El Gobierno de Milei le cobró a Bahía Blanca $17 millones por cada puente de emergencia usado después de la inundación

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En una nueva muestra del desdén del gobierno nacional hacia los municipios del interior, el Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Luis Petri, exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma millonaria por los puentes de emergencia que el Ejército instaló tras el temporal que devastó la ciudad en marzo pasado. “Si no, se los llevaban”, denunció el secretario de Obras Públicas local, Gustavo Trankels, al confirmar que la Nación reclamó el pago de alrededor de 17 millones de pesos por cada estructura, más un adicional por mantenimiento y seguros. El intendente Federico Susbielles, de Unión por la Patria, se vio obligado a firmar el convenio para evitar que el Ejército retirara los puentes y dejara incomunicados barrios enteros.

El reclamo económico del gobierno de Javier Milei desató una fuerte polémica. Las estructuras habían sido instaladas por el Ejército Argentino como una medida de emergencia ante la destrucción de los puentes tradicionales durante el temporal del 7 de marzo, que provocó el desborde del canal Maldonado y dejó 18 muertos. En ese contexto de catástrofe, la ayuda militar fue presentada como una acción humanitaria para restablecer la conectividad en la ciudad. Sin embargo, meses después, el mismo Ministerio que había colaborado en la emergencia transformó esa asistencia en una operación contable, exigiendo al municipio el pago de alquileres por cada puente.

Según los decretos municipales 2188 y 2189 de 2025, el convenio firmado con el Ministerio de Defensa establece un costo de 17.670.949 pesos por cada puente durante los primeros tres meses de uso, con vigencia retroactiva a junio, más un seguro por 8.417.134 pesos. En total, el municipio desembolsó más de 43 millones de pesos para mantener las dos estructuras que aún conectan zonas clave del distrito. La documentación oficial aclara, además, que los puentes solo pueden ser utilizados por vehículos livianos, con límite de peso de 3.500 kilos y una velocidad máxima de 10 km/h, lo que los vuelve insuficientes para el transporte de carga o de emergencias.

El Secretario de Obras de Bahía Blanca confirmó que Milei cobra ALQUILER de los puentes de emergencia que pusieron después del temporal
17 millones de pesos por mes O SE LLEVAN LOS PUENTES. Ah pero para reimprimir boletas sí había 15.000 millonespic.twitter.com/9DUEgEh5Qc
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 16, 2025

El propio Trankels explicó que la decisión de pagar fue una medida de urgencia: “El Ejército vino y los posicionó en el lugar. Nosotros estábamos muy agradecidos porque era una forma de poder reconectar la ciudad, pero después nos plantearon que, para continuar con la prestación de esos puentes, Bahía Blanca tenía que pagar. Lo que hicimos fue resolver un problema, porque si no, se los llevaban”. El relato evidencia la tensión que atraviesa la relación entre el municipio y la Nación desde el inicio de la gestión de Milei, que no solo recortó la ayuda económica para la reconstrucción de la ciudad, sino que además vetó un fondo especial votado por el Congreso.

A fines de junio, el Poder Ejecutivo nacional anuló la ley que creaba un fondo de 200.000 millones de pesos para la recuperación de Bahía Blanca, aprobada por ambas cámaras legislativas. El argumento fue que el texto “no especificaba la fuente de financiamiento”. En los hechos, el veto dejó sin respaldo económico a una ciudad todavía en emergencia. Ahora, con el cobro de los puentes, el gobierno nacional vuelve a colocar sobre las espaldas de la administración local el costo de una tragedia que debería haber sido atendida con recursos federales.

La medida generó un repudio inmediato desde la oposición. La diputada Victoria Tolosa Paz denunció que el gobierno “encontró un negocio en la necesidad”. En sus redes sociales escribió: “Que el gobierno de Milei cobre alquiler por los puentes de emergencia en Bahía Blanca, después de una inundación devastadora, es una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo”. La crítica se extendió a otros referentes de la oposición que consideraron “inhumano” que el Estado nacional facture por una asistencia que fue presentada públicamente como un gesto solidario del Ejército argentino.

Desde el oficialismo, el Ministerio de Defensa no ofreció una explicación clara sobre los fundamentos del cobro ni sobre el destino de los fondos. Tampoco hubo precisiones respecto a los criterios técnicos que justifican el monto exigido a un municipio todavía golpeado por los efectos de la catástrofe. El silencio refuerza la sensación de arbitrariedad y oportunismo que domina la relación entre el gobierno de Milei y los gobiernos locales, especialmente los administrados por la oposición.

El caso de Bahía Blanca resume, en un gesto brutal, la lógica de la gestión libertaria: donde antes había solidaridad, ahora hay facturas; donde había ayuda humanitaria, hoy hay contratos con cláusulas de cobro; donde debería existir cooperación federal, se impone el cálculo económico. Lo que fue presentado como asistencia estatal se convirtió en una operación comercial disfrazada de emergencia. Y la frase “si no, se los llevaban” quedó como símbolo del desamparo al que son sometidos los argentinos que no se arrodillan ante el poder central.

Fuentes consultadas: