Siniestros: Los hermanos Milei y la ANDIS: negocio para los poderosos, abandono para los vulnerables

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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se convirtió en el epicentro del mayor escándalo de corrupción de la gestión de Javier Milei. Una trama de coimas, contratos millonarios con sobreprecios, audios explosivos, allanamientos y celulares desbloqueados pone contra las cuerdas a la mesa chica presidencial, donde aparecen mencionados Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Lejos de ser un episodio aislado, el caso exhibe la imprudencia, el desorden y el cinismo de un gobierno que hace del ajuste y de la persecución un dogma, mientras se enriquecen empresarios amigos y funcionarios protegidos.

El llamado “Coimagate” de la ANDIS comenzó a estallar con los audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que hablaba de retornos a funcionarios y operadores políticos. Lo que parecía un simple rumor se transformó en evidencia material con allanamientos, detenciones y el hallazgo de dinero fresco, prolijamente ensobrado. Los hermanos Kovalivker, accionistas de la Droguería Suizo Argentina, fueron interceptados con 200 mil dólares en un auto, un detalle que retrata la impunidad con la que operaba el circuito de recaudación ilegal.

El escándalo es todavía más aberrante si se considera que involucra recursos destinados a personas con discapacidad. Es decir, mientras el gobierno justificaba la baja masiva de pensiones por supuesta falta de fondos, los mismos dineros públicos se desviaban a través de sobreprecios en medicamentos y contratos irregulares. La “austeridad” que Milei predica se convierte, en los hechos, en un negocio para unos pocos. Y la indignación social no tardó en manifestarse: el hit “Alta coimera” comenzó a escucharse en estadios y boliches, anticipando que el humor popular ya dictó sentencia contra los responsables.

Las investigaciones judiciales avanzaron a pesar de la resistencia oficial. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi lograron acceder al celular de Spagnuolo, pese a que el exfuncionario se negó a entregar las claves. Los peritos forenses clonaron el contenido y descubrieron mensajes borrados que ahora son reconstruidos para trazar la ruta de los sobornos. A eso se suma la información de las antenas, los registros de accesos a barrios privados y las geolocalizaciones de los implicados. Es una radiografía digital que puede dejar expuesto el verdadero alcance del esquema de corrupción.

El material secuestrado no se limita a Spagnuolo. También se incautaron los teléfonos de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, así como el de Daniel Garbellini, otro de los empresarios en la mira. Las pericias incluyen documentos, chats, registros de llamadas y hasta videos de Nordelta, donde se investiga si hubo ayuda para que los sospechosos evadieran a las autoridades en los primeros allanamientos. El rompecabezas es grande, pero cada pieza que aparece muestra un cuadro más comprometedor para el gobierno.

Mientras tanto, la defensa de los Kovalivker busca frenar la causa con una jugada de manual. Invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para pedir la nulidad absoluta del proceso, alegando que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y que todo el expediente es una “caza de brujas”. No sorprende: cuando los hechos son tan evidentes, la estrategia es embarrar la cancha con tecnicismos legales, denunciar conspiraciones políticas y victimizarse. La narrativa es tan débil que incluso el escrito presentado por el abogado Martín Magram reconoce que la defensa desconoce buena parte del expediente y se apoya en “información de prensa”. Un intento desesperado que, lejos de despejar dudas, confirma la magnitud del escándalo.

En paralelo, el gobierno responde con torpeza y contradicciones. Milei primero eligió el silencio, luego lanzó frases autoincriminatorias y, en su máxima muestra de cinismo, declaró que sería implacable con los funcionarios corruptos, “excepto Karina”. Como si la moral tuviera excepciones familiares. Más tarde, el vocero Manuel Adorni terminó admitiendo que los audios de la hermana del presidente fueron grabados en la misma Casa Rosada, lo que volvió risible la acusación contra supuestos “kukas infiltrados”. La interna oficialista se profundiza entre los Menem, Villarruel y el propio Milei, cada uno sospechando de operaciones cruzadas, mientras el país asiste a un grotesco espectáculo de improvisación política.

El problema es que el caso ya se instaló en la sociedad y difícilmente pueda ser desactivado con excusas. No se trata solo de un escándalo de corrupción más, sino de un esquema montado sobre los fondos de los sectores más vulnerables. No es la coima en abstracto, es la coima con el presupuesto de la discapacidad. Esa herida moral no cicatriza con comunicados oficiales ni con teorías conspirativas. Es un golpe directo a la credibilidad del gobierno y a su pretendida bandera de la transparencia.

La oposición, por su parte, observa que la “caja negra” de la contratación de medicamentos empieza a quedar al descubierto y que el acceso a los chats borrados puede escalar hacia figuras de mayor peso político. Y aunque aún falta procesar pruebas, la sensación instalada es que el daño para el oficialismo ya está hecho. Ni siquiera importa demasiado quién filtró los audios o qué sector financió la operación. Lo que importa es la percepción popular: la convicción de que este gobierno, que se jacta de ser distinto, repite las peores prácticas de la política argentina.

No es casual que las reacciones sociales empiecen a recordar al “Que se vayan todos” de 2001 o a la rebelión chilena de 2019. En un contexto de recesión, desempleo y pobreza en alza, el estallido de un escándalo que desnuda el doble discurso oficial puede convertirse en un catalizador de malestar. Las calles ya muestran señales de esa bronca acumulada, y las elecciones se acercan con un clima que al gobierno se le escapa de las manos.

El Coimagate de la ANDIS no es solo una causa judicial. Es un síntoma de un modelo político corroído, que recorta derechos a los más débiles mientras garantiza negocios sucios a los más poderosos. Es la demostración de que el ajuste no es austeridad, sino saqueo. Y es, finalmente, el espejo en el que se refleja la verdadera naturaleza del gobierno de Javier Milei: un poder que se presenta como libertario, pero que se alimenta de la misma podredumbre de siempre.

Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/853922-tres-reflexiones-sobre-el-coimasgate-en-andis
https://politicaymedios.com.ar/nota/22208/coimas-en-andis-la-justicia-desbloqueo-el-celular-de-spagnuolo-y-pone-la-lupa-en-chats-borrados/
https://www.ambito.com/politica/coimas-andis-los-duenos-la-drogueria-suizo-argentina-pidieron-la-nulidad-absoluta-la-causa-n6184825

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