Una imagen vale más que mil palabras, y la que circuló recientemente en redes sociales no deja lugar a muchas dudas. Un grupo de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), perfectamente identificados con camperas oficiales, custodia una camioneta cargada hasta el tope de neumáticos usados en pleno centro porteño. La escena fue captada por un transeúnte y rápidamente se viralizó acompañada de una pregunta mordaz: “¿Los muchachos de Patricia Bullrich pusieron una gomería, o van a infiltrarse para pudrir marchas?”.
La pregunta no es capciosa. Es legítima. Porque en tiempos donde el Ministerio de Seguridad parece más enfocado en el control de la protesta que en la seguridad ciudadana, ver una camioneta oficial cargada de gomas no puede más que encender todas las alarmas. ¿Qué hace un cuerpo policial transportando un arsenal simbólico de la protesta social? ¿A dónde iban esas cubiertas? ¿Para qué serían utilizadas?
Lo más grave es el contexto: esta escena ocurrió este miércoles, en el marco de la tradicional marcha de los jubilados, un reclamo pacífico que se repite todos los meses y que tiene un único objetivo: exigir una jubilación digna para quienes trabajaron toda su vida. No hay disturbios, no hay violencia, no hay agresiones. Solo personas mayores caminando, con pancartas, con dignidad, y con una demanda justa frente a un Estado que los ha condenado a la miseria.
Entonces, ¿por qué la policía se moviliza con una camioneta cargada de neumáticos en un día así? ¿Están preparando un montaje? ¿Van a infiltrar la protesta con elementos que simulen disturbios para luego justificar una represión?
Los antecedentes de infiltración policial en marchas son numerosos. Desde los “agentes encubiertos” que instigan violencia para luego permitir la intervención represiva, hasta los vehículos no identificados que terminan siendo parte de operativos para provocar incidentes. Las fuerzas de seguridad —bajo la conducción de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei— no han hecho más que profundizar esta estrategia: tensionar al límite el derecho a la protesta, convertir cada manifestación en un potencial “delito”, y utilizar infiltrados para justificar palos, gases y detenciones arbitrarias.
La imagen de los agentes de la PFA con una camioneta Nissan cargada de cubiertas (patente AB 674 CO) podría parecer un detalle anecdótico, pero en realidad expone con claridad el modo en que opera el aparato represivo estatal: con métodos de inteligencia encubierta, provocación y montaje. Porque no hay razón lógica para que una fuerza de seguridad acopie neumáticos a plena luz del día, en una esquina transitada, salvo que se trate de una operación de montaje o preparación para infiltrar una manifestación.
Este tipo de maniobras buscan generar caos en movilizaciones legítimas. Si la protesta es pacífica, se infiltran elementos que desborden la situación: quemas, agresiones, disturbios. Luego, con las cámaras enfocando el “desborde”, llega la orden de reprimir. Y el mensaje mediático ya está servido: “La protesta fue violenta, la policía actuó en defensa propia”.
La represión no necesita justificación cuando los hechos son manipulados desde su origen. Por eso, denunciar estas prácticas no es paranoia: es defensa de los derechos democráticos. La protesta no es delito. Pero infiltrar y montar provocaciones desde el Estado sí debería serlo.
En un contexto de ajuste brutal, con recortes en educación, salud, jubilaciones y políticas sociales, la calle sigue siendo el único espacio de expresión para muchos sectores. Pero si la policía actúa como fuerza de choque al servicio del gobierno, y no como garante de derechos, lo que está en juego ya no es solo el derecho a protestar: es la misma democracia.
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