La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense aclaró que el decreto del gobierno nacional solo afecta al 30% de los colegios privados del país, mientras que el 70% que recibe subsidios seguirá bajo control provincial. La medida, presentada como desburocratización, abre un nuevo frente de conflicto entre Nación y las jurisdicciones.
El decreto 787/2025 del Ejecutivo nacional elimina la obligación de los colegios privados sin aporte estatal de informar con seis meses de anticipación los aumentos de matrícula y cuotas. La medida, que responde a un pedido de las cámaras del sector, fue defendida por el gobierno como un gesto de “libertad educativa”, pero genera advertencias sobre los riesgos de desregulación y desprotección de las familias en un contexto de alta inflación y desigualdad creciente.
El gobierno de Javier Milei avanza un paso más en su cruzada por desregular la educación argentina. Con la firma del Decreto 787/2025, el Poder Ejecutivo Nacional derogó el Decreto 2417/93, que regulaba los aranceles de los institutos educativos de gestión privada. La medida, presentada como un intento de simplificar trámites administrativos, impacta directamente sobre los colegios que no reciben aportes estatales, que representan alrededor del 30% del total en el país.
Hasta ahora, estas instituciones estaban obligadas a informar a las autoridades nacionales y a las familias, con seis meses de anticipación, el monto de matrícula, cuotas y aranceles del ciclo siguiente. En un contexto de inflación persistente, el requisito de fijar precios en septiembre para las cuotas de marzo se había vuelto, según los sectores empresarios, “inviable”. Sin embargo, la eliminación de esta norma no es una cuestión meramente técnica: implica la renuncia del Estado nacional a cualquier tipo de control sobre el costo de la educación privada en ese segmento, en un país donde los salarios reales se derrumban y la brecha educativa se agranda.
La periodista Rosalía Costantino, especialista en economía y columnista de C5N, Radio 10 y Carnaval, explicó en redes sociales que la medida no abarca a todo el sistema privado: “El 70% de las escuelas privadas del país recibe aportes estatales y seguirá regulado por las provincias o la Ciudad de Buenos Aires”. El comunicado emitido por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense confirma esta aclaración y busca contener la confusión generada por el anuncio nacional.
En su documento oficial, la DGCyE precisó que “las instituciones educativas privadas con aporte estatal continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización de la Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente”. Es decir, aquellas escuelas que dependen parcialmente de fondos públicos seguirán obligadas a respetar los límites fijados por las jurisdicciones.
Pero el texto también advierte sobre la nueva realidad para las instituciones sin subvención: el decreto nacional las exime del deber de informar sus aumentos, lo que en la práctica equivale a liberar los aranceles. En otras palabras, los colegios podrán fijar los precios de matrícula y cuota según su propio criterio, sin control previo del Estado nacional ni obligación de notificar a las familias con antelación.
La provincia de Buenos Aires marcó una posición clara: “Toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales”. Con esta frase, el gobierno de Axel Kicillof deja en evidencia su voluntad de mantener la regulación sobre la educación privada subsidiada, evitando una escalada de aumentos que impacte en miles de familias bonaerenses.
El trasfondo político y económico del decreto no puede disociarse de la visión ideológica del gobierno de Milei. Bajo la premisa de “liberar los mercados” y reducir la intervención estatal, la administración libertaria avanza sobre áreas sensibles como la educación y la salud. En este caso, la medida beneficia directamente a un grupo de instituciones de élite, concentradas en los grandes centros urbanos, que ahora tendrán libertad plena para fijar aranceles en un contexto de fuerte concentración del ingreso.
Mientras tanto, las provincias —responsables constitucionales de la educación— se ven obligadas a aclarar los alcances del decreto y contener la incertidumbre de las familias. El comunicado bonaerense cumple precisamente esa función: dejar en claro que la mayoría de las escuelas seguirá bajo control provincial, y que la desregulación nacional no afectará los topes vigentes. Sin embargo, el daño político ya está hecho. La decisión reabre la discusión sobre el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación y deja expuestas las tensiones entre el gobierno central y las administraciones locales.
El discurso oficial intenta justificar la medida en nombre de la eficiencia y la libertad. Pero detrás del tecnicismo de la “simplificación administrativa” se esconde una lógica más profunda: la transferencia del poder regulatorio desde el Estado hacia el mercado. En un país donde la educación pública atraviesa un proceso de ajuste y desfinanciamiento, liberar los precios de los colegios privados sin subvención equivale a naturalizar un modelo educativo de dos velocidades: uno para quienes pueden pagar y otro para quienes quedan a la intemperie.
El argumento de la previsibilidad inflacionaria —que fijar precios con seis meses de antelación era un despropósito— puede ser cierto en lo técnico, pero la respuesta del gobierno es políticamente riesgosa. En lugar de fortalecer mecanismos de acompañamiento o segmentación, elige retirar al Estado y dejar que la lógica empresarial imponga las reglas del juego.
La medida llega, además, en un momento de alta conflictividad social. Los docentes reclaman recomposiciones salariales, los presupuestos educativos provinciales sufren recortes y las universidades públicas denuncian desfinanciamiento. En ese contexto, cualquier gesto de desregulación se lee como un nuevo avance del ajuste sobre derechos básicos.
El decreto 787/2025 puede parecer, en apariencia, una cuestión menor de burocracia escolar. Pero en el fondo refleja una decisión política de enorme peso simbólico: el Estado nacional renuncia a su función de árbitro y garante de la equidad educativa. La educación, una vez más, se convierte en un terreno de disputa entre el interés público y la lógica del mercado.
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