El juez Marcelo Aguinsky dictó prisión preventiva y embargos millonarios contra siete integrantes de una red que ingresaba dólares falsos desde Paraguay para venderlos en Recoleta. La investigación expone un circuito delictivo aceitado que se consolidó en un país donde el gobierno de Javier Milei recorta recursos, debilita organismos y deja crecer la criminalidad económica.
Durante seis meses, una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 2 detectó cómo una organización criminal, estructurada con jerarquías claras, operaba un flujo constante de dólares falsificados que se insertaban en el mercado formal. El caso revela un funcionamiento delictivo sofisticado que choca con la retórica oficial de “orden y eficiencia” mientras el Estado se retira y la economía real queda cada vez más expuesta.
La detención y el procesamiento con prisión preventiva de siete integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando e inserción de dólares falsos dejó en evidencia un problema que el gobierno de Javier Milei intenta ocultar bajo discursos de “libertad económica” y “eficiencia estatal”. Mientras la administración libertaria profundiza la desregulación, achica estructuras clave y reduce al mínimo la capacidad de fiscalización, las organizaciones delictivas aprovechan la falta de controles y se mueven con una impunidad cada vez más sofisticada. El fallo del juez Marcelo Aguinsky no sólo confirma la existencia de la banda: expone el nivel de profesionalización, logística y cobertura que alcanzó en cuestión de meses.
El caso comenzó con una denuncia anónima, casi un acto desesperado ante un Estado al que cada vez más ciudadanos sienten distante o debilitado. La alerta advertía que un argentino-paraguayo ingresaba dólares falsificados desde Paraguay para distribuirlos en Buenos Aires y otras provincias. No fue el gobierno nacional quien detectó la maniobra, ni ninguna gran estructura “modernizada” como promete Milei: fue una denuncia común que luego exigió meses de trabajo artesanal, silencioso y paciente por parte de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°2.
Con la intervención del fiscal Emilio Guerberoff y del secretario Juan Manuel De la Torre, se reconstruyó un circuito delictivo montado con precisión quirúrgica: roles marcados, jerarquías internas, logística sistematizada y operaciones repetidas para garantizar ingresos constantes. Una estructura que funcionaba, literalmente, como una empresa del crimen. Y que lo hacía aprovechando las grietas crecientes de un Estado que el gobierno de Milei decide achicar aunque eso implique renunciar a su función más básica: proteger a la ciudadanía del delito económico.
La investigación utilizó un “agente revelador”, figura prevista por ley, para simular compras que permitieran identificar a los responsables. A pesar del clima político donde se demoniza el uso de herramientas estatales de investigación —como si fueran privilegios o “gastos innecesarios”—, fue justamente esa herramienta la que permitió descifrar el engranaje criminal. Tres operaciones controladas, realizadas entre septiembre y octubre, lograron reunir pruebas decisivas: 15.000 dólares falsos adquiridos a un precio del 30% de su valor nominal. Un negocio redondo para los delincuentes, que además cobraban comisiones internas según su participación.
Los billetes fueron peritados por la División Scopometría de la PFA: tenían fallas en el soporte, inconsistencias en las impresiones y problemas en las medidas de seguridad. Incluso el Servicio Secreto estadounidense confirmó que varios números de serie coincidían con billetes falsos secuestrados en Estados Unidos durante 2025. La banda operaba con material de circulación internacional, lo que evidencia que no se trataba de improvisados, sino de una organización con acceso a proveedores específicos y con capacidad para mover grandes cantidades de dinero falso sin mayores obstáculos.
Los allanamientos simultáneos del 22 de octubre —doce en total— permitieron incautar 44.600 dólares apócrifos y 12 millones de pesos. También cayeron los integrantes claves, cada uno con funciones definidas: ingreso de billetes al país, abastecimiento, intermediación, logística técnica, contactos con compradores y manejo de la circulación en el mercado. El propio juez calificó la estructura como un verdadero “esquema operativo” preparado para integrar activos ilícitos al circuito económico formal.
Y es ahí donde la situación se vuelve aún más alarmante: la banda colocaba los billetes falsos a un precio inferior al oficial, un método que no sólo les permitía obtener liquidez inmediata sino también dispersar el origen del dinero a través de múltiples transacciones. En términos económicos, un mecanismo de lavado tan claro como efectivo. En términos políticos, un síntoma del retroceso del Estado frente a la criminalidad económica.
El mismo gobierno que habla de “libertar el mercado” y de “achicar la burocracia inútil” es el que deja crecer este tipo de organizaciones. Mientras se recortan recursos a la justicia, a las fuerzas de control y a los organismos especializados, los circuitos ilegales se modernizan y se vuelven más rentables. Es difícil no sentirse golpeado por la paradoja: se ajusta en nombre de la eficiencia, pero lo único que se vuelve más eficiente es el delito.
El fallo de Aguinsky es contundente: asociación ilícita, contrabando, falsificación de moneda y lavado de activos agravado por la ley antimafia. Embargos de 355 millones de pesos para cada procesado. Y todo en un país donde el gobierno nacional repite que la inflación “se está resolviendo” y que “la economía se está ordenando”. Sin embargo, aquí aparece lo contrario: una economía paralela que se fortalece mientras se debilitan los dispositivos estatales para frenarla.
La investigación dejó también un dato inquietante: la falta de mérito para el dueño del bar donde se realizaron varias operaciones no se debe a que no haya habido movimientos extraños, sino a que el Estado no cuenta con los elementos de prueba suficientes para vincularlo con la maniobra. Y la falta de recursos para investigar no es un accidente: es una decisión política.
En un clima oficial donde se acusa de “casta” a quienes trabajan en el Estado y se recorta sin criterio áreas sensibles, casos como este muestran lo que realmente está en juego. No es un debate ideológico abstracto. Es la diferencia entre un Estado capaz de proteger a la población de organizaciones criminales y un Estado reducido a un cascarón, incapaz de defender siquiera la estabilidad económica más básica.
Esta banda operaba tranquila, con un circuito aceitado, con dólares falsos que se movían por Recoleta como si nada. Mientras tanto, el discurso oficial continúa celebrando recortes, despidos y desregulaciones como si fueran logros. La realidad demuestra otra cosa: cuando el Estado se retira, el crimen avanza.
Fuente:
.https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/procesaron-con-prision-preventiva-a-siete-personas-por-integrar-una-organizacion-que-traia-dolares-falsos-desde-paraguay-y-los-vendia-en-bares-de-recoleta/
Deja una respuesta