El gobierno de Javier Milei redobla la ofensiva contra las y los trabajadores de la educación con un decreto que repite fórmulas ya declaradas inconstitucionales. La CTERA responde con acciones gremiales, legales e internacionales.
Con el DNU 340/25, publicado el 21 de mayo de 2025, el gobierno de Javier Milei profundiza su política de amedrentamiento y represión hacia las y los trabajadores de la educación. El nuevo decreto declara a la educación como “servicio esencial” exclusivamente para restringir el derecho de huelga, una maniobra que no solo es jurídica y socialmente regresiva, sino también inconstitucional.
(Por Osvaldo Peralta) No se trata de un gesto aislado, sino de una embestida cuidadosamente orquestada, que retoma los mecanismos autoritarios empleados por la dictadura y revitalizados durante el gobierno de la Alianza con Fernando de la Rúa, con Patricia Bullrich como ejecutora laboral. La ofensiva también se emparenta con los intentos del macrismo de disciplinar a la docencia organizada y callar la protesta social. En un contexto de ajuste brutal, dolarización encubierta, desfinanciamiento del sistema educativo y persecución a gremialistas, la restricción al derecho de huelga busca silenciar uno de los pocos focos de resistencia activa: la docencia.
Un decreto que ya fue derrotado en los tribunales… y vuelve como zombie
Lo más escandaloso del DNU 340/25 es su falta de originalidad. Se trata de una copia casi textual del Decreto 843/00 del gobierno de De la Rúa, que fue declarado inconstitucional en 2002 por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un fallo histórico iniciado por la CTERA. Esa sentencia no solo invalidó el decreto y sus resoluciones derivadas (480/2001 y 632/2001), sino que dejó claro que el Estado no puede volver a utilizar tales instrumentos para cercenar el derecho de huelga de las y los trabajadores de la educación.
El texto también repite la estructura y espíritu del DNU 70/23, otra norma de Milei ya declarada inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo. Como si el gobierno ignorara deliberadamente las sentencias judiciales y la jurisprudencia consolidada, vuelve a insistir con un esquema legal que fue derrotado en todos los frentes: jurídico, político y gremial.
La trampa de declarar a la educación como “servicio esencial”
El truco legal de Milei es declarar a la educación como “servicio esencial” para impedir que sus trabajadores ejerzan su derecho constitucional a huelga. Sin embargo, esta categorización ha sido ampliamente rechazada por la jurisprudencia nacional e internacional. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la educación no puede considerarse un servicio esencial “en el sentido estricto del término”, es decir, no se trata de una actividad cuya interrupción ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha sido contundente: solo pueden limitarse las huelgas en casos extremos —como en servicios médicos de urgencia o fuerzas de seguridad—, y explícitamente excluye a la educación de esta categoría. Por eso, la inclusión de la docencia como “servicio esencial” en el DNU 340/25 es arbitraria, forzada e ilegal. No responde a ninguna urgencia pedagógica o institucional, sino a la necesidad del Ejecutivo de controlar la calle y desactivar la protesta organizada.
El doble discurso del gobierno libertario: libertad para los mercados, mordaza para los docentes
El gobierno de Milei proclama su defensa irrestricta de la libertad. Pero esa libertad parece reservarse exclusivamente para los flujos de capital, la evasión impositiva, el agronegocio y los grandes empresarios. Para las y los trabajadores, en cambio, hay palo, ajuste, topes salariales y persecución sindical. Esta contradicción estructural se vuelve obscena cuando se intenta impedir que un maestro o maestra reclame por condiciones laborales dignas, por infraestructura escolar, por salario, por derechos.
El DNU 340/25 no busca “garantizar el derecho a la educación”, como cínicamente declara el texto oficial. Busca desarticular la herramienta histórica con la que la docencia argentina ha resistido cada embate del neoliberalismo. Y lo hace en el mismo momento en que el gobierno desfinancia universidades, elimina programas educativos, cierra becas y despide trabajadores del sistema científico.
CTERA vuelve al frente: gremialismo, legalidad y presión internacional
Ante esta nueva violación de derechos fundamentales, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ya anunció que tomará todas las medidas necesarias para frenar la avanzada libertaria. Por un lado, iniciará acciones legales para impugnar la constitucionalidad del DNU 340/25. Por otro, recurrirá nuevamente a los organismos internacionales, como la OIT y el sistema de Naciones Unidas, cuyas resoluciones son vinculantes para el Estado argentino.
Pero también prepara un plan de lucha con medidas de acción directa: paros, movilizaciones, conferencias de prensa y articulación con otros sectores afectados por las políticas de ajuste. La docencia argentina no está dispuesta a resignar derechos conquistados con décadas de organización y sacrificio.
Fuente:
- https://ute.org.ar/otro-ataque-a-las-y-los-trabajadores-el-gobierno-quiere-limitar-el-derecho-de-huelga/
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