Por orden del juez Ariel Lijo un docente jubilado fue detenido y allanado por “amenazar” a Javier Milei en Facebook

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Daniel Vera, exprofesor de música de 64 años, fue allanado en Resistencia por la Policía porteña tras compartir críticas a Javier Milei y Netanyahu; quedó con arresto domiciliario tras intervención del Comité de Tortura del Chaco. El operativo, ordenado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, incluyó detenciones, incautaciones y condiciones carcelarias indignas; una causa que revela la fragilidad de la democracia ante el uso del delito y la coacción como herramienta política.

Daniel Vera, docente jubilado de música y empleado de OSPLAD, vivió el 2 de julio una jornada surrealista: mientras veía televisión en su casa de Resistencia, irrumpieron cuatro agentes de la Policía de la Ciudad y lo detuvieron tras un allanamiento a 1.000 km de distancia. Acusado de “amenazas” contra Javier Milei y figuras públicas afines, su detención abre una brecha controversial entre libertad de expresión y creciente autoritarismo estatal.

El drama comenzó con una publicación en Facebook, bajo el alias “Elpidio Sánchez”, en la que Vera compartió un video y una serie de imágenes críticas del presidente, del primer ministro israelí y de periodistas oficialistas, acompañadas de frases como “como a ratas hay que cazarlos y eliminarlos”. Una retórica violenta, sí, pero en el marco de una denuncia por genocidio en Gaza. La mirada vertical del gobierno, sin embargo, no dudó en presentar el caso ante el Juzgado Federal Nº 4, que aceptó acusar al jubilado de amenazas, apología de la violencia y delitos contra una minoría — la incitación al odio, tipificada en la Ley 23.592 y el artículo 149 bis del Código Penal.

El operativo contra Vera se prolongó durante horas. Los policías porteños, junto a la Caminera del Chaco, requisaron su vivienda y secuestraron computadoras, discos externos, pendrives, armas de aire comprimido y cuchillos, muchas veces sin orden judicial específica. Además, revisaron todas las motos de su garaje aunque estaban en regla. Horas después, lo esposaron y trasladaron a la Comisaría Tercera de Resistencia, donde pasó 48 horas en un sillón, sin colchón, sin abrigo, sin sus medicamentos para la presión y, sobre todo, sin explicación del porqué de su arresto.

Un accionar delirante e inhumano que contrastó con la rapidez del juez Ariel Lijo: tras tomarse no más de unas pocas horas para la declaración indagatoria, ordenó la prisión preventiva y el traslado de Vera a una dependencia de la Policía Federal chaqueña. Fue recién la intervención del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco lo que permitió recuperar mínimas condiciones de detención dignas y—tras un nuevo hábeas corpus—lograr el arresto domiciliario la semana del 11 de julio. Medidas adicionales impuestas por los camaristas (retención del pasaporte, sistema de rastreo, prohibición de salir del país) parecen una overkill judicial para un caso donde lo simbólico y verbal prima sobre el riesgo real.

El caso Vera pone en evidencia el uso político y coercitivo de las herramientas judiciales como respuesta para silenciar la disidencia. Un jubilado sin capacidad operativa —sin logística, sin preparación, sin armas letales— es presentado como un “temible jubilado”. ¿La intención? Construir un enemigo interno, infundir temor y limitar voces críticas. Gremios docentes, organizaciones sociales y personalidades como Mariano Quirós no tardaron en rechazar la criminalización y apoyar al docente, repudiando el uso abusivo del sistema penal.

La cuestión no es menor: en una democracia, la crítica acérrima al poder no puede confundirse con amenazas reales. El límite está en la acción, no en la palabra. En este contexto, se impone preguntarse: ¿el Gobierno de Javier Milei se construye así, señalando y aislando a quienes expresan disenso? Estamos ante un paso autoritario disfrazado de legalidad judicial.

Las condiciones de detención en Resistencia, la tardanza en informar los cargos, la utilización de la ciberpatrulla porteña, el gasto de recursos para capturar a un jubilado, y la prisa judicial para dictar prisión preventiva, configuran una triangulación peligrosa: miedo, espectáculo y control. Una pinza perfecta para recordarnos que, sin libertad de expresión efectiva, hablar de derechos humanos es una simple utopía discursiva.

Ahora, frente al arresto domiciliario, Vera sigue con restricciones dignas de un condenado por crimen organizado. Puede salir por urgencias o salud, mientras su hijo asume la rutina familiar. La siguiente batalla será lograr su excarcelación definitiva; mientras tanto, Eduardo Feinmann se constituyó como querellante particular. La escalada no termina.

Este caso no es una excepción, sino el síntoma de una nueva etapa política donde la amenaza de denuncia, la presión judicial y la intervención de las fuerzas de seguridad se combinan para acallar voces incómodas. Como sociedad, debemos decidir si mejorar el sistema o permitir que esta práctica de represión se naturalice bajo la bandera del “orden”.

Fuentes: