El proyecto impulsado por Javier Milei y presentado por la diputada Romina Diez modifica la Ley de Contrato de Trabajo y permite fragmentar las vacaciones, extender su otorgamiento y someterlas a la planificación empresarial, bajo el discurso de “adaptación moderna”. Chau alas vacaciones tal como las conocemos históricamente. ¿Esto es lo que realmente votaron?.
La iniciativa, en discusión en el Congreso, cambia el artículo 154 de la Ley 20.744 y flexibiliza el régimen de licencias pagas, al permitir dividir los días de descanso y extender el calendario hasta abril del año siguiente. Mientras el Gobierno lo presenta como una actualización del derecho laboral, los expertos advierten que se trata de un retroceso en las garantías históricas que protegían el descanso de los asalariados.
El Gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo capítulo en su plan de desregulación del trabajo. Bajo la consigna de “modernizar las relaciones laborales”, el proyecto impulsado por la diputada Romina Diez, integrante de La Libertad Avanza, busca alterar una de las conquistas más antiguas del derecho laboral argentino: el derecho al descanso anual. La iniciativa, que ya se encuentra en el Congreso, modifica el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo y redefine las condiciones en las que los empleados podrán tomar vacaciones. Lo hace con un argumento aparentemente inocuo —“flexibilizar el calendario”— pero cuyas implicancias van mucho más allá de una simple cuestión de fechas.
Según el texto, el empleador podrá otorgar las vacaciones “en cualquier momento del año”, incluso hasta el 30 de abril del siguiente período, lo que rompe con la tradicional concentración del descanso durante los meses estivales. El Gobierno sostiene que esta medida “amplía las opciones” para los trabajadores. Sin embargo, en la práctica, amplía sobre todo la discrecionalidad de las empresas para decidir cuándo sus empleados pueden descansar. En nombre de la flexibilidad, la norma pone en manos del empleador la potestad casi total sobre la organización del descanso, transformando un derecho en una prerrogativa empresarial.
El proyecto también introduce la posibilidad de fraccionar las vacaciones en varios períodos, con el único límite de que cada tramo no sea menor a una semana. Es decir, los trabajadores ya no tendrán asegurado un período continuo de descanso, sino que podrán —o, más bien, deberán— dividir sus días según la conveniencia operativa de la empresa. Detrás del lenguaje burocrático que habla de “adaptación a las nuevas formas del trabajo”, se esconde una política clara: convertir la licencia anual en una variable de ajuste productivo.
La reforma mantiene la obligación de notificar con 21 días de anticipación la fecha de inicio del descanso, una formalidad que parece pensada más para garantizar la previsibilidad de los departamentos de recursos humanos que para proteger la vida familiar de los trabajadores. Con ese margen de tiempo, el empleado apenas podrá reorganizar su vida doméstica, pero difícilmente podrá planificar vacaciones reales. Se impone así un modelo donde la organización empresarial prevalece sobre la necesidad humana de desconexión.
El Gobierno intenta mostrar esta reforma como una versión “moderna” de la legislación laboral, adaptada a los nuevos tiempos. Pero en realidad reproduce la lógica neoliberal que inspiró las reformas de los años noventa: la individualización de las relaciones laborales y la reducción de los derechos colectivos. El texto habilita que los convenios sectoriales “negocien otras condiciones”, pero ese gesto de apertura es más aparente que real. En un contexto de debilitamiento sindical y desempleo creciente, las posibilidades de que los gremios puedan imponer condiciones favorables son mínimas.
La llamada “modernización” se traduce, una vez más, en una transferencia de poder del trabajador hacia la empresa. En lugar de garantizar que las vacaciones cumplan su función reparadora, la reforma las convierte en una herramienta de gestión flexible. Bajo este nuevo esquema, los empleados podrían verse obligados a dividir su descanso en función de las necesidades de producción, de los ciclos de demanda o de los caprichos del calendario corporativo. El descanso deja de ser un derecho social y se convierte en un bien administrado por la empresa.
