En medio de un brutal ajuste que atenta contra el desarrollo científico y tecnológico nacional, un proyecto de ley busca restituir el derecho a la conectividad de millones de argentinos y proteger el rol estratégico de la tecnología satelital estatal. ¿Qué hay detrás del vaciamiento de ARSAT? ¿Y por qué Elon Musk aparece en escena?
El acceso a internet no es un lujo, ni una extravagancia, ni una ocurrencia moderna. Es, en pleno siglo XXI, un derecho humano fundamental que garantiza la participación ciudadana, la igualdad de oportunidades y la integración nacional. Y, sin embargo, en la Argentina de Javier Milei, este derecho se encuentra hoy bajo ataque.
El 10 de diciembre de 2023 marcó no sólo el inicio de un nuevo gobierno, sino el comienzo de una política sistemática de abandono estatal hacia las provincias más australes del país. El ajuste no cayó sobre los supuestos “privilegios de la casta” que tanto pregonaba el Presidente, sino sobre sectores estratégicos como la ciencia, la tecnología y la conectividad. Entre los principales damnificados, se encuentra el corazón del desarrollo digital argentino: la empresa estatal ARSAT.
En respuesta a esta situación alarmante, un conjunto de legisladores —Martín Soria, Pablo Todero, Carolina Yutrovic, Jorge Romero, Ana Ianni, Carlos Castagneto, Micaela Morán, Hilda Aguirre, Blanca Osuna, Jorge Neri Araujo Hernández, Roxana Monzón, Andrea Freites y Lorena Pokoik— presentó un proyecto de ley que busca revertir el vaciamiento: la creación del Programa Nacional de Conectividad. No se trata de una iniciativa más, sino de una defensa frontal y contundente de la soberanía tecnológica, la equidad territorial y el acceso universal a internet.
El proyecto propone garantizar la conectividad satelital en localidades de Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, La Pampa y Santa Cruz, mediante el despliegue de servicios de internet de banda ancha provistos por ARSAT, acceso a fibra óptica y la entrega de bienes tecnológicos. Todo bajo una lógica de planificación federal, priorizando a quienes más lo necesitan y reconociendo explícitamente la condición geográfica adversa de muchas de estas zonas.
Pero lo que parece una política razonable y urgente, se encuentra hoy amenazada por una lógica de ajuste que raya lo criminal. Las cifras son elocuentes: entre 2023 y 2025, ARSAT perdió un 25% de su planta de trabajadores, en gran parte por el congelamiento salarial que generó una pérdida del 294% del poder adquisitivo en comparación con el IPC. Los proyectos en curso, desde el despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica hasta la construcción del satélite ARSAT-SG1, se encuentran paralizados o directamente abandonados. Y no por falta de recursos, sino por decisión política.
Porque lo más grave es eso: hay financiamiento disponible. Existen fondos internacionales ya aprobados para construir el ARSAT-SG1. Pero el Banco Central, bajo la órbita del gobierno nacional, niega el acceso a dólares para pagar a proveedores. El resultado: atraso, frustración y el desarme de un proyecto que podría conectar a más de 2 millones de hogares rurales.
Mientras se desguaza a ARSAT, una figura aparece en escena con sospechosa naturalidad: Elon Musk. Su empresa Starlink ya comenzó a operar en parajes patagónicos, desplazando de hecho a la compañía estatal. ¿Cómo se explica que un empresario extranjero desembarque con velocidad y sin trabas mientras la empresa nacional se asfixia? ¿Es una coincidencia o parte de una estrategia de privatización encubierta y entrega del mercado?
El daño es profundo. No sólo se trata de cortar el acceso a internet en zonas rurales, sino de condenar a comunidades enteras al aislamiento. La conectividad satelital no es opcional en la Patagonia: es la única alternativa viable. Desde la telemedicina hasta la educación remota, desde la prevención de incendios forestales hasta la investigación en bases antárticas, todo depende de una infraestructura que Milei prefiere desmantelar.
En este contexto, el proyecto de ley no sólo propone restituir lo perdido, sino avanzar hacia un modelo de desarrollo integral. Prevé financiamiento para municipios, bonificaciones por cuatro años en zonas desfavorables, entrega de equipamiento tecnológico nacional y actualización bimestral del presupuesto según el índice de precios al consumidor. Todo con control parlamentario y rendición de cuentas.
No es casualidad que el proyecto surja de legisladores profundamente arraigados en la defensa de los intereses nacionales y el federalismo. Frente a la avanzada libertaria que niega el rol del Estado, este grupo propone una política pública concreta, sustentada en leyes vigentes como la 27.208 —que reconoce al desarrollo satelital como política de Estado— y pensada para achicar brechas, no para profundizarlas.
Los autores del proyecto recuerdan con claridad que fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner cuando Argentina se convirtió en uno de los pocos países capaces de construir y operar satélites geoestacionarios. El lanzamiento del ARSAT-1 no fue una foto ni un capricho ideológico, sino una apuesta de largo plazo por la soberanía y la inclusión digital. Hoy, ese legado se encuentra en riesgo.
Porque detrás del discurso del “gasto público ineficiente” se esconde otra verdad: ARSAT fue superavitaria en 2024, con ganancias por $22.500 millones en los primeros nueve meses del año. Es decir, no sólo no genera pérdidas, sino que es rentable, eficiente y estratégica. Entonces, ¿por qué Milei decide destruirla?
La respuesta es dolorosa pero evidente: porque su modelo de país excluye al Estado como garante de derechos. Porque su visión ultra liberal prefiere dejar el mercado en manos extranjeras. Porque cree, erróneamente, que la tecnología puede ser una mercancía más, cuando en realidad es una herramienta de integración social, territorial y cultural.
Este ataque no es técnico ni económico: es ideológico. Es una renuncia deliberada a la soberanía. Es una apuesta por la dependencia, por la exclusión y por la concentración. Y como toda renuncia a lo colectivo, se disfraza con discursos de eficiencia, cuando en realidad lo que se busca es debilitar lo público y abrirle paso a los negocios privados.
Por todo esto, resulta urgente aprobar este proyecto de ley. No sólo para restituir la conectividad en zonas postergadas, sino para enviar un mensaje claro: el desarrollo científico no se negocia. La soberanía no se ajusta. Y los derechos, cuando se recortan, se defienden.
La desconexión planificada que propone Milei no es metafórica. Es literal. Es una línea de quiebre entre dos modelos de país. De un lado, la ciencia, el federalismo y la inclusión. Del otro, la motosierra, la entrega y el negocio. Y como sociedad, tenemos la responsabilidad de decidir de qué lado queremos estar.
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