Mientras Javier Milei avanza con su motosierra sobre el Estado, UPCN, el sindicato históricamente fuerte de los estatales, da una vuelta de tuerca insólita: les baja la cobertura médica a quienes decidan desafiliarse. Entre denuncias de discriminación y leyes que podrían estar siendo violadas, la decisión desnuda el ocaso de un modelo sindical acostumbrado a pactar antes que a resistir.
El sindicalismo argentino atraviesa días sombríos. Y si hay un nombre que resume mejor que nadie la parálisis y el desconcierto que lo dominan, es el de Andrés Rodríguez. Durante décadas, Rodríguez comandó la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) con la tranquilidad del dirigente que, en las buenas y en las malas, sabía negociar. En silencio, si era necesario. Pero el huracán Milei está arrasando con todo, y la estrategia del silencio empieza a costar caro. Hoy, el gremio se ve obligado a mostrar los dientes, aunque sea contra sus propios afiliados.
Porque lo que UPCN acaba de hacer es, a todas luces, brutal: decidió bajar la cobertura de la obra social a quienes decidan irse del sindicato. No hay matices ni rodeos: el mensaje es claro, casi mafioso en su lógica. “Si te vas, te va a doler.” La sangría de afiliados y el derrumbe de los ingresos atados a salarios pulverizados por paritarias firmadas por debajo de la inflación obligaron a Andrés Rodríguez a mover fichas, pero eligió el camino de mayor hostilidad contra aquellos a quienes debería defender.
La explicación es sencilla, aunque no menos perversa. En un contexto en el que el Gobierno Nacional declaró la guerra abierta a los estatales —con más de 52.000 despidos y paritarias que son una burla frente al costo de vida—, el poder de fuego del sindicato se desplomó. Los ingresos de la obra social, estrechamente ligados a los aportes salariales, se achicaron como sábana corta. Y, ante la estampida de afiliados, la UPCN optó por el garrote: planes de salud diferenciados, con mayores coseguros y acceso restringido a los sanatorios más prestigiosos, como los Anchorena, para quienes decidan no seguir dentro del gremio.
“Si desea afiliarse a UPCN y acceder al Plan Classic Más, diríjase al delegado de enlace designado en su institución”, dice el escrito de Unión Personal, casi como quien ofrece un club exclusivo. Pero la letra chica es más siniestra de lo que suena. A partir del 1° de agosto, quienes no estén afiliados pagarán más por cada consulta, estudio o tratamiento. Un costo extra que, en la Argentina de Milei, no es poca cosa.
Y aquí estalla la contradicción: los no afiliados también aportan a la obra social. Sus descuentos siguen saliendo de sus haberes, aunque hayan decidido cortar el vínculo sindical. Sin embargo, UPCN los castiga igual. Les quita parte de la cartilla, los deja afuera de centros de alta complejidad, los obliga a desembolsar más. La maniobra huele, a todas luces, a chantaje institucionalizado.
La respuesta no tardó en llegar. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que disputa la representación de los estatales, salieron a denunciar lo que consideran lisa y llanamente ilegal. Según ATE y la Junta Interna de la Superintendencia de Servicios de Salud —nada menos que el organismo de control de obras sociales y prepagas—, “una obra social no puede discriminar la cobertura médica ni la cartilla de prestadores según la afiliación sindical.” Y lo dicen con todas las letras: esta práctica viola la ley de obras sociales, la ley antidiscriminación y la mismísima Constitución Nacional.
Pero, en medio de los tecnicismos legales, asoma una verdad más incómoda: la crisis de representación que corroe a sindicatos como UPCN. Porque mientras Milei despedía a decenas de miles de estatales, Rodríguez y compañía se limitaban a firmar las paritarias que el Ejecutivo proponía, aunque fueran paritarias de hambre. El resultado está a la vista: salarios destruidos, aportes más flacos y una base sindical cada vez más enojada. ¿Cómo no se van a querer desafiliar, si sienten que los dejaron solos en la tormenta?
La estrategia de UPCN parece entonces un manotazo de ahogado, pero también una confesión. Confiesan que su fortaleza dependía más del dinero que de la confianza. Confiesan que no saben cómo retener a sus propios afiliados, salvo a fuerza de castigo y temor. Confiesan, en definitiva, que la motosierra libertaria no solo está haciendo volar cabezas en el Estado, sino también en las estructuras gremiales que durante años vivieron cómodas entre la rosca y el sillón.
Es imposible soslayar el contexto político que lo explica todo. Javier Milei prometió dinamitar el Estado y lo está cumpliendo. Y si algo ha demostrado este gobierno es que no vacila en dejar a miles en la calle y en usar la asfixia económica como arma de disciplinamiento. En ese esquema, los sindicatos aparecen como enemigos a destruir o, mejor aún, como piezas para domesticar. Y ante ese escenario, UPCN eligió el peor camino: someterse. Firmar las paritarias, mirar para otro lado mientras los telegramas de despido se multiplicaban, y ahora, descargarse contra sus propios representados.
Claro que hay que decirlo: mantener una obra social en pie cuando la recaudación se desploma no es sencillo. Nadie desconoce que las cuentas no cierran. Pero lo que resulta inaceptable es que la solución pase por dividir a los trabajadores en castas: los que se quedan y los que se van. Porque, en el fondo, lo que UPCN está defendiendo no es la salud de sus afiliados, sino la caja. Y mientras lo haga sobre los cuerpos —y los bolsillos— de los estatales, será difícil que la sangría de desafiliaciones se detenga.
La historia de UPCN, ese gremio que supo codearse con todos los gobiernos y que se ufanaba de su poder de gestión, hoy se reduce a esto: retener afiliados por miedo a perder la cobertura médica. Una postal triste de la Argentina libertaria, donde la motosierra de Milei no solo tala puestos de trabajo, sino también las certezas sobre quién defiende a quién.
Y mientras tanto, los estatales, esos mismos trabajadores que el gobierno demoniza como “la casta”, siguen pagando el precio. Porque en la guerra de Milei contra el Estado, los sindicatos deberían ser trinchera. Pero UPCN, por ahora, eligió ser portón de peaje. Y quien no paga, queda afuera.
En definitiva, lo que está en juego no es solo la legalidad de un plan de salud o el costo de un coseguro. Lo que se juega es la esencia misma del sindicalismo: defender a los trabajadores, incluso cuando soplan los peores vientos. Y si UPCN no lo entiende, Milei seguirá ganando la partida. Aunque, al final del día, todos —incluso los que hoy callan— terminarán pagando la cuenta.
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