La diputada Agustina Propato presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo tras denuncias por el incumplimiento en la provisión de antirretrovirales por parte de la obra social militar. En medio de la crisis sanitaria que se profundiza bajo el gobierno de Javier Milei, la legisladora de Unión por la Patria exigió respuestas ante una situación alarmante: la interrupción en la entrega de tratamientos para personas con VIH afiliadas a la IOSFA. La falta de insumos no es un error administrativo, es una negligencia con consecuencias directas sobre la salud y la vida de cientos de personas.
No se trata de un problema menor ni de un reclamo aislado. Lo que está en juego es la vida de personas seropositivas afiliadas a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), cuya provisión de medicación antirretroviral fue interrumpida de manera injustificable. La diputada nacional Agustina Lucrecia Propato, integrante del bloque Unión por la Patria, presentó un contundente pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional —bajo el expediente 4043-D-2025— para que dé explicaciones sobre una situación que huele a abandono deliberado.
Este reclamo legislativo no nace del capricho ni de una sospecha infundada. Parte de denuncias realizadas por pacientes que, a pesar de tener tratamientos crónicos e ininterrumpibles, han dejado de recibir la medicación que necesitan para vivir. Porque eso es lo que está en juego: no es una aspirina que se puede postergar ni un suplemento dietario que se consigue en una góndola. Son antirretrovirales esenciales, únicos, insustituibles.
El pedido de informes, presentado el 24 de julio de 2025, es claro y directo. Propato exige conocer si el Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Defensa, del cual depende la IOSFA— está al tanto de las falencias que se están registrando en la entrega de estos medicamentos. También pregunta si se han iniciado investigaciones internas o administrativas que den cuenta del origen del problema. Porque, mientras desde el gobierno nacional se sigue declamando la «eficiencia» del ajuste, lo que se ve en la práctica es una gestión que recorta a ciegas, sin importar las consecuencias.
La diputada quiere saber, además, si se ha tomado alguna medida para garantizar que estos pacientes no vean interrumpido su tratamiento y si existen registros documentales que muestren qué tipo de medicamentos están faltando, cuántos afiliados están afectados y desde cuándo. Preguntas elementales que cualquier gestión con un mínimo de responsabilidad institucional debería poder responder sin titubeos. Pero en un contexto como el que atraviesa la Argentina actual, donde el desmantelamiento de la salud pública parece formar parte del modelo de gobierno, nadie espera respuestas rápidas ni humanizadas.
La IOSFA, que tiene una responsabilidad directa con más de medio millón de beneficiarios, entre personal retirado y activo de las Fuerzas Armadas, sus familias y otras entidades del Estado, no puede permitirse este nivel de precarización en la atención. Las demoras, las excusas administrativas o el abandono son, en este caso, una forma solapada de violencia institucional. Porque dejar sin medicación a personas con VIH no solo compromete su salud física: también atenta contra su salud mental, su estabilidad emocional y su derecho a una vida digna.
¿Es esta la Argentina que promete Javier Milei con sus discursos de motosierra? ¿Una en la que las obras sociales estatales —sobre todo las ligadas a las fuerzas de seguridad— dejan de cumplir sus obligaciones básicas con los afiliados más vulnerables? La ideología libertaria en su versión más cruda parece traducirse en una gestión que mira hacia otro lado frente a los enfermos crónicos, siempre y cuando los números cierren en una planilla de Excel.
Pero el drama tiene nombres, rostros, historias personales. Propato, en su presentación, remarca que ya hay personas que han manifestado públicamente la falta de entrega de su medicación, con consecuencias que podrían tornarse irreversibles. En palabras simples: si se corta el tratamiento, el virus puede volver a activarse, generar resistencia a los fármacos y poner en riesgo la salud general del paciente.
Resulta insultante que en pleno 2025, cuando el VIH es una afección perfectamente tratable si se garantiza el acceso constante a medicamentos, el Estado retroceda décadas en materia de salud pública. Este no es un mero error burocrático, es una política que castiga a quienes menos pueden defenderse.
El pedido de informes de Propato no solo busca respuestas. Es también una forma de poner el tema sobre la mesa, de obligar al gobierno a dejar de invisibilizar un problema que ya está afectando directamente la calidad de vida de personas con necesidades específicas. En un país en el que el sistema sanitario se encuentra cada vez más debilitado, el rol de las y los legisladores es clave para denunciar los abusos y exigir responsabilidades.
Es evidente que hay un patrón: las medidas del gobierno de Milei no son errores aislados, son parte de un programa de ajuste brutal que pega donde más duele. Y aunque sus defensores aplaudan el «recorte del gasto», lo que está ocurriendo en la IOSFA debería servir como ejemplo claro de hasta dónde se puede llegar cuando el Estado decide correrse de sus obligaciones más básicas.
El silencio oficial es tan escandaloso como la falta de medicamentos. Por eso este tipo de acciones parlamentarias son fundamentales. Porque si no se los interpela, si no se los obliga a responder por los daños que están generando, lo único que queda es el abandono absoluto.
Algunas cosas no se pueden reducir a números ni justificar con gráficos de PowerPoint. El acceso a la medicación para personas con VIH no es negociable. Y si el gobierno nacional no lo entiende, entonces será necesario que la presión social, política y judicial se multiplique hasta que se revierta esta situación vergonzosa.
La presentación de Agustina Propato es un grito institucional que pone en evidencia el grado de desidia con el que el oficialismo está gestionando áreas tan sensibles como la salud. Y aunque todavía no sabemos si este pedido de informes será respondido o simplemente ignorado, lo cierto es que no puede quedar sin consecuencias. Porque cuando el Estado deja de cumplir su rol, es deber de la sociedad —y de quienes la representan— exigirle que lo retome.
Fuente:
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4043-D-2025.pdf
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