En pleno ajuste brutal a la cultura, la institución dirigida por Elsa Barber adjudicó una licitación millonaria a una firma ya señalada por irregularidades en contrataciones estatales. El doble discurso libertario queda expuesto: recorte para muchos, negocios para pocos. Mientras el gobierno de Javier Milei desfinancia el aparato cultural, científico y educativo, la Biblioteca Nacional desembolsó más de once millones de pesos en marcos para exposiciones, comprados a una empresa que fue denunciada por cobrar sobreprecios al PAMI. La operación, realizada mediante licitación pública, exhibe una lógica de favoritismos bajo el disfraz del ajuste.
La consigna libertaria es clara: “no hay plata”. La repiten funcionarios, voceros, trolls y comunicadores alineados como si fuera un mantra de pureza fiscal. Pero mientras se cierran programas culturales, se congelan becas de investigación y se deja a las universidades sin recursos para funcionar, hay billeteras que siguen abiertas de par en par. El caso más reciente lo protagoniza la Biblioteca Nacional, que en medio de esta crisis feroz acaba de gastar 11.144.464 pesos en marcos para exposiciones artísticas, contratados a través de una licitación pública a una empresa con un historial que debería haber encendido todas las alarmas: Grupo Artenet S.R.L.
La empresa no es una desconocida en el universo de las contrataciones estatales. En el pasado, fue denunciada ante la Oficina Anticorrupción por presuntas irregularidades en compras realizadas con el PAMI, donde se la señaló por haber cobrado sobreprecios en la provisión de bienes durante la gestión de Luana Volnovich. Ahora, vuelve a aparecer como beneficiaria de recursos públicos, esta vez por parte de un organismo cultural que, paradójicamente, debería estar en la mira del ajuste fiscal que tanto pregona el gobierno.
La operación se formalizó el 12 de junio bajo la Licitación Pública 5-0038-LPU24, con un objeto específico: la adquisición de marcos de exposición para obras artísticas exhibidas en el edificio central de la Biblioteca. Según los documentos publicados en el portal oficial COMPR.AR, fueron tres las empresas oferentes, pero Grupo Artenet se quedó con el contrato, a pesar de su historial polémico y de que en el expediente no se especifica con claridad cuántos marcos se adquirieron ni cuáles son sus características técnicas que justifiquen el millonario desembolso.
La pregunta se impone: ¿cuántos marcos se pueden comprar por más de once millones de pesos? ¿Qué tipo de material, diseño o innovación justifica semejante inversión en un momento donde todo está siendo recortado, desde la compra de libros escolares hasta el funcionamiento de los hospitales públicos?
La falta de precisiones en la documentación publicada sobre la licitación no solo abre interrogantes sino que deja expuesta una alarmante falta de transparencia. No hay un detalle técnico exhaustivo, no se especifican volúmenes exactos ni se justifica el criterio de adjudicación. Se limita a informar que el proveedor resultó adjudicatario por haber “cumplido con los requisitos” del llamado. Punto. Cierre. Sin más explicaciones, sin rastro de autocrítica, sin mención alguna a los antecedentes de la firma.
El escándalo es doble: por un lado, por el gasto millonario en elementos que no constituyen una necesidad urgente; por otro, por haber beneficiado a una empresa que ya fue observada por presuntos actos de corrupción en una de las principales cajas del Estado como es el PAMI. Todo esto en un país donde cada peso se disputa como si fuera oro y donde el gobierno justifica despidos, cierre de programas y vaciamiento institucional con el argumento de que no hay fondos.
Pero sí hay fondos, claro. Solo que no son para la educación, la ciencia ni la cultura, sino para unos pocos actores con llegada, confianza o vínculos aceitados con los engranajes del Estado. En este caso, la operación fue ejecutada bajo la gestión de Elsa Barber, actual directora de la Biblioteca Nacional, quien avaló la adjudicación sin cuestionar el antecedente de la firma ni brindar información adicional a la ciudadanía.
Esa omisión no es menor. En tiempos donde cada funcionario debería rendir cuentas hasta del centavo más ínfimo, mantener el silencio ante una contratación de esta magnitud —con antecedentes oscuros incluidos— no es neutralidad, es complicidad. El ajuste, queda claro, no toca a todos por igual.
No se trata de un caso aislado. Se trata de una lógica: premiar a los propios, beneficiar a los “proveedores confiables”, hacer negocios con la crisis como excusa y con la impunidad como escudo. Mientras tanto, el ajuste sigue bajando con precisión quirúrgica sobre quienes no tienen cómo defenderse: los estudiantes, los científicos, los artistas, los jubilados, los trabajadores.
Este no es solo un gobierno que destruye. Es también un gobierno que elige a quién salvar del naufragio. Y lo hace con la precisión del que sabe muy bien a quién debe favores. Los marcos de $11 millones para la Biblioteca Nacional son eso: el marco perfecto para una postal de impunidad.
Deja una respuesta