Dos décadas después del femicidio de María Florencia Morello, la pérdida de pruebas genéticas clave expone la descomposición del sistema judicial santafesino. La madre de la víctima exige justicia y denuncia el abandono del Estado, mientras la fiscalía intenta reparar, con disculpas tardías, años de negligencia e indiferencia.
El caso de Florencia Morello, una joven de 21 años violada y asesinada cuando iba a trabajar en Santa Fe en 2005, vuelve a estremecer al país. Las pruebas genéticas que podían identificar al femicida se perdieron, y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió perdón a la familia. La madre, Blanca Cuatrín, reclama que se reabra la investigación y se juzgue a los responsables políticos y judiciales de dos décadas de impunidad.
El femicidio de María Florencia Morello es una herida abierta en la memoria colectiva. Tenía apenas 21 años, estudiaba arquitectura y trabajaba como moza para sostenerse mientras cursaba en la capital santafesina. El 1° de octubre de 2005 salió de su casa rumbo al trabajo, pero nunca llegó. Horas más tarde la encontraron agonizando, golpeada, violada y con signos de haber sido atacada con una brutalidad que aún hoy resulta insoportable de describir. Murió cinco días después, y veinte años más tarde su crimen sigue impune.
La justicia no solo no encontró al responsable: perdió las pruebas genéticas que podían identificarlo. No se trata de un error técnico, sino de una muestra brutal de cómo el Estado argentino sigue fallando cuando se trata de investigar femicidios. La madre de la víctima, Blanca Cuatrín, lo resumió con una frase que duele y avergüenza: “Lo que más me dolió fue que no me avisaran, me enteré por un periodista”.
Esa frase debería ser un grito en los despachos oficiales. No hay excusa para la negligencia institucional que atraviesa este caso. Durante años, la familia reclamó por la desaparición de las muestras biológicas tomadas del cuerpo y de la ropa de Florencia. Esas pruebas, que eran clave para determinar quién la violó y asesinó, se esfumaron de los laboratorios judiciales sin que nadie pudiera explicar cómo ni por qué.
La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, finalmente se reunió con la madre de Florencia para pedir disculpas y prometer que el caso será reabierto. El gesto es correcto, pero llega veinte años tarde. En una Argentina que repite promesas mientras reduce presupuestos, el perdón sin reparación es una forma de impunidad.
El caso llegó a la Cámara de Diputados provincial, donde el legislador Fabián Palo Oliver presentó un pedido de informes para que el MPA detalle el destino de las pruebas perdidas y las responsabilidades administrativas por semejante irregularidad. El reclamo también apunta a saber si los funcionarios judiciales actuaron con la debida diligencia o si contribuyeron, con sus omisiones, a consolidar la impunidad.
Mientras tanto, Blanca Cuatrín sigue marchando, denunciando y sosteniendo la memoria de su hija. “Florencia era una chica inquieta, solidaria, quería viajar, trabajar, vivir”, recuerda. Su historia quedó detenida por un sistema que no supo —o no quiso— protegerla. Lo último que conserva de ella es el pasaporte, entregado veinte días antes del crimen, cuando su hija soñaba con una oportunidad en el exterior.
Pero no hay exilio posible frente al dolor. Y no hay justicia en un país donde las víctimas de femicidio se acumulan en estadísticas mientras los gobiernos recortan presupuestos y cierran programas de asistencia. Bajo la administración de Javier Milei, el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y acompañar situaciones de violencia de género agrava aún más un escenario de abandono. Sin recursos, sin capacitación y sin perspectiva de género, la respuesta estatal se reduce a comunicados vacíos y gestos mediáticos.
El femicidio de Florencia Morello no es una excepción: es la norma. Un caso más en una larga cadena de violencias que revelan un patrón de impunidad estructural. Las investigaciones mal hechas, los expedientes extraviados, los archivos sin notificación, los fiscales que piden disculpas cuando ya no hay pruebas: todo eso forma parte de un engranaje que perpetúa el dolor y el silencio.
A veinte años, la palabra femicidio no puede perder su sentido político. Nombrar es denunciar: el cuerpo de Florencia fue violentado en un país donde la justicia no protege, y donde los gobiernos, en lugar de reparar, ajustan. En una Argentina empobrecida, con mujeres y diversidades cada vez más vulnerables, el abandono estatal también mata.
Hoy, cuando la fiscalía promete reabrir el caso, lo que está en juego no es solo la búsqueda del femicida, sino la dignidad institucional de un Estado que debe rendir cuentas. La historia de Florencia Morello es la historia de miles: la de las que no llegaron, la de las que fueron olvidadas, la de las que todavía esperan justicia en un país que parece haberse acostumbrado a convivir con el horror.
La impunidad no es inevitable, pero requiere decisión política. Y esa decisión, en tiempos de Milei, parece cada vez más lejana.
Santa Fe: perdieron las pruebas genéticas del femicidio de Florencia Morello y la impunidad cumple 20 años
Florencia Morello: 20 años de impunidad y una Justicia que perdió hasta las pruebas – Noticias La Insuperable
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