La reestructuración de Granja Tres Arroyos avanza con despidos encubiertos, pagos fraccionados y traslados forzados que golpean a miles de trabajadores, en un escenario avalado por las políticas de crisis del Gobierno nacional.
El cierre del Frigorífico Súper y la concentración de operaciones en la Planta La China reactivan el temor a una ola de despidos en la principal empresa avícola del país. Mientras la compañía utiliza el Procedimiento Preventivo de Crisis para recortar salarios y reducir personal, los gremios advierten que el Gobierno de Javier Milei habilita un esquema que prioriza la rentabilidad empresaria por encima de la estabilidad laboral y del sostenimiento productivo de un sector clave.
El cierre del Frigorífico Súper no es un episodio aislado ni un movimiento técnico dentro de un plan corporativo frío, sino un síntoma más de la fragilidad que atraviesa a la industria avícola argentina desde que el Gobierno de Javier Milei instaló un modelo económico donde los trabajadores son el primer costo a recortar y donde la palabra “crisis” sirve como llave para flexibilizar, ajustar y desarmar derechos. Lo que ocurre en Granja Tres Arroyos, la gigante avícola que produce uno de cada cinco pollos del país, exhibe crudamente la profundidad de un derrumbe que se acelera día tras día.
La confirmación del cierre del Frigorífico Súper —una planta estratégica integrada al ecosistema de GTA— llegó esta semana desde fuentes sindicales. El anuncio rebotó inmediatamente en los pasillos de Entre Ríos, donde cientos de trabajadores comenzaron a preguntarse cuánto durará su puesto y qué nuevas condiciones les impondrán. Porque no se trata solo de un cierre: es un reacomodamiento forzado que empuja a los empleados hacia la Planta La China, un establecimiento que ya viene operando al límite, con sobrecargas, tensiones internas y la sombra permanente de los pagos en cuotas que han erosionado brutalmente el poder adquisitivo.
El Ejecutivo nacional, lejos de intervenir para frenar la sangría laboral en un sector que genera miles de empleos y más de mil millones de dólares en exportaciones, autorizó a fines de 2024 el Procedimiento Preventivo de Crisis que habilitó a Granja Tres Arroyos a despedir personal, recortar salarios y eliminar adicionales de hasta el 21% en nombre de una supuesta “fuerza mayor”. El problema, como vienen señalando gremios y trabajadores, es que esa fuerza mayor no aparece por ningún lado cuando se revisan las maniobras empresariales, las derivaciones de producción o los desvíos hacia plantas en otras provincias que contradicen el relato de la “insostenibilidad”.
El secretario general del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, anticipó que en las próximas horas se notificará a los empleados sobre los traslados. La incertidumbre es total. No se sabe cuántos realmente serán reubicados, cuántos quedarán en el camino y cuántos sufrirán, otra vez, el goteo humillante del salario fraccionado. Los trabajadores no solo enfrentan un desplazamiento geográfico que les aumentará costos de transporte, sino también la incorporación a un espacio laboral donde la crisis dejó de ser una amenaza futura y pasó a ser una rutina diaria.
Lo más grave es que el Gobierno nacional observa todo esto desde la vereda de enfrente, como si fuera un problema ajeno. Lo cierto es que la caída del consumo interno —producto del ajuste feroz, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida— impactó directamente en uno de los alimentos más accesibles para los argentinos: el pollo. El derrumbe en las ventas internas, combinado con la pérdida del mercado chino tras la influenza aviar y con un dólar exportador que no favorece la competitividad, generó un combo explosivo que, bajo una administración comprometida con la producción nacional, requeriría medidas de sostenimiento, alivio y financiamiento. Nada de eso ocurre con Milei.
En su lugar, el Gobierno se dedicó a flexibilizar los mecanismos que permiten a las empresas desligarse de su responsabilidad social, despedir sin indemnizaciones completas, fraccionar aguinaldos, recortar adicionales y tercerizar tareas. En diciembre de 2024, cuando Granja Tres Arroyos presentó su PPC, ya estaba claro que se trataba de una estrategia empresaria para reducir costos a costa de los trabajadores. Los reclamos sindicales lo advirtieron desde el comienzo: no había una crisis estructural que justificara semejante desmonte laboral, sino una oportunidad para ajustar.
La empresa, que emplea a unas 7.000 personas en Argentina y Uruguay y procesa alrededor de 700.000 pollos por día, sostiene un volumen de facturación anual de 1.300 millones de dólares, de los cuales un cuarto proviene de exportaciones a 67 países. No es una pyme quebrada ni una firma marginal. Es una de las tres principales jugadoras del sector avícola a nivel regional. Que una compañía de ese tamaño decida pagar sueldos en cuatro cuotas, despedir 700 personas, reducir adicionales y paralizar faenas enteras —como ocurrió en febrero de 2025 en la Planta La China— solo es posible en un país donde el Gobierno habilita ese camino como política de Estado.
A lo largo de 2025, la situación no hizo más que empeorar. Agosto llegó con 80 puestos suprimidos sin indemnización completa, septiembre con paros en Pilar por aguinaldos fraccionados en cuatro partes y octubre con la amenaza concreta del cierre total de plantas que ponen en riesgo entre 300 y 400 empleos. La bronca en la base obrera se multiplicó y derivó en protestas masivas con más de 1.000 trabajadores bloqueando accesos, acompañados por la CGT local y organizaciones sociales. El testimonio de referentes gremiales como Miguel Klenner, que denuncian “mano de obra esclavizada con sueldos inferiores y tercerizaciones ilegales”, grafica la gravedad de un modelo que precariza al límite para sostener rentas privadas.
La reubicación del personal de Frigorífico Súper hacia La China ocurre en medio de este torbellino. No hay garantías de continuidad, no hay certeza salarial y no hay señales de un Estado que vaya a intervenir para evitar que un conflicto mayor se desate. La caída del mercado interno y la volatilidad exportadora requieren políticas públicas, no ajustes automáticos. Sin energía subsidiada, sin estímulos a la producción, sin dólares competitivos, sin alivio financiero y sin un plan preventivo de acompañamiento a sectores críticos, el panorama para 2026 es inquietante. CAPIA ya proyecta cierres generalizados en toda la cadena avícola si la situación no cambia.
Hoy, el cierre del Frigorífico Súper expone la punta del iceberg. Los trabajadores, muchos con décadas de antigüedad, están atrapados en un limbo donde el salario no alcanza, la estabilidad se escurre entre los dedos y las decisiones empresarias —liberadas por un Gobierno obsesionado con la desregulación— se imponen sin discusión. Las plantas operan a media máquina, los sueldos llegan fragmentados y las horas extras, que eran un sostén vital para miles de familias, comienzan a desaparecer.
La pregunta de fondo es simple y urgente: ¿cuánto más puede soportar un sector estratégico antes de colapsar? El modelo de Milei, centrado en la idea de que el mercado resolverá todo, se estrella de frente contra la realidad de miles de trabajadores que ven cómo sus derechos se achican mientras las ganancias se protegen. Lo que ocurre en Granja Tres Arroyos no es casualidad: es consecuencia.
Fuente
.https://masp.lmneuquen.com/ganaderia/cierre-del-frigorifico-super-afectara-la-estabilidad-laboral-granja-tres-arroyos-n1217125/amp
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