La diputada Gabriela Estévez presentó un pedido de informes exigiendo explicaciones al Poder Ejecutivo sobre el uso de fondos públicos, personal de seguridad y logística estatal en el viaje de Javier Milei a Córdoba para participar del evento denominado “Derecha Fest”. Las preguntas son muchas, las respuestas, ninguna. El silencio oficial se vuelve ensordecedor.
La narrativa de Javier Milei ha sido, desde sus inicios, una promesa de ruptura con “la casta”, de recorte brutal del gasto público y de supuesta transparencia institucional. Sin embargo, cada nuevo episodio de su gestión parece contradecir esos pilares. El último de ellos, el viaje presidencial a la provincia de Córdoba para participar del evento “Derecha Fest”, ha encendido las alarmas dentro del Congreso. La diputada nacional Gabriela Estévez, del Frente de Todos, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional que expone una vez más las profundas contradicciones del discurso libertario frente a sus actos de gobierno.
El documento, registrado bajo el número 4033-D-2025, plantea con claridad las preocupaciones sobre los fondos estatales empleados para un evento que dista mucho de ser de interés institucional. ¿Se trató de un acto oficial o de un show político partidario disfrazado de compromiso institucional? Esa es la pregunta central que surge, y cuya respuesta se esconde detrás del muro de opacidad que caracteriza a la gestión libertaria.
Estévez solicita al Ejecutivo que detalle con precisión los costos que implicó el viaje del presidente a Córdoba, incluyendo el uso de la flota presidencial, el despliegue de personal de seguridad, el acompañamiento de funcionarios y los gastos operativos en general. El evento, calificado en redes sociales como “Derecha Fest”, fue organizado por grupos ultraconservadores, alineados con la agenda ideológica más dura del oficialismo, pero sin ninguna relación institucional evidente que justifique la participación de la máxima autoridad del país en carácter de presidente de la Nación.
La diputada también exige conocer si se utilizó algún tipo de recurso humano o logístico perteneciente a la Casa Militar, si participaron organismos de inteligencia, y si se realizó algún tipo de operativo de seguridad coordinado con fuerzas provinciales o nacionales. La falta de transparencia en torno a estas cuestiones no solo es preocupante desde el punto de vista ético, sino que plantea serios interrogantes sobre la legalidad del uso de recursos públicos para eventos con un claro sesgo ideológico y proselitista.
No es la primera vez que la figura presidencial se desliza peligrosamente hacia el uso faccioso del aparato estatal. La participación de Milei en un evento con características de mitin político, acompañado por referentes de la ultraderecha local e internacional, contrasta con su reiterado discurso contra “el gasto innecesario” del Estado. Resulta indignante observar cómo, mientras se recortan subsidios, se vacían políticas públicas esenciales y se despliega un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables, el presidente no tiene reparos en utilizar la estructura del Estado para fines personales o partidarios.
El pedido de informes de Estévez apunta también a establecer si la Presidencia brindó cobertura institucional o si se limitó a una participación personal del mandatario. La diferencia no es menor: si fue en calidad de presidente, corresponde rendir cuentas al pueblo argentino sobre los recursos empleados; si fue en carácter de ciudadano, entonces surge un problema aún más grave, pues habría utilizado bienes y personal del Estado para fines ajenos a su función pública.
La diputada cordobesa interpela al gobierno con una serie de preguntas concretas, cuya ausencia de respuesta solo agrava la sensación de arbitrariedad con la que se conduce esta gestión. ¿Cuántas personas integraron la comitiva presidencial? ¿Qué funcionarios asistieron? ¿Se registraron gastos en alojamiento, movilidad, alimentación u otros servicios? ¿Hubo transmisión oficial del acto? ¿Se aplicó algún criterio institucional para justificar la participación del presidente?
Cada uno de estos interrogantes apunta a desnudar lo que ya se intuye: una utilización personalista y partidaria del cargo presidencial, bajo una lógica de impunidad institucional. Resulta difícil no recordar las críticas encendidas que Milei dirigía a sus antecesores por mucho menos. Hoy, sentado en el sillón de Rivadavia, parece haber olvidado todas sus promesas.
Lo que sucede con el “Derecha Fest” no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que se consolida: la disolución de la frontera entre el Estado y el espacio político libertario. Las cuentas no cierran, pero no porque falte plata, sino porque sobran privilegios en la cima del poder. Las mismas manos que recortan presupuestos universitarios y eliminan programas sociales no tiemblan a la hora de financiar despliegues presidenciales para encuentros de nicho ideológico.
La gravedad del asunto se potencia si se considera el contexto nacional. Mientras la pobreza se dispara, el desempleo se extiende y la inflación licúa salarios, el jefe de Estado elige subirse a un avión oficial y participar de un festival que ni siquiera disimula su carácter sectario. No hay gesto más alejado de la república que esta actitud, ni mayor desprecio hacia la ciudadanía que el uso del Estado como vehículo de autopromoción.
Y por si quedaran dudas sobre la intencionalidad del acto, basta observar la naturaleza del evento. “Derecha Fest” no fue una cumbre institucional, ni una reunión con actores de gobierno, ni un espacio de diálogo federal. Fue un show ideológico montado para reforzar la identidad política del oficialismo y agitar las banderas del conservadurismo extremo. En otras palabras: fue propaganda, no gestión.
El gobierno de Javier Milei debe responder. Debe explicar por qué, en medio de un ajuste sin precedentes, el presidente gasta recursos públicos para acudir a eventos que nada tienen que ver con el bienestar del pueblo. Debe rendir cuentas sobre cada peso invertido, cada móvil desplegado, cada funcionario involucrado. Y si no puede hacerlo, entonces debe asumir que no gobierna para todos, sino solo para su círculo.
El silencio ya no alcanza. La ciudadanía merece saber en qué se gasta su dinero y por qué. La transparencia no es un slogan de campaña, sino una obligación constitucional. Mientras tanto, la imagen de Milei en Córdoba, rodeado de su tribuna fiel, bailando sobre las cenizas del Estado, no deja de ser un símbolo feroz del rumbo que ha tomado la Argentina.
Fuente:
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4033-D-2025.pdf
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