La empresa Newsan-Siam despidió a 45 trabajadores y mantiene suspendida a la mitad de su personal en Buenos Aires mientras argumenta una crisis que los propios datos financieros desmienten. En un contexto marcado por el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, los despidos y suspensiones en Newsan exponen una dinámica empresarial que combina especulación, disciplinamiento laboral y un Estado que mira para otro lado.
Los despidos nunca llegan solos. Siempre vienen acompañados de un relato que intenta justificarlos, de un clima de miedo que se instala en las plantas y de un silencio oficial que, cuando no avala, legitima. El conflicto que atraviesa la empresa multisectorial Newsan-Siam en sus plantas de la provincia de Buenos Aires condensa todos esos elementos y se convierte, por estas horas, en una postal anticipada del modelo laboral que el gobierno de Javier Milei busca consolidar.
La empresa avanzó con el despido de 45 trabajadores y mantiene suspendidos a otros 70, lo que equivale a cerca de la mitad del personal permanente de sus plantas de Monte Chingolo y Avellaneda. El argumento empresarial es una supuesta caída en las ventas y un exceso de stock, especialmente de motos, que según la compañía alcanzaría para cubrir seis meses sin producción. Sin embargo, detrás de esa explicación formal aparece una trama más compleja, marcada por la precarización contractual, la especulación empresaria y el oportunismo político.
Los despidos se concretaron bajo la modalidad de finalización de contratos a plazo fijo. Una figura legal que, en los hechos, funciona como una coartada. Los trabajadores afectados tienen un año o más de antigüedad y sostienen que, por el tiempo trabajado y las tareas realizadas, ya deberían haber pasado a planta permanente. Por eso no dudan en calificar lo ocurrido como lo que realmente es: despidos encubiertos. No hubo reestructuración transparente ni negociación previa, sino la utilización fría de una herramienta contractual para vaciar puestos de trabajo sin asumir el costo político y económico de una desvinculación directa.
La situación no es nueva ni repentina. El conflicto se arrastra desde octubre del año pasado, cuando comenzaron las suspensiones rotativas de una semana por mes. Una metodología conocida en el mundo laboral, que sirve para desgastar, fragmentar y acostumbrar a los trabajadores a un estado de incertidumbre permanente. Tras el receso de vacaciones de enero, la situación dio un salto cualitativo: varios empleados denunciaron que, al intentar retomar sus tareas, directamente no se les permitió el ingreso a las plantas. El mensaje fue claro y brutal. No hacía falta una carta documento para entenderlo.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica de Avellaneda se alcanzó un acuerdo transitorio con la empresa para sostener los puestos de trabajo durante febrero. Ese acuerdo, sin embargo, funciona más como una tregua frágil que como una solución de fondo. Marzo aparece en el horizonte como una amenaza concreta. Los directivos de Siam ya dejaron trascender que podrían avanzar con nuevas desvinculaciones una vez vencido ese período de resguardo. El futuro inmediato, para decenas de familias, es un signo de pregunta angustiante.
Lo que vuelve particularmente grave este caso es la distancia entre el relato empresarial y la realidad financiera de la compañía. Un informe de la agencia Moody’s Local, publicado en septiembre de 2025, destacó que Newsan presenta una posición competitiva sólida en el mercado argentino y bajos niveles de endeudamiento, tanto en el corto como en el largo plazo. No se trata de una empresa al borde del colapso ni de una firma ahogada por las deudas. Muy por el contrario, los datos disponibles indican estabilidad y capacidad de maniobra. En ese marco, la apelación a una crisis suena más a excusa que a diagnóstico.
Esa contradicción alimenta la sospecha de los trabajadores, que ven en estos despidos una maniobra especulativa estrechamente ligada al clima político y al debate parlamentario sobre la reforma laboral. La expectativa de un marco normativo más flexible, con menos costos para despedir y menos herramientas de defensa sindical, actúa como incentivo para avanzar ahora, marcar territorio y disciplinar. No es una lectura ideológica, es una lógica empresaria conocida, repetida y documentada a lo largo de la historia argentina.
El impacto social del conflicto va mucho más allá de los números. Entre los trabajadores afectados hay personas con problemas de salud derivados de años de tareas metalúrgicas, familias con hijos a cargo y situaciones especialmente sensibles, como tratamientos médicos de hijos con discapacidades que dependen directamente de la obra social vinculada al empleo. La pérdida del trabajo no es solo la pérdida de un salario. Es la caída abrupta de un sistema de protección mínima, en un país donde el Estado nacional decidió correrse deliberadamente de ese rol.
El temor a quedar fuera del mercado laboral se potencia en un contexto económico recesivo, con caída del consumo y un discurso oficial que celebra el ajuste como virtud. Para muchos de estos trabajadores, volver a insertarse no es una opción inmediata ni sencilla. La edad, la especialización y las condiciones físicas juegan en contra. El despido no es un punto y aparte, es un empujón al vacío.
De los aproximadamente 150 trabajadores permanentes que se desempeñan en las dos plantas de Newsan-Siam, cerca de la mitad permanece suspendida sin fecha de reincorporación. Ese limbo laboral funciona como una forma de extorsión silenciosa. No hay despido formal, pero tampoco hay trabajo, ni certeza, ni horizonte. Solo la espera, el rumor y el miedo. Un clima que se agrava cuando desde el Gobierno nacional no llega ninguna señal de protección, ni de mediación, ni siquiera de preocupación.
El caso Newsan no es una excepción aislada. Se inscribe en una secuencia de despidos, cierres y suspensiones que atraviesa al sector industrial y que encuentra en la política económica del gobierno de Javier Milei un terreno fértil. Apertura importadora, caída del mercado interno, reforma laboral en debate y un discurso que demoniza derechos conquistados durante décadas. La combinación es explosiva y los resultados empiezan a verse en las plantas, no en los powerpoints oficiales.
Mientras el Gobierno promete un futuro de eficiencia y competitividad, en el presente lo que se multiplica es la precariedad. Las empresas avanzan, los trabajadores retroceden y el Estado observa desde la tribuna, cuando no aplaude. En ese escenario, cada despido no es solo una decisión privada, es un acto político. Newsan lo sabe. Los trabajadores también.
El conflicto sigue abierto. Febrero es apenas una pausa. Marzo asoma como una prueba de fuerza. Lo que está en juego no es solo el destino de 45 despidos y 70 suspensiones, sino el mensaje que se envía al conjunto del mundo laboral. Si este es el modelo que se pretende consolidar, conviene decirlo sin eufemismos. Porque cuando el ajuste baja a la línea de producción, ya no hay relato que alcance.
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