Una investigación internacional señala al magnate Eduardo Elsztain y al banco Santander por financiar la destrucción de ecosistemas claves en Argentina. Negocios agropecuarios, vínculos con el oficialismo y el costo ambiental oculto de un modelo extractivista.
La motosierra no se detiene, ni siquiera en los bosques. Un nuevo informe de la organización Global Witness revela un entramado tan lucrativo como devastador: el empresario Eduardo Elsztain, uno de los hombres más cercanos al presidente Javier Milei, y el banco Santander están en el ojo de la tormenta por financiar la deforestación masiva en el norte argentino, particularmente en la región del Gran Chaco.
Según la investigación, la empresa agropecuaria Cresud —controlada por Elsztain— ha desmontado más de 170.000 hectáreas de bosque nativo en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001. Una cifra que equivale a tres veces la superficie de Madrid y ocho veces la de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo: convertir esas tierras en campos de cultivo y ganadería para luego venderlas a mejor precio. El método: topadoras, desmontes, expulsión de pueblos originarios y degradación ambiental sin retorno.
Pero la deforestación no es un hecho aislado ni accidental. Está financiada. El banco español Santander habría adquirido bonos emitidos por Cresud, promoviendo así su expansión, a pesar de que el propio banco sostiene políticas ambientales supuestamente restrictivas.
De los shoppings a los desmontes
Elsztain no es un empresario cualquiera. Es el dueño de IRSA, el holding que controla la mayoría de los shoppings y centros comerciales de Argentina. También maneja negocios en supermercados, bancos, telecomunicaciones, energía, turismo y hotelería. Uno de sus hoteles, el Libertador, fue incluso elegido como búnker electoral por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023. La relación entre poder económico y político es directa.
El modelo extractivista de Cresud —que posee más de 800.000 hectáreas en la región— avanza sobre zonas protegidas y afecta no solo la biodiversidad, sino la vida misma de comunidades enteras. En la región chaqueña, se estima que viven más de 4 millones de personas, de las cuales un 8% pertenece a pueblos indígenas. Ellos dependen del bosque para su alimentación, agua, medicina y cultura.
Sergio Rojas, activista indígena de la comunidad Qom, lo resume con crudeza: “No hay nada que comer, nada que beber. Las temperaturas son extremas. Se secaron los estuarios y el agua dulce. Es una situación desesperante”.
La motosierra selectiva de Milei
Resulta imposible desligar este escándalo ambiental del contexto político actual. Mientras el gobierno de Javier Milei recorta sin piedad políticas de género, programas sociales, fondos educativos y científicos, no parece tener reparos en respaldar —directa o indirectamente— a empresarios amigos que lucran con la destrucción del patrimonio ambiental del país.
Elsztain forma parte del círculo íntimo del oficialismo. Y no es el único beneficiado por una estructura de privilegios: otro informe reciente muestra cómo los grandes empresarios blanquearon fortunas de hasta 40 millones de dólares por cabeza en un régimen fiscal claramente diseñado para proteger al poder económico, no al ciudadano común.
Mientras tanto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, no tuvo reparos en lanzar un duro mensaje en el Tedeum del 25 de mayo: “Argentina sangra por la inequidad”. Y sangra también por sus bosques arrasados.
El modelo que expulsa
El Gran Chaco —el segundo ecosistema forestal más grande de América del Sur, después de la Amazonía— abarca regiones clave como Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En él viven especies únicas como el yaguareté, del cual se estima quedan apenas 20 ejemplares. Su destrucción implica una pérdida ecológica incalculable.
Pero también hay una dimensión social ineludible. La expansión de Cresud ha generado conflictos con comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia. Y en Argentina, en zonas como la Estancia Los Pozos en Salta —donde ya se han desmontado más de 60.000 hectáreas— los permisos de deforestación se remontan a gestiones anteriores, según indica el gobierno provincial. No obstante, las protestas locales y las audiencias públicas no han frenado el avance del desmonte.
Global Witness advirtió que los datos que pudieron analizar refieren únicamente a las tierras actualmente en manos de Cresud. Es decir, si se incluyeran los desmontes previos a la venta de tierras, la magnitud del desastre podría ser aún mayor.
Un país hipotecado al negocio verde
Este caso pone de manifiesto la verdadera cara de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el despojo y la impunidad. No hay libre mercado cuando los más poderosos gozan de subsidios, financiamiento privilegiado y permisos para destruir ecosistemas sin consecuencias.
Mientras la motosierra de Milei arrasa con los derechos sociales, otra más silenciosa arrasa con los bosques. Y lo hace con el respaldo de bancos internacionales, empresarios influyentes y un sistema político que mira para otro lado.
En pleno siglo XXI, seguir apostando a la destrucción de nuestros recursos naturales para beneficio de unos pocos no es solo una tragedia ambiental: es una traición a las futuras generaciones.
Fuente:
- https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/empresario-eduardo-elsztain-banco-santander-senalados-deforestacion-miles-hectareas-bosque-salta_1_12327356.amp.html
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