relevamientos, los combustibles aumentaron entre un 5 % y 6 % en septiembre, pero esos incrementos pasaron prácticamente inadvertidos porque ya no se comunican oficialmente. Desde que Milei asumió, el precio de la nafta subió más de un 140 %, y aún así el gobierno insiste con la narrativa de que “la inflación está bajando”. Los aumentos en los combustibles, además, no solo afectan al automovilista: impactan en el transporte, la logística, los alimentos y los servicios. Cada litro que se encarece dispara una cadena de incrementos que atraviesa toda la economía. Pero el gobierno prefiere mirar para otro lado, o peor: ocultarlo bajo una supuesta “racionalización del mercado”.
La derogación de la obligación de informar precios no es un detalle técnico: es una decisión política. Es el equivalente a tapar el termómetro para negar la fiebre. Con esta medida, el gobierno desmanteló uno de los pocos mecanismos que protegían al consumidor frente a los abusos. Lo hizo con el mismo cinismo con el que repite que “no hay inflación”, mientras los aumentos se multiplican, pero sin registro ni transparencia. Así, el “libre mercado” termina siendo un eufemismo elegante para describir un escenario donde gana siempre el más fuerte, y el ciudadano común paga sin entender cómo ni por qué.
Lo que les pasó a esos pibes en una estación de servicio no es una anécdota graciosa: es una radiografía de la Argentina actual. Una en la que el gobierno promueve la ignorancia del consumidor como política de Estado, mientras las empresas aprovechan la oscuridad para ajustar sus márgenes sin control. En el país de la “libertad de precios”, la única libertad real es la de las petroleras para aumentar cuando quieren. El resto, apenas carga el tanque… y reza que no suba mientras tanto.
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