La causa “Cuadernos de las Coimas” vuelve a crujir. Lo hace cada vez que un nuevo peritaje, una filtración o una resolución judicial revela que el expediente que moldeó la escena política argentina desde 2018 se sostiene sobre una estructura endeble, contradictoria y manipulada. Esta vez, el impacto fue tal que ni siquiera la estrategia oficialista logró ocultarlo del todo, aunque el gobierno de Javier Milei —hábil para capitalizar cualquier elemento que contribuya a reforzar su narrativa anticorrupción— redobló su uso político del caso.
La periodista Vanesa Petrillo informó en X una resolución judicial que, lejos de cerrar discusiones, abre una grieta aún mayor en la construcción probatoria. El juez Marcelo Martínez de Giorgi volvió a procesar al ex policía Jorge Bacigalupo —sí, el hombre que recibió los cuadernos de manos del chofer Oscar Centeno y se los entregó al periodista Diego Cabot— por falsificación de documento público y encubrimiento agravado. Se trata de una decisión que revierte el sobreseimiento que la Cámara Federal le había otorgado en julio de 2024 y que incorpora un peritaje demoledor: hubo manipulación de los cuadernos.
Esta noticia coincidió con la circulación de un dato explosivo en redes sociales y espacios alternativos: los grandes medios evitaron mencionarlo, pero Bacigalupo habría agregado menciones a Gerardo Ferreyra —ejecutivo de Electroingeniería— para vincularlo con supuestas maniobras de sobornos. Esa intervención no sería inocente ni aislada. Ferreyra tenía la licitación para construir dos represas y, según denuncian sectores vinculados al kirchnerismo y abogados del caso, el expresidente Mauricio Macri necesitaba desplazarlo. Ferreyra terminó detenido. La licitación quedó en disputa. Y el señalamiento de que Bacigalupo participó activamente en esa maniobra como engranaje de un mecanismo político-judicial deja al descubierto que la causa Cuadernos podría ser, como muchos sostienen, “el juicio más trucho del mundo”.
La afirmación puede sonar exagerada, pero los hechos la acercan bastante a la realidad. El peritaje realizado por la División Scopometría de la Policía Federal en noviembre de 2025 confirma que los cuadernos Nº 4 y Nº 7 tienen sobreescrituras, tachaduras y agregados cuya autoría coincide con la letra de Bacigalupo. Se detectaron intervenciones como el reemplazo de “Marcelo” por “Armando”, alteraciones en direcciones y la inclusión de referencias como “Ing. Ferreyra”. No fue una sola intervención. Fueron más de 130 correcciones realizadas después de que la causa ya había tomado estado público. Esto implica que la prueba fundante fue manipulada cuando ya estaba bajo escrutinio judicial.
La gravedad institucional es evidente. Sin embargo, la reacción política del gobierno fue completamente funcional a su relato. Mientras el peritaje pone en crisis la credibilidad de la causa, Milei y sus voceros mantienen la narrativa de “la corrupción kirchnerista” como explicación universal de la decadencia argentina. Usan la causa para disciplinar políticamente a la oposición, justificar su ajuste sin anestesia y consolidar una retórica donde ellos representan el orden moral frente a una oposición caricaturizada como corrupta.
La causa Cuadernos es ideal para ese propósito. Está cargada de simbolismo, tiene una potencia mediática incomparable y condensa, en el imaginario social, la idea de que la obra pública fue un botín. Pero el relato oficial omite sistemáticamente las irregularidades que hoy resurgen con fuerza. No se trata solo del origen dudoso de los cuadernos, que aparecieron primero como fotocopias y recién un año después como originales. No se trata solo del rol del periodista Cabot ni de la facilidad con la que un policía retirado manipulaba material que luego se convertiría en prueba central de un expediente que afectó a más de 160 personas. El problema es más profundo: el peritaje muestra que hubo edición, reescritura, agregado de nombres y alteración de datos sensibles.
A pesar de ello, el gobierno de Milei insiste en tomar los cuadernos como una verdad revelada. No le importa que los peritos detectaran dos tipos de escritura, que hubiera inclinaciones propias de dictado, que partes del texto no coincidan con la evolución estilográfica del supuesto autor o que el expediente haya sido moldeado a través de arrepentidos presionados bajo amenaza de prisión preventiva. El oficialismo necesita enemigos para justificar su plan económico. Y los cuadernos le sirven.
La nueva resolución judicial fortalece la tesis del lawfare: la utilización política de causas judiciales para perseguir o debilitar a determinados actores. Este concepto, ridiculizado durante años, hoy reaparece inevitablemente. No es una interpretación ideológica: es una consecuencia lógica de las adulteraciones confirmadas. Si quien se supone que custodió los cuadernos antes de su difusión los manipuló, el caso entero queda bajo sombra.
Bacigalupo, según la resolución, no solo conservó los cuadernos: los modificó. Lo hizo en momentos clave. Lo hizo agregando nombres que tenían intereses empresariales y políticos de enorme magnitud. Lo hizo en un contexto donde el expresidente Macri tenía razones para perseguir a ciertos empresarios del sector energético y obras de infraestructura. Y hoy el gobierno de Milei, heredero discursivo del macrismo, sigue usando la causa para justificar ataques, licuaciones, recortes y disciplinamiento político.
Los medios tradicionales, en su mayoría, eligieron minimizar la noticia. Algunos la mencionaron al pasar. Otros ni siquiera la publicaron. Esta invisibilización también es parte del engranaje: si se admite que la prueba principal de la causa está intervenida, la legitimidad del expediente se derrumba. Pero el relato anticorrupción es tan útil para la derecha argentina —en todas sus versiones— que cualquier grieta se tapa, cualquier manipulación se relativiza, cualquier evidencia se minimiza.
El gobierno de Milei, que prometió “terminar con la casta” y “limpiar la justicia”, hoy se apoya en un sistema judicial que exhibe exactamente aquellos vicios que decía combatir: arbitrariedad, opacidad, vínculos políticos y uso selectivo de la ley. En ese sentido, la causa Cuadernos vuelve a mostrar que la independencia judicial es más un eslogan que una realidad y que la manipulación de pruebas no es un desvío aislado sino parte inherente del funcionamiento del poder.
El juicio oral continúa. El TOF 7 sigue adelante, mientras la defensa de CFK y otros imputados insiste en que la manipulación debería anular el caso. La fiscalía argumenta que hay pruebas complementarias. Pero el daño está hecho: si la prueba madre está adulterada, todo el edificio judicial se tambalea. Y aunque el gobierno de Milei quiera evitarlo, una parte creciente de la sociedad empieza a percibir el expediente no como una causa contra la corrupción, sino como un mecanismo de persecución y disciplinamiento que hoy sirve para sostener un ajuste salvaje.
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