Tiembla el gobierno: Casanello levantó el secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

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La investigación por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no es un murmullo de pasillos: es un terremoto que golpea directamente al círculo íntimo del poder libertario. El juez federal Sebastián Casanello decidió levantar el secreto bancario y fiscal del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y de su segundo, Daniel Garbellini. La medida también alcanza a los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, sospechada de ser parte clave en la red de sobornos vinculada a las millonarias licitaciones de medicamentos.

El operativo del viernes pasado terminó de exponer la dimensión del escándalo: allanamientos en la sede de la ANDIS, en la droguería Suizo Argentina y en las lujosas viviendas de los hermanos Kovalivker en Nordelta. Allí, los investigadores encontraron 266 mil dólares en efectivo y siete millones de pesos escondidos en un auto, además de cajas fuertes vacías que sugieren un apresurado desmantelamiento antes de la llegada de la policía. Una postal obscena de la corrupción en tiempos de ajuste y hambre.

Fuentes judiciales confirmaron que durante los procedimientos la droguería mostró “poca colaboración”. La resistencia incluyó trabas en la entrega de documentación digital, lo que obligó a la Justicia a llevarse servidores, discos rígidos y correos electrónicos laborales. Todo apunta a desentrañar la ruta de los supuestos pagos ilegales que, según la denuncia, salpicaban directamente a Karina Milei y a su operador de confianza, Eduardo “Lule” Menem.

No se trata de un rumor aislado: los audios que circulan en el expediente mencionan a la hermana del Presidente y al todopoderoso Menem como beneficiarios de un porcentaje de cada compra que realizaba la ANDIS. El Gobierno, por supuesto, se apresuró a gritar “operación electoral”, pero los hallazgos en efectivo y el despliegue de la Justicia dejan cada vez menos margen para el relato oficial.

La ofensiva judicial incluyó el bloqueo de cajas de seguridad y oficios al Banco Central, a la AFIP porteña y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La lupa ya no está en un puñado de funcionarios de segunda línea: el caso amenaza con trepar hasta el vértice mismo del poder libertario.

Mientras Milei agita el discurso del “fin de la casta” y justifica recortes brutales sobre jubilados, discapacitados y trabajadores, sus propios funcionarios y socios empresariales quedan al descubierto con fortunas en dólares escondidas en autos de lujo. Una contradicción tan brutal como innegable.

El escándalo de la ANDIS ya es mucho más que un caso de corrupción: se transformó en un espejo incómodo de un Gobierno que prometió transparencia y terminó sumergido en la más vieja de las miserias políticas argentinas.

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