“Vialidad Nacional: El ajuste de Milei que desmantela rutas, soberanía y vidas”. Trabajadores viales desbordan las calles en una marcha multitudinaria contra el cierre de la DNV y denuncian un decreto que entrega las rutas al negocio privado, amenaza miles de empleos y deja a la infraestructura del país al borde del abismo.
Hay veces en que un decreto no es solo un papel firmado en un despacho oficial. Hay veces en que un decreto es dinamita. Porque dinamita estructuras, derechos y, lo que es más grave, pone en riesgo vidas humanas. Eso es, ni más ni menos, lo que está ocurriendo con la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una institución clave para mantener las arterias por donde late la Argentina productiva y social. Y lo que se vio en la calle lo dice todo: más de 2500 trabajadores, con bombos, banderas y una bronca que se podía cortar con cuchillo, marcharon para gritar que no piensan dejarse avasallar. “Esta pelea se la vamos a ganar como sea”, advirtió Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), sin dejar lugar a dudas de que el conflicto recién empieza.
La postal de la marcha fue elocuente: columnas que partieron de la sede de Vialidad, avanzaron sobre el Ministerio de Economía y desembocaron en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Pero lo que está en juego no es solo el destino de 5.200 familias que podrían quedarse en la calle. Lo que está en juego es la soberanía vial de un país que parece dispuesto a rifar su patrimonio en nombre de un dogma de mercado que no distingue rutas de negocios ni vidas de números en un Excel.
Porque si algo quedó claro en las declaraciones de Aleñá es que el relato oficial del gobierno está plagado de falsedades. El decreto que impulsa el cierre sostiene que el 70% del personal vial es administrativo y solo el 30% operativo. Una excusa perfecta para pintar a la DNV como un ente ineficiente, sobredimensionado y prescindible. Pero Aleñá lo desmintió sin titubear: “Es totalmente a la inversa y lo desmiento públicamente, haciendo responsable a Alejandro Tamer, del Ministerio de Desregulación, por acercar un informe falso entregando a los trabajadores”. Palabras que no solo exponen un conflicto gremial, sino que encienden las alarmas sobre la base misma sobre la cual se justifica este ajuste brutal.
En medio de bombos y cánticos, hubo espacio para la arenga política. Porque esto no es un tema técnico. Esto es profundamente político. Aleñá apuntó directamente contra los diputados que levantaron la mano para aprobar la Ley Bases, la misma ley que habilita el desguace que ahora amenaza con dejar a 118 rutas nacionales abandonadas a su suerte. “La bicameral aún está a tiempo y puede detener esta locura que quiere llevar adelante el Gobierno de Milei”, advirtió, como quien sabe que, en la arena parlamentaria, todavía queda una batalla por dar.
Y si la disputa suena abstracta, alcanza con repasar las consecuencias concretas que Aleñá puso sobre la mesa. Más de 32.000 kilómetros de rutas nacionales quedarían sin mantenimiento ni cobertura. Pasos fronterizos, puentes, tramos críticos para el operativo nieve o zonas de catástrofe, como Bahía Blanca o Zárate, que dependen de la intervención veloz de Vialidad Nacional, quedarían a la deriva. Es decir, rutas más rotas, más muertes, más aisladas las provincias. Porque la ruta no es solo asfalto: es producción, turismo, salud, educación, vida. Y eso, parece, a Milei poco le importa.
La misma Aleñá lo resumió en una frase que hiela la sangre: “En el decreto no dice a dónde van a ir los fondos que tienen depositados por más de 400.000 millones de pesos. Como tampoco quién va a atender la red, los pasos fronterizos, los puentes, los cuales sin conservación se vienen abajo”. No hace falta demasiada imaginación para saber a dónde irá ese dinero si se sigue el libreto de este gobierno: a engrosar la caja privada de empresas amigas, mientras el Estado se retira y los ciudadanos quedan a la buena de Dios.
Hay una sensación de déjà vu en esta historia. Porque la Argentina ya vivió procesos de privatización que prometieron eficiencia y terminaron en servicios más caros, más deficientes y en manos de grupos concentrados. Y aunque el relato libertario proclame que “el mercado lo soluciona todo”, la realidad demuestra que las rutas no se mantienen solas, ni las emergencias viales se resuelven con “mano invisible”.
Por eso no sorprende que la marcha haya contado con un amplio respaldo de otros gremios y dirigentes políticos. Allí estuvieron Christian Castillo del PTS, Juan Carlos Schmid de la CATT, Karina Moyano de Camioneros, Paco Manrique y Sergio Palazzo, entre tantos otros. Porque este no es un tema corporativo. Este es un tema de país. La red vial es un bien público estratégico, y entregarla a la lógica del lucro equivale a hipotecar soberanía. Y si alguien piensa que esto es una exageración, basta mirar lo que ocurre en provincias donde las rutas son concesionadas: peajes impagables, obras incumplidas y usuarios rehenes de empresas cuyo único interés es la ganancia.
No menos alarmante es el trasfondo fiscal del ajuste. Aleñá denunció que el Gobierno sigue cobrando el Impuesto al Combustible pero retiene ilegalmente sus fondos, mientras paraliza obras en todo el país. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se lo queda? Misterio absoluto. Otra vez, la opacidad como sello de un gobierno que se llena la boca hablando de transparencia mientras oculta el destino de cientos de miles de millones de pesos.
El clima social empieza a recalentarse. Los gremios lo saben. Aleñá lo sabe. Y lo saben los miles de trabajadores que, con lágrimas contenidas y rostros endurecidos, marcharon convencidos de que no hay margen para retroceder. Porque en este caso no se trata solo de sus sueldos, sino de la seguridad de millones de argentinos que dependen de rutas transitables, puentes seguros y pasos fronterizos operativos. Y porque, aunque el discurso oficial los tilde de “casta” o de privilegiados, lo cierto es que los viales han demostrado estar siempre en la primera línea cuando las rutas se rompen, cuando el hielo bloquea pasos estratégicos o cuando las inundaciones arrasan pueblos enteros. Eso, el gobierno de Milei ni lo menciona. Quizás porque reconocerlo implicaría admitir que no todo puede quedar en manos del mercado.
Mientras tanto, la incertidumbre se extiende como una mancha de aceite. Nadie sabe qué empresa tomará las obras. Nadie aclara quién responderá ante una emergencia. Nadie explica qué pasará con los 5.200 trabajadores. Y mientras el gobierno sigue vendiendo eslóganes libertarios, el país queda a merced de decisiones tomadas con la liviandad de quien nunca pisó el barro de una ruta cortada.
Graciela Aleñá lo gritó bien claro: “Esta pelea se la vamos a ganar como sea”. Suena desafiante. Suena épico. Pero sobre todo, suena a la voz desesperada de quienes saben que, si pierden esta batalla, lo que se pierde no es solo un empleo, sino la idea misma de un Estado que cuide a su gente. Y en esa encrucijada estamos todos, aunque muchos todavía no lo quieran ver.
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