El abogado Gregorio Dalbon criticó con dureza la comercialización de un curso sobre el sistema acusatorio adversarial dictado por un fiscal en funciones y advirtió sobre los límites éticos entre la formación académica y la investidura judicial.
El abogado Gregorio Dalbon volvió a encender el debate público con un fuerte cuestionamiento al rol de los funcionarios judiciales y los límites éticos de su actuación fuera del expediente. Esta vez, el eje de la polémica fue la promoción de un curso pago sobre el sistema acusatorio adversarial, dictado de manera virtual y financiable con tarjeta de crédito, cuyo docente es el fiscal Diego Luciani.
A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), Dalbon puso el foco en una contradicción que considera central: que un fiscal en ejercicio, responsable de una de las acusaciones más controvertidas del país, ofrezca capacitaciones comerciales sobre el mismo sistema procesal que —según sus palabras— “no supo o no quiso practicar”.
“El sistema acusatorio adversarial también se enseña por Zoom y se cobra con tarjeta”, ironizó Dalbon al inicio de su publicación, marcando desde el tono el núcleo de su crítica. Pero rápidamente el planteo abandona la sátira y se adentra en una discusión de fondo: la ética pública.
Dalbon fue explícito al aclarar que su postura no apunta a censurar la actividad académica, sino a señalar un conflicto ético estructural. “No es censura académica. Es ética pública”, escribió. En ese sentido, sostuvo que la imparcialidad judicial no puede convertirse en una consigna de marketing ni en un atributo decorativo dentro de un programa de estudios, sino que constituye una obligación funcional indelegable.
Uno de los conceptos más contundentes del texto es la idea de la investidura como límite. Para Dalbon, el cargo judicial no puede ser transformado en una marca personal ni en un emprendimiento individual. “La investidura no es una marca personal ni un emprendimiento”, afirmó, trazando una línea clara entre el ejercicio de la función pública y la monetización del prestigio institucional.
El abogado también cuestionó el proceso de mercantilización del sistema acusatorio, al que definió como una herramienta que no se vende ni se capitaliza, sino que se honra en la práctica cotidiana de la justicia. “El sistema acusatorio no se monetiza. Se honra”, remarcó.
El cierre de su mensaje resume el corazón de la crítica: “Un fiscal no está para vender cursos. Está para hacer Justicia”. Con esa frase, Dalbon interpela no solo a un funcionario en particular, sino al conjunto del Poder Judicial, en un contexto donde la legitimidad institucional y la confianza pública se encuentran bajo permanente escrutinio social.
Fuente:
https://x.com/Gregoriodalbon/status/2017326391247753356
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