El artículo presentado por Romina Diez incluso avanza sobre la estacionalidad del descanso. El empleador solo deberá garantizar que cada trabajador tenga vacaciones durante el verano una vez cada dos años, salvo que el empleado decida lo contrario. Esa cláusula, presentada como un equilibrio razonable, encubre un retroceso: hasta ahora, el verano era la referencia natural para el descanso anual, especialmente en actividades de alta carga física o emocional. Al desplazar esa garantía, la norma erosiona un principio básico de bienestar laboral.
La posibilidad de tomar vacaciones conjuntas para trabajadores con vínculos familiares dentro de la misma empresa parece, a primera vista, un gesto progresista. Pero también aquí se cuela la asimetría: el derecho solo se ejerce “si ambos lo solicitan” y “siempre que el empleador lo conceda”. En otras palabras, la decisión última sigue recayendo sobre la empresa. El proyecto no refuerza derechos familiares, sino que los condiciona a la voluntad empresarial, como si el descanso en pareja o con hijos fuera una concesión y no una necesidad social.
El texto oficial insiste en que el fraccionamiento de las vacaciones “refleja las nuevas modalidades del trabajo”, pero lo que realmente refleja es el avance de un paradigma donde la productividad manda sobre el bienestar. Al permitir que el descanso se divida, se alinea con las lógicas del trabajo fragmentado y la disponibilidad permanente que caracterizan al capitalismo digital. En lugar de garantizar tiempo real de recuperación, la reforma legaliza la interrupción y la dispersión del descanso.
La propuesta también altera el equilibrio de poder entre empleadores y empleados. La comunicación por escrito con tres semanas de anticipación parece una formalidad menor, pero en la práctica refuerza la jerarquía unilateral del empleador. En el modelo anterior, las vacaciones eran un período protegido por ley, con márgenes claros y previsibles. Con el nuevo diseño, cada trabajador deberá adaptarse al cronograma empresarial. El cambio no es técnico: es político. Se trata de una redefinición de la relación de fuerza en el mundo del trabajo.
A nivel discursivo, el Gobierno presenta esta iniciativa como parte de una “reforma integral” para “liberar” al mercado laboral de “rigideces obsoletas”. Sin embargo, la supuesta libertad que propone es, en realidad, la libertad del empleador para disponer del tiempo de los demás. Es la misma lógica que guía otras medidas del oficialismo: la desregulación de precios, la reducción del Estado, la flexibilización de los contratos y la supresión de instancias de control colectivo.
En ese sentido, el cambio en el régimen de vacaciones no es un hecho aislado, sino parte de una política coherente de desmantelamiento del derecho laboral. Cada artículo que se toca bajo la excusa de “agilizar” o “modernizar” encierra un recorte. Se erosiona la idea de que el trabajo es una relación social protegida por el Estado, para reemplazarla por la noción de que el trabajo es un contrato entre partes desiguales, donde el más fuerte —la empresa— impone sus condiciones.
En nombre de la eficiencia, el Gobierno propone una flexibilización que no beneficia al trabajador. Lo que se presenta como una opción de “dividir las vacaciones según la preferencia individual” es, en los hechos, una forma de atomizar al colectivo laboral. Al dispersar los períodos de descanso, se rompe también la sincronía del descanso colectivo, elemento esencial en la vida social de las comunidades obreras. La desincronización del descanso es la desincronización de la vida social.
El derecho a las vacaciones fue concebido como un tiempo de reparación física y psíquica. La reforma de Milei lo redefine como una variable productiva. Al legitimar la fragmentación, la anticipación mínima y la extensión del calendario, el proyecto consolida un modelo donde el descanso deja de ser un espacio de autonomía y se convierte en una extensión del control patronal.
Los defensores de la reforma sostienen que “el mundo cambió” y que “las empresas necesitan adaptarse”. Pero lo que cambió no es el valor del descanso, sino el equilibrio entre capital y trabajo. En una economía precarizada, con salarios a la baja y sindicatos bajo ataque, cualquier flexibilización se traduce en pérdida. El descanso no puede ser eficiente: debe ser humano.
El debate en el Congreso será la prueba de fuego para saber si las instituciones argentinas todavía reconocen que el descanso es un derecho, no un lujo. Si se aprueba esta reforma, la promesa de “modernización” quedará como lo que realmente es: un eufemismo para el ajuste laboral más profundo desde los noventa.
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