Otra vez Milei contra la salud pública: El conflicto en el Garrahan expone el ajuste encubierto de un modelo que amenaza con dinamitar derechos y profundizar el éxodo de profesionales

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La crisis desatada en el Hospital Garrahan, tras la decisión oficial de eliminar residencias y reemplazarlas por “becas de concurrencia”, deja al descubierto la brutalidad de las políticas de ajuste de Javier Milei. Entre comunicados oficiales, desmentidas que suenan a relato y denuncias de los trabajadores, emerge una realidad que golpea de lleno al corazón de la salud pública y anticipa un futuro desolador para el sistema sanitario argentino.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, y el Gobierno de Javier Milei parece empecinado en mantener esa venda en los ojos mientras el Hospital Garrahan se estremece con una de sus crisis más profundas. Porque, aunque desde el Ministerio de Salud y la propia administración del Garrahan se esfuercen en negar lo evidente, la eliminación de las residencias médicas no es un mero “cambio de sistema” sino una ofensiva quirúrgica contra la salud pública y, por sobre todo, contra quienes la sostienen día a día: los médicos en formación.

Es cierto que desde la gestión oficial se apuraron a sacar comunicados —como el difundido el 2 de julio por el Garrahan— para asegurar que las residencias continúan y que se “garantiza la formación de profesionales”. Pero alcanza con asomarse apenas al otro lado del mostrador para advertir que la realidad es bastante más cruda. Porque la orden emanada por el interventor designado por el gobierno libertario, Pablo Lugones, es contundente: suspender el ingreso de nuevos residentes y reemplazar ese esquema por becas de concurrencia que no implican relación laboral ni salario. Un “ahorro” fiscal, dicen puertas adentro. Un golpe artero a los trabajadores de la salud, gritan puertas afuera.

Desde hace días, las asambleas en el Garrahan se multiplican. Los pasillos, que deberían estar colmados de historias de niños luchando por vivir, son atravesados ahora por el murmullo indignado de profesionales que se sienten burlados y pisoteados. No es para menos. El sistema de residencias —el mismo que convirtió al Garrahan en referencia latinoamericana en pediatría— implica formación intensiva, tutorías, guardias pagas y la posibilidad de ingresar a planta permanente. Es, en definitiva, un pilar que asegura no sólo la capacitación de excelencia sino también retener talento en el hospital público. Dinamitarlo es invitar a los jóvenes médicos a buscar futuro en otro lado.

Las crónicas de estos días dan cuenta de la misma película: incertidumbre, bronca y una certeza que crece como un rumor sordo. “Esto es un cierre encubierto”, denuncian desde la Asociación de Profesionales. Porque la maniobra de Lugones —desmentida con torpeza por Infobae y voceros oficiales— no es aislada ni casual. Se enmarca en una lógica de recorte furioso, la misma que recayó sobre la obra pública, sobre la universidad, sobre los programas sociales. Una lógica que, a fuerza de motosierra, pretende reducir el Estado a la nada misma. Y si en esa poda caen derechos, profesionales y pacientes, parece no importarles demasiado.

No es una conjetura. Basta leer la propia letra de la disposición que ordenó el recorte: el Gobierno decidió dejar sin efecto los cupos de residencias de las especialidades básicas y reemplazarlas por concurrencias, que son puestos sin salario, sin aportes, sin ART, sin nada. Apenas una acreditación para sumar a un currículum. “Es una precarización brutal”, advierten desde el Garrahan. Porque no se trata sólo de plata. Se trata del valor simbólico y material de considerar a los residentes como trabajadores, con derechos y obligaciones, no como meros estudiantes.

El discurso oficial intenta disfrazar el desguace bajo la muletilla de “eficiencia”. Pero la eficiencia no se mide en costos fiscales sino en vidas salvadas, en niños que logran superar un trasplante, en madres que reciben contención en medio del peor momento de sus vidas. Y esa eficiencia sólo se consigue con profesionales bien formados, motivados, y con condiciones laborales dignas.

El gobierno libertario ha demostrado, sin pudor, que la salud pública no es su prioridad. En Infonews, la denuncia es directa: otro ataque de Javier Milei al Garrahan. Porque no es la primera vez que el hospital entra en el radar libertario. Ya hubo amenazas de privatización, recortes en insumos y deudas en pagos a proveedores. El Garrahan, símbolo de excelencia y orgullo del sistema público, se ha convertido en blanco predilecto de quienes sueñan con “reducir el Estado a su mínima expresión”.

Sin embargo, el Gobierno se escuda en el relato. En Infobae, funcionarios y voceros oficiales se deshacen en desmentidas. Aseguran que las residencias siguen y que no habrá cierres. Pero el comunicado del propio hospital, en su web oficial, es ambiguo: habla de “adecuaciones” y “nuevos modelos de formación”. Una prosa burocrática que huele a ajuste. Y mientras los funcionarios juegan al lenguaje, la realidad estalla en la cara de los trabajadores, que se enteran de los cambios de un día para el otro, sin información clara, sin negociación ni diálogo.

¿Es realmente sustentable un sistema de salud que expulsa a sus profesionales más jóvenes? Difícil creerlo. Porque si algo hizo grande al Garrahan fue su escuela de formación, su semillero de pediatras, cirujanos, anestesistas y profesionales que eligieron quedarse en el país, incluso cuando los tentaban sueldos infinitamente mejores en el exterior. Cortar las residencias es ponerle fecha de vencimiento a ese semillero. Y, con él, al futuro de la salud pública.

Por supuesto, el conflicto es más profundo que un simple ajuste presupuestario. Se trata de una concepción política. Para Milei y sus funcionarios, todo gasto estatal es sospechoso. Todo derecho conquistado, un privilegio a recortar. La salud se convierte así en un número en la planilla de Excel. Y lo que se esfuma detrás de esa planilla es el rostro de cientos de chicos que, sin un Garrahan fuerte, quedarían a merced de un sistema privado que no siempre está dispuesto a atenderlos.

Así las cosas, la crisis en el Garrahan no es un episodio aislado. Es apenas la punta del iceberg de un modelo que amenaza con demoler la salud pública, al igual que la ciencia, la educación y la cultura. Lo que ocurre hoy en el hospital pediátrico es la postal anticipada de un país que puede quedarse sin médicos en los hospitales, sin docentes en las aulas, sin investigadores en los laboratorios.

Pero aún en medio de la tormenta, los profesionales del Garrahan resisten. Con asambleas, con comunicados, con la voz firme de quienes no están dispuestos a resignar años de conquistas. Porque no hay Excel que mida la angustia de un padre en una sala de terapia intensiva. Ni hay “eficiencia” que justifique condenar a un hospital a quedarse sin su semillero de médicos.

El gobierno de Javier Milei podrá insistir con su relato. Podrá firmar desmentidas y repetir hasta el cansancio que “las residencias siguen”. Pero los hechos, tozudos como siempre, dicen otra cosa. Y esa otra cosa es la evidencia de que, bajo el ropaje de la modernización y la eficiencia, lo que se está jugando es nada menos que el futuro de la salud pública en la Argentina.

Fuentes: