La revelación golpea de lleno al Ministerio de Justicia de Cúneo Libarona y expone un insólito conflicto de intereses en el corazón del organismo que debería investigar la corrupción.
La crisis interna por el escándalo de la Andis sumó un capítulo todavía más turbio: el abogado Camilo Cordero Fabbri, quien se desempeña como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias en la Oficina Anticorrupción —es decir, un funcionario con responsabilidad directa en recibir e impulsar investigaciones por irregularidades— resultó ser el defensor de Miguel Calvete, el lobista de las droguerías detenido por la causa de las coimas que salpica al gobierno de Javier Milei.
La situación es explosiva porque la OA depende directamente del Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, y es precisamente el organismo que debería estar a la vanguardia del combate contra los negociados, las coimas y la captura privada del Estado. Pero, en lugar de eso, uno de sus directores aparecía en plena escena del allanamiento a Calvete, metiéndose en un operativo judicial sin justificar su presencia, preguntando “qué estaba pasando” y, según reveló La Nación, actuando como hombre de auxilio del lobista en medio del procedimiento.
El propio diario expuso además un detalle que roza lo grotesco: en la cocina de la casona de Defensa al 1400 donde operaba Calvete había un papel pegado con instrucciones para manejarse frente a cualquier consulta judicial. El mensaje dejaba claro el nivel de ocultamiento: “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz: ACÁ NO ES”. La mención a Guadalupe Muñoz, pareja del lobista, confirma la dimensión de una red ilegal que convivía con absoluta normalidad en un espacio que funcionaba como oficina, guarida y centro de operaciones.
Aunque Cordero Fabbri no figura como abogado defensor de Calvete en la causa por las coimas en la Andis, sí lo hizo en otro expediente: el del caso por el que el empresario terminó preso en Ezeiza por explotación de la prostitución ajena. Su nombre, lejos de ser un detalle aislado, aparece incluso en la lista “Tuco” secuestrada al lobista, donde figuran varias personas que integraban su círculo de confianza dentro y fuera del Estado.
La misma lista ya provocó caídas resonantes en el gobierno libertario. Ornella y Susana Calvete —hija y hermana del lobista— debieron renunciar a sus cargos en la administración pública. Y también cayó Javier Cardini, número dos de Industria y pareja de Ornella Calvete, a quien la Justicia le encontró 700 mil dólares en el domicilio que compartían. La trama combina vínculos familiares, negocios privados, favores mutuos y presencia en áreas clave del Estado, lo que sugiere un nivel de penetración institucional incompatible con cualquier narrativa anticorrupción.
El caso deja expuesta una contradicción monumental: mientras Javier Milei se presenta como enemigo acérrimo de la “casta” y defensor de la transparencia, su propio Ministerio de Justicia tenía dentro de la Oficina Anticorrupción a un funcionario que actuaba como abogado del principal implicado en un esquema millonario de coimas en organismos públicos. Que ese mismo funcionario estuviera presente en un allanamiento, sin explicación clara y consultando qué ocurría, muestra hasta qué punto la línea entre Estado y operadores privados quedó completamente desdibujada.
La pregunta que queda flotando es obvia pero inevitable: ¿cómo puede funcionar un organismo anticorrupción cuando uno de sus directores aparece comprometido con el acusado central de un caso que pone en jaque al propio gobierno? La trama recién empieza a desplegarse, pero ya deja a la vista un patrón inquietante: la convivencia promiscua entre funcionarios libertarios, operadores de negocios turbios y un Estado cada vez más permeado por intereses privados que operan bajo protección política.
En cualquier país serio, este escándalo sería suficiente para provocar renuncias inmediatas, investigaciones internas y un replanteo institucional. En la Argentina de Milei, todo indica que será apenas otro capítulo de una cadena de episodios donde la supuesta “lucha contra la corrupción” queda reducida a un eslogan vacío, mientras los hechos revelan una maquinaria aceitada de favores, complicidades y encubrimientos.
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