La protesta semanal de jubilados frente al Congreso terminó nuevamente con heridos y violencia policial. Patricia Bullrich, senadora electa y ministra de Seguridad, continúa profundizando una política de represión sistemática que refleja el carácter autoritario del gobierno de Javier Milei.
Con un despliegue de 800 efectivos para contener a apenas 150 manifestantes, las fuerzas federales y porteñas utilizaron gases lacrimógenos y golpes contra adultos mayores que reclamaban por sus derechos. La represión, documentada por la Defensoría del Pueblo, se inscribe en un clima de creciente criminalización de la protesta social bajo el gobierno libertario.
Una vez más, la escena se repite como una postal de un país en retroceso: jubilados gaseados, calles valladas, uniformes por todas partes y un Congreso rodeado como si esperara una invasión. Patricia Bullrich, senadora electa y ministra de Seguridad, volvió a comandar un operativo desproporcionado y violento frente a un reclamo legítimo de los sectores más vulnerables. Ocho centenas de agentes federales y porteños fueron desplegados contra apenas ciento cincuenta manifestantes, en su mayoría adultos mayores que, como cada miércoles, se congregaron frente al Congreso para exigir una jubilación digna y el fin del ajuste.
Desde temprano, la Avenida Rivadavia entre Callao y Entre Ríos fue tomada por camionetas de Gendarmería, Prefectura Naval, la Policía Federal y la PSA. Los efectivos montaron un triple cordón de seguridad que impidió incluso el paso de periodistas y transeúntes. El Congreso quedó sitiado, rodeado de vallas metálicas y camiones hidrantes, mientras del otro lado un pequeño grupo de jubilados sostenía carteles y banderas argentinas. El contraste era brutal: una marea de uniformes armados frente a cuerpos frágiles, bastones y sillas plegables. Una imagen que resume la lógica de este gobierno: miedo, represión y desprecio por la dignidad.
El informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó lo que los videos y testigos ya habían mostrado: nueve heridos, ninguno detenido y uso indiscriminado de gas pimienta por parte de las fuerzas federales. La violencia no fue producto del caos, sino de una decisión política. Bullrich no sólo repite un esquema represivo, sino que lo institucionaliza. Su lógica de “orden” consiste en equiparar la protesta social con el delito, en criminalizar el reclamo y en naturalizar el castigo físico como respuesta estatal.
Entre los heridos estuvo Mabel Silva, una jubilada que aún sufre secuelas neurológicas por el golpe recibido semanas atrás, cuando un prefecto la atacó por la espalda. Con un brazo enyesado y problemas de equilibrio, volvió al Congreso: “Seguiré viniendo igual porque es injusto que me peguen sin haber hecho nada”, declaró. Su testimonio condensa la resistencia de un sector que, a pesar del miedo y las lesiones, sigue ocupando la calle como último espacio de dignidad. Mabel no habla sólo por ella: habla por miles de jubilados que ven cómo sus haberes se pulverizan mientras el gobierno promete más ajuste para cumplir con el Fondo Monetario Internacional.
La represión no es un hecho aislado. Es la política oficial de seguridad del gobierno de Javier Milei. Bullrich, con el aval del presidente, ha convertido el espacio público en un territorio militarizado. En cada protesta social despliega fuerzas desmesuradas, gases, motos y camiones hidrantes. La misma estrategia se repite en los conflictos docentes, en las marchas de trabajadores estatales, en las protestas universitarias. En lugar de diálogo, hay blindaje. En lugar de soluciones, castigo. Y mientras tanto, los grandes medios intentan justificarlo con titulares que hablan de “disturbios”, como si el problema fueran los jubilados y no el gobierno que los reprime.
El operativo de este miércoles fue especialmente simbólico porque coincidió con el clima de decepción posterior a las elecciones legislativas. “Me duele lo que pasó. ¿Qué nos queda? Agachar la cabeza y que le den todo a Estados Unidos, a Inglaterra, a quien sea. Ya no vamos a tener derechos”, lamentó Mabel, una frase que suena como epitafio del modelo libertario. El voto mayoritario a favor de la continuidad del ajuste fue percibido en la Plaza del Congreso como una derrota colectiva. Pero la tristeza no impidió la presencia: cada miércoles, pese a la represión, los jubilados vuelven. Porque saben que el silencio es complicidad.
Lidia Schmidt, una docente jubilada de casi 80 años, también estuvo allí. “Cierro la ventana de mi casa para no ver a los pobres”, dice, “me duele ver a la gente que sale a buscar comida al atardecer”. Su testimonio es un espejo del deterioro social: la pobreza ya no está lejos, sino a la vuelta de cada esquina. Lidia vive con su hija porque su jubilación no le alcanza. Y teme que Bullrich, con más poder, “salga con un ejército más fuerte”. En sus palabras resuena una advertencia: el miedo ya se instaló como método de gobierno.
La protesta también contó con la presencia de hinchas de Chacarita, de Banfield y agrupaciones sociales que se solidarizaron con los jubilados. “De la jubilación nadie se salva”, dijo Claudio Mariani, de la agrupación Igualar en Positivo. Su frase resume una verdad incómoda: el ajuste previsional golpea a todos, tarde o temprano. Milei pretende desmantelar el sistema público y reemplazarlo por esquemas privados, en nombre de la “libertad individual”. Pero lo que se esconde detrás de esa retórica es la entrega del ahorro social a los fondos de inversión extranjeros, los mismos que hoy aplauden la recesión y el recorte del gasto estatal.
La represión en el Congreso no sólo es un escándalo ético, sino un síntoma político. El gobierno libertario busca disciplinar por el miedo. Cada gas lanzado, cada bastonazo, es un mensaje a la sociedad: quien se queje, será castigado. En esa lógica, los jubilados se transforman en enemigos internos, los sindicatos en conspiradores y los movimientos sociales en “amenazas al orden”. La democracia se vacía de contenido cuando el derecho a la protesta se reprime sistemáticamente. Lo que se instala no es el orden, sino el autoritarismo.
El contraste entre la magnitud del operativo y la naturaleza de la protesta expone la irracionalidad del gobierno. O tal vez, su lógica más profunda. Ochocientos efectivos, entre federales y porteños, para contener a ciento cincuenta jubilados pacíficos, es más que un exceso: es un mensaje de poder. Es el intento de imponer disciplina social mediante el terror. Es la pedagogía del miedo aplicada al cuerpo de los débiles, una puesta en escena del Estado punitivo. Y detrás de esa represión hay una decisión política avalada por el presidente Milei, quien reduce toda disidencia a “parasitismo estatal”.
No hay democracia posible sin derecho a protestar. No hay república cuando las fuerzas de seguridad actúan como brazo armado del ajuste. Los gases en el Congreso, los golpes a Mabel y el miedo de Lidia son el retrato de un país donde la libertad se volvió privilegio y la justicia, un recuerdo. El gobierno de Milei habla de “orden”, pero su orden es el silencio impuesto por la fuerza. Habla de “libertad”, pero reprime a los que la ejercen. Habla de “austeridad”, pero derrocha recursos en operativos contra los más pobres. Y mientras los jubilados resisten, el poder financiero celebra.
La imagen final de la jornada fue reveladora: los gases disipándose frente al Congreso, las vallas brillando bajo los reflectores y un puñado de jubilados retirándose lentamente, tosiendo, pero de pie. No hay símbolo más fuerte que ese. Porque si algo queda claro después de cada miércoles de represión es que la dignidad, aunque herida, sigue respirando.
Fuente
Página/12 – “Gases para los jubilados en el Congreso”
https://www.pagina12.com.ar/869963-gases-para-los-jubilados-en-el-congreso
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