El rechazo de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario desata un conflicto en las universidades públicas, donde estudiantes, docentes y autoridades alertan que la falta de recursos y la caída de salarios comprometen el funcionamiento y el futuro de la educación superior.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se encuentra en un estado crítico. La decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario encendió una ola de protestas que ya se extiende más allá de la Ciudad de Buenos Aires. En la noche del jueves, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, conocida como «Puán», iniciaron una toma que continuará al menos hasta la mañana del viernes. La medida, denominada “vigilia”, es el primer paso de un plan de lucha que incluye la coordinación con jubilados, el Hospital Garrahan y movilizaciones al Congreso el 17 de septiembre.
Luca Bonfante, dirigente del PTS y referente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL), denunció que esta es una pelea directa contra un gobierno que pretende imponer un ajuste sin precedentes: “Le exigimos a la CGT un paro general contra los vetos y todo el plan de Milei”. Desde el CEFYL subrayaron que la ley no constituye un privilegio, sino una garantía mínima para que las universidades funcionen. “Lejos de ser un gasto, la inversión en la universidad pública es una apuesta al futuro productivo, científico y cultural, y un motor irremplazable de movilidad social”, afirmaron.
El veto presidencial no solo afectó a la UBA. En Córdoba, General Roca y otras provincias, estudiantes realizaron clases abiertas y protestas en defensa del financiamiento universitario. La respuesta de los sindicatos docentes fue inmediata: convocaron un paro de 24 horas que incluirá una marcha desde el Congreso hacia Plaza de Mayo junto con trabajadores del Hospital Garrahan, exigiendo la derogación del veto y la actualización de los salarios.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió que la universidad comenzará un plan de restricción de gastos operativos. “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, la UBA va a funcionar en un estado crítico. Si seguimos en este camino, no hay futuro para la universidad, no hay futuro para nuestro país”, sostuvo Gelpi, acompañado por autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La situación refleja la gravedad de un ajuste que impacta directamente en la educación superior, amenaza la carrera docente y debilita la investigación científica, elementos esenciales para el desarrollo nacional.
La tensión es palpable: estudiantes y docentes insisten en que los legisladores deben elegir entre alinearse con Milei o defender la universidad pública que pertenece a toda la sociedad. La tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para el 17 de septiembre, pretende visibilizar la resistencia a una política que prioriza el dogma ideológico sobre la educación y el futuro de miles de jóvenes. Este veto no es un simple acto administrativo: es un ataque directo a la posibilidad de que la universidad pública cumpla su rol histórico como espacio de inclusión social, pensamiento crítico y producción de conocimiento.
En este contexto, queda claro que el ajuste de Milei no es abstracto: tiene consecuencias concretas y visibles en las aulas, en los laboratorios, en la carrera de los docentes y en la vida de los estudiantes. La defensa de la educación pública se convirtió en un acto de resistencia ante un gobierno que subordina el futuro académico al recorte presupuestario y a una visión excluyente de la sociedad. La UBA, y con ella todo el sistema universitario nacional, advierte que el riesgo es real: si la medida no se revierte, el daño podría ser irreversible.
Fuente:
Deja una respuesta