El diputado Rodolfo Tailhade reveló una lista manuscrita con 68 nombres vinculados al empresario Miguel Ángel Calvete, que implicaría al entorno de Karina Milei y a un funcionario clave de la Oficina Anticorrupción, lo que abre interrogantes serios sobre la coherencia del discurso anticorrupción del gobierno.
Una causa que debía servir para mostrar un cambio de época en la gestión pública se transformó en reflejo de los peores vicios del poder. En el centro del escándalo figuran coimas por cientos de millones, involucrados con armas registradas y vínculos íntimos con el círculo oficialista. ¿Hasta dónde llega el pacto de impunidad en esta administración?
El caso que se abre en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su presunto direccionamiento de licitaciones para insumos destinados a personas con discapacidad expone algo más que un delito flagrante: pone al desnudo la grieta entre el discurso de cambio del gobierno de Javier Milei y la realidad cruda de la corrupción enquistada.
El diputado Rodolfo Tailhade publicó el 20 de noviembre de 2025 en su cuenta en X una lista manuscrita —apodada “Tuco”— con 68 nombres referidos al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicado como el supuesto jefe de una asociación ilícita que se quedó con entre el 10 % y el 20 % de sobreprecios en las licitaciones de ANDIS, por más de ARS 5.000 millones. Allí aparecen funcionarios de la ANDIS, empresarios del rubro de prótesis y audífonos, personas del Ministerio de Economía y un funcionario de la Oficina Anticorrupción.
Uno de los nombres más incómodos es el de Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri, abogado y coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias en la Oficina Anticorrupción. Aparece en la lista “Tuco” —según Tailhade—, figura que también lo vincula con el empresario Calvete como defensor durante un allanamiento en su domicilio el 18 de noviembre. ¿Puede un organismo que promete combatir la corrupción albergar a alguien con semejantes vínculos? Esta pregunta, que podría sonar exagerada, se convierte en realidad incómoda.
Mientras tanto, del lado del gobierno no llegó hasta ahora una explicación convincente. La OA emitió un comunicado genérico defendiendo su independencia, pero sin brindar detalles sobre Cordero Fabbri o medidas concretas. En un sistema que pregona “mano dura contra la casta”, la continuidad en el cargo del funcionario es un síntoma, no una excepción.
La magnitud del escándalo también es escalofriante: en la casa de la hija de Calvete, Ornella, se secuestraron USD 700.000 en efectivo, joyas y autos de lujo. Esa acumulación de dinero fácil crece en cualquier dictadura de impunidad; que ocurra bajo un gobierno que prometía romper con esos vicios no es casualidad, es advertencia.
Por supuesto —y lo subrayo sin ambajes— este caso está en plena investigación y muchas de las imputaciones aún no se han dilucidado judicialmente. La lista “Tuco” aún no fue peritada ni admitida formalmente como prueba definitiva. Y los defensores del oficialismo califican la denuncia como una “opereta kirchnerista” sin base sólida. Sin embargo, ignorar los hechos, esconder los vínculos, es aceptar de facto que el problema es estructural y no meramente aislado.
La esencia del asunto no es solo la corrupción, sino el pacto de silencio: un funcionario de un organismo clave que debería investigar aparece implicado en la misma red que investiga, un empresario con acceso privilegiado al poder, y un entorno oficialista que aparentemente miró para otro lado. El discurso de transparencia se desvanece como neblina. Y mientras tanto, vulnerables, quedan quienes dependen de los servicios que esa agencia debía brindar.
Este escándalo exige una respuesta que vaya más allá de la retórica y los gestos simbólicos. Demanda investigaciones independientes, sanciones claras y responsables que respondan políticamente. Que los testimonios lleven a hechos, que las listas manuscritas terminen en auditorías judiciales, que los funcionarios con armas registradas y vínculos dudosos sean removidos. Porque de lo contrario, el gobierno de Milei se habrá convertido —a su pesar o por inacción— en un gobierno que tapa lo que denuncia.
En última instancia, este episodio nos deja una certeza amarga: no basta con proclamar el fin de la “casta”, si la casta vuelve a ocupar los sillones de mando bajo otras siglas. Y esa es la lección que la ciudadanía debe tener presente, sin eufemismos, sin mitos, sin medias verdades.
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