Una estafa que no termina: la Justicia decreta la quiebra de Induplack mientras las víctimas temen un nuevo fraude. La decisión judicial podría beneficiar al clan L’Abbate, señalado por una de las mayores estafas inmobiliarias del país
Más de 420 familias damnificadas denuncian que la quiebra decretada por el Juzgado Comercial N° 26 podría encubrir un fraude concursal y facilitar el vaciamiento patrimonial de una red delictiva que operó durante más de una década.
El reciente fallo del Juzgado Comercial N° 26, que decretó la quiebra de Induplack Fiduciaria S.A., encendió las alarmas entre centenares de familias que esperan justicia por lo que se considera una de las estafas inmobiliarias más escandalosas de los últimos años. Lejos de representar un avance en el proceso de reparación, la medida genera sospechas fundadas de que podría encubrir un nuevo ardid legal para favorecer a los propios estafadores.
La empresa, parte de un holding encabezado por Vito Antonio L’Abbate y sus hijos, junto a Patricio Gastón Flores, se encuentra actualmente bajo investigación penal por integrar una asociación ilícita que operó desde 2012, vendiendo viviendas en construcción a múltiples compradores de forma simultánea. Algunas unidades fueron comercializadas hasta seis veces.
En paralelo al proceso penal —donde la jueza federal Paula González ordenó embargos, secuestros de vehículos y la prisión preventiva de los principales acusados— la Justicia comercial avanzó con una decisión que las víctimas califican de desprotección judicial. “La quiebra no debería haberse decretado en este momento. Puede permitir que los bienes terminen en manos de los socios y amigos de los imputados”, advirtió Luz, una de las damnificadas.
El temor a un fraude concursal no es infundado: la persona que solicitó la quiebra, según denunciantes, estaría vinculada al clan L’Abbate, lo que sugiere una posible maniobra para vaciar patrimonialmente la firma y redirigir los activos lejos de los verdaderos acreedores: las familias estafadas.
Los bienes embargados incluyen 60 inmuebles y 17 vehículos, además de propiedades clave como el domicilio fiscal de la firma en Montiel 1975 y otro inmueble en Caaguazú 6144/54, ambos en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la posibilidad de que el proceso civil absorba los activos antes de que finalice la causa penal pone en riesgo la recuperación de los fondos por parte de las víctimas reales.
Además, los denunciantes sostienen que los responsables escondieron fondos en el exterior y diseminaron bienes a nombre de testaferros, lo que complica aún más el cuadro judicial. “Resolver esto por la vía civil obstaculiza la penal”, remarcó Federico, damnificado desde 2015.
La firma Icons Tech, también parte del entramado, ofrecía fideicomisos de viviendas con precios accesibles y supuestos informes de avance de obra, los cuales eran falsificados. Cuando los compradores reclamaban, las entregas se postergaban o simplemente cesaba toda comunicación.
En este contexto, la jueza González dictó la falta de mérito para los hermanos Brodsky, titulares de la inmobiliaria Predial, al considerar que también fueron engañados por el grupo. Sin embargo, la fiscal Mónica Cuñarro fue tajante al describir el entramado como una estructura planificada y organizada para defraudar.
Mientras el proceso penal avanza con lentitud, las víctimas llaman a nuevas personas afectadas a sumarse al reclamo a través del correo damnificadosinduplack@gmail.com y la cuenta de Instagram @damnificadosinduplack.
La batalla por justicia no ha terminado, pero cada paso judicial que no prioriza a las víctimas siembra más dudas que certezas. En vez de cerrar heridas, la quiebra decretada podría abrir la puerta a una segunda estafa, esta vez desde los pasillos de los tribunales.
Fuente:
- https://www.0223.com.ar/nota/2025-8-6-14-39-0-dictan-la-quiebra-de-una-reconocida-constructora-envuelta-en-estafas-inmobiliarias
Deja una respuesta