La decisión del intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, de otorgar facultades administrativas y firma de resoluciones a una inteligencia artificial llamada “ZARA”, profundizó el debate sobre automatización estatal, legalidad, empleo público y la alineación con las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El anuncio generó rechazo en redes, en especialistas y en sectores que cuestionan delegar decisiones de gestión en sistemas sin responsabilidad legal.
La designación de “ZARA”, una inteligencia artificial investida como Directora General de Atención al Vecino No Humana mediante el Decreto Municipal Nº 532/2025, marcó un antes y un después en la administración pública argentina. No solo porque se trata del primer caso formal en el país de una IA con rango jerárquico y facultad de firmar actos administrativos, sino porque expone un choque profundo entre modernización tecnológica, responsabilidad institucional, empleo público y el clima político generado por el gobierno nacional de Javier Milei. Zárate se convirtió así en un laboratorio involuntario de los límites del Estado y del rol que la tecnología puede —o no puede— ocupar en la toma de decisiones públicas.
El intendente Marcelo Matzkin anunció el nombramiento el 13 de noviembre de 2025, acompañado de un discurso que osciló entre la épica tecnológica y la improvisación jurídica. La IA fue presentada como una funcionaria que podrá firmar habilitaciones comerciales, resolver expedientes y atender reclamos vecinales las 24 horas. Sin embargo, el dato más llamativo del anuncio no fue la ambición tecnológica, sino que ZARA ni siquiera está operativa: continúa en “fase de capacitación”, aunque ya cuenta con validez legal para emitir actos administrativos. Esto implica que, en la práctica, un sistema no probado está habilitado para tomar decisiones de gestión con consecuencias reales para la ciudadanía.
Ese detalle, que el municipio intentó minimizar, es un síntoma de un problema mayor. En un país donde el empleo público es un sostén para miles de familias, donde la crisis económica persiste y donde el gobierno nacional eliminó más de 70.000 puestos estatales entre 2024 y 2025, la delegación de funciones jerárquicas a una IA despierta temores fundados. La idea de modernizar se cruza con el fantasma del achicamiento del Estado, una bandera que Javier Milei convirtió en doctrina y que distintos sectores del PRO, incluido Matzkin, replican en sus distritos con entusiasmo.
La inversión también genera controversia. El municipio destinó 75 millones de pesos para el desarrollo, licitación e implementación de ZARA, en un contexto donde las cuentas locales están ajustadas, la recaudación no repunta y la inflación pulveriza cualquier presupuesto. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué sentido tiene invertir fondos públicos significativos en un funcionario artificial no operativo mientras trabajadores reales enfrentan recortes, congelamientos y sobrecarga de tareas?
La polémica escaló cuando el propio intendente publicó en la red social X un mensaje que, lejos de calmar las aguas, confirmó el núcleo del problema. En palabras textuales de Matzkin: “A partir del Decreto Municipal Nº 532/2025, designé a ZARA como primer funcionario municipal NO HUMANO con rango de director general. Esto implica que va a tener facultades para resolver expedientes y firmar resoluciones. No solo apostamos a la I.A. para la promoción industrial, sino que confiamos en esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad.” La transparencia del mensaje deja poco espacio para interpretaciones: la intención es delegar funciones ejecutivas, no solo tareas menores o asistenciales. El propio jefe comunal lo reconoce sin atenuantes. Esa admisión no solo refuerza la crítica política, sino que profundiza la alarma jurídica.
Uno de los cuestionamientos más fuertes apunta justamente a la legalidad de la medida. En Argentina, la responsabilidad administrativa, penal y patrimonial solo puede recaer sobre personas humanas o jurídicas. Una inteligencia artificial no es ninguna de las dos. No puede ser demandada, no puede ser sancionada, no puede ser interpelada. No puede asumir responsabilidad. La delegación de decisiones administrativas —como la firma de una habilitación comercial o la resolución de un expediente— en una entidad que no puede responder por sus acciones es un riesgo institucional evidente. Un riesgo que, además, está estudiado y advertido desde hace décadas.
Un usuario de X recordó un antecedente histórico que dejó expuesto lo absurdo de la decisión municipal. Compartió un fragmento de un manual de capacitación de IBM de 1979, donde ya entonces se afirmaba con contundencia: “Una computadora nunca puede ser considerada responsable, por lo tanto una computadora nunca debe tomar una decisión de gestión.” La frase, escrita cuarenta y seis años antes del decreto de Matzkin, sintetiza en una línea lo que debería haber sido un límite infranqueable: sin capacidad de responsabilidad, no puede haber autoridad. La publicación se