Para evitar su destitución, el magistrado federal de Rosario dimitió. El Gobierno nacional aceptó su salida, pero busca que pierda sus beneficios si es inhabilitado penalmente. El caso expone las tensiones en la justicia federal y la pulseada oficial por mostrar “tolerancia cero” frente a la corrupción.
Marcelo Bailaque, acusado de favorecer a narcos y de extorsión, presentó su renuncia al Juzgado Federal N°4 de Rosario. El decreto de aceptación ya fue publicado en el Boletín Oficial. Aunque su dimisión le permitiría retener la jubilación como juez, el Gobierno impulsa su inhabilitación total para privarlo de ese beneficio. La trama revela relaciones con empresarios y presuntas maniobras ilegales que salpican a la justicia federal en plena ofensiva oficial por “depurar” el Poder Judicial.
Con la publicación del Decreto 443/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó este martes la aceptación de la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque, acusado de mantener vínculos con el narcotráfico y de protagonizar maniobras de extorsión. La decisión, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, le permitió al magistrado evitar el juicio político y la posible destitución en el Consejo de la Magistratura, aunque no lo exime de enfrentar causas penales ni del riesgo de prisión preventiva.
La salida de Bailaque, a partir del 1° de julio, deja expuesta una de las aristas más sensibles de la justicia federal en Rosario, territorio devastado por la violencia narco. Según el decreto oficial, la renuncia fue aceptada tras la presentación formal del propio magistrado, lo que le podría habilitar a conservar los beneficios previsionales como integrante del Poder Judicial.
Sin embargo, el Gobierno nacional ya dejó en claro su intención de que el ex juez pierda esos privilegios. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, advirtió que si la justicia avanza en su contra y le aplica la inhabilitación absoluta, conforme al artículo 19 del Código Penal, Bailaque perdería la posibilidad de cobrar la jubilación de privilegio. “En la Nueva Argentina no hay intocables. Estamos llevando adelante una reforma profunda y estructural de la Justicia que permitirá que los delincuentes vayan presos”, afirmó Amerio, alineado con el discurso presidencial.
Graves acusaciones
Las imputaciones contra Bailaque configuran un expediente explosivo. Está acusado como presunto autor de delitos gravísimos: extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. La pérdida de fueros que implica su renuncia también abre la puerta a la ejecución de la prisión preventiva dispuesta en su contra por el mismo Juzgado Federal N°4 de Rosario, ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.
Entre las acusaciones más resonantes, sobresalen tres episodios clave. El primero vincula al juez Bailaque con el narco Esteban Alvarado, a través de su contador y amigo Gabriel Mizzau. Se le reprocha haberse excusado tardíamente en una causa contra Alvarado y haber demorado escuchas telefónicas clave a Rosa Natalí Capuano, asociada a empresas bajo investigación.
El segundo cargo involucra una supuesta maniobra de extorsión. Bailaque, junto al empresario Fernando Whpei y al ex titular de ARCA, Carlos Vaudagna —quien luego declaró como arrepentido—, habrían montado una causa contra dos financistas para exigirles dinero a cambio de cerrar investigaciones, en el marco de una interna por el control de la aseguradora San Cristóbal.
Finalmente, el tercer cargo se centra en la relación estrecha entre Bailaque y Whpei, quien cumple condena domiciliaria tras ser acusado de extorsión. Esa amistad alimenta las sospechas sobre la utilización de la justicia federal para resolver conflictos económicos mediante presiones ilegales.
Reforma judicial y señales políticas
El caso Bailaque estalla en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei busca exhibir una política de “tolerancia cero” frente a la corrupción en el Poder Judicial. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario Amerio repiten el concepto de “no hay intocables”, intentando marcar distancia con prácticas que durante años alimentaron la desconfianza ciudadana hacia tribunales federales, especialmente en zonas atravesadas por el narcotráfico.
No obstante, la renuncia como vía de escape a la destitución plantea interrogantes: ¿es suficiente aceptar la dimisión para depurar la justicia, si los magistrados mantienen privilegios económicos aun estando procesados? Esa tensión entre la necesidad de limpiar estructuras judiciales y la persistencia de beneficios previsionales revela que la reforma de fondo que proclama el Gobierno enfrenta límites legales e institucionales que no se resuelven solo con discursos.
Mientras tanto, fuentes judiciales advierten que la renuncia de Bailaque responde a una acumulación de denuncias por mal desempeño e irregularidades en causas vinculadas al narcotráfico. La trama no solo deja malherido al ex juez, sino que vuelve a desnudar las conexiones opacas entre sectores del Poder Judicial, el empresariado y organizaciones criminales en Rosario, uno de los epicentros de la violencia narco en la Argentina.
En la “Nueva Argentina” que proclama Milei, el futuro judicial de Marcelo Bailaque podría convertirse en un caso testigo. No solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el mensaje que finalmente envíe el Gobierno sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para terminar con la impunidad y los privilegios que aún rodean a sectores del Poder Judicial.
Fuente:
- https://www.perfil.com/noticias/politica/el-gobierno-acepto-la-renuncia-del-juez-bailaque-acusado-de-extorsion-y-vinculos-con-el-narcotrafico.phtml
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