Nicole Verón, la oficial de la Policía de la Ciudad que se volvió viral por sus videos en TikTok e Instagram, reapareció en redes sociales después de semanas de silencio obligado. Suspendida por publicar contenido erótico —no pornográfico— utilizando su uniforme, la joven policía finalmente rompió la cautela y apuntó directamente contra la institución en la que trabaja. Lo hizo sin eufemismos, sin maquillaje discursivo y con una pregunta que resuena incómoda en un cuerpo policial acostumbrado a la impunidad selectiva: “¿Cuál es la vara que usan para juzgarme? ¿Por qué a mí sí y a otros no?”
Porque lo de Verón no es solo un caso disciplinario. Es una radiografía en tiempo real del doble estándar con el que la Policía de la Ciudad sanciona a sus agentes. Por un lado, la exhibición pública de una mujer joven en redes sociales —algo que podría debatirse en términos de ética profesional o uso del uniforme— se convierte en motivo de escarnio mediático, suspensión inmediata y persecución judicial. Por el otro, los casos estructurales de corrupción, coimas, abuso de recursos estatales, hostigamiento laboral y prácticas extorsivas dentro de la fuerza se diluyen en la nada: se cajonean, se ralentizan o se tapan entre jefes, fiscales amigos y un sistema disciplinario que funciona como mecanismo de autoprotección corporativa.
En el centro de la denuncia pública de Verón aparece un caso que la propia fuerza intentó mantener fuera de agenda: el escándalo en la División K9, donde —según consta en una causa judicial— oficiales utilizaban instalaciones, autos, perros entrenados y recursos pagados por el Estado para dar clases particulares cobradas en efectivo. No sólo eso: también se investigan pedidos de coimas y pagos para acceder a entrenamientos y certificaciones internas. Sin embargo, como señala Verón, aquellos protagonistas de maniobras concretas, tipificables y probadas dentro de un expediente judicial siguen trabajando sin mayores sobresaltos. Sin sanciones. Sin suspensión. Sin que la fiscalía especializada mueva un dedo.
Ella, en cambio, fue apartada de sus funciones por filmarse con su uniforme. “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad así como de la justicia, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno. Mientras los poderosos siguen tranquilos y la fiscalía mira para otro lado”, escribió en una historia que se propagó rápidamente por redes. Su mensaje expone lo que muchos agentes callan: adentro de la fuerza, la vara disciplinaria es política, selectiva, misógina y revanchista.
En otro tramo de su descargo, Verón se pregunta si la sanción existe porque es mujer, porque no tiene cargo jerárquico o porque se atrevió a denunciar las conductas inapropiadas de superiores que —según afirma— le pedían “tener relación a cambio de dinero”. Es decir: un intento de coacción sexual dentro de la institución. Esa parte, la más grave, es la que la Policía buscó minimizar. Porque tocar esa tecla implica admitir que la violencia machista y el abuso de poder no son casos aislados sino prácticas arraigadas, funcionales y cubiertas por la cadena de mando.
El caso de Nicole Verón ya trasciende su perfil de tiktoker, su estética de redes y su presencia mediática. Lo que expone es el corazón de una fuerza que, en pleno gobierno de Javier Milei y en sintonía con la mano dura de Patricia Bullrich, opera bajo un esquema donde la disciplina interna funciona más como arma política que como herramienta institucional. Se castiga al débil, a la mujer, a la que se expone, a la que “rompe códigos”. Se protege al que maneja caja, favores, contactos y silencios.
El aparato de control interno de la Policía de la Ciudad vuelve a mostrar su lógica de siempre: el verdugo elegido es quien más fácil se puede reemplazar. Así, una agente que filma videos se transforma en enemigo público, mientras que los responsables de desviar recursos estatales, cobrar coimas y manipular espacios de formación policial siguen operando como si nada.
Nicole Verón golpeó donde más duele: en la hipocresía institucional. Por eso la persiguen. Y por eso su caso ya no es solo un conflicto laboral, sino un síntoma del modo en que la fuerza se disciplinó hacia adentro: tolerancia cero para quien cuestiona; impunidad infinita para quien pertenece al círculo de protección.
Su mensaje final —“¿Cuál es la vara?”— resume la discusión que la Policía de la Ciudad y la Justicia porteña no quieren tener. La vara es el poder. La vara es el silencio. La vara es el género, la subordinación y la posibilidad de disciplinar con rapidez a quien no tiene espalda política. La vara, en definitiva, es la manera en que el Estado porteño decide qué escándalos investiga y cuáles prefiere ocultar bajo la alfombra.
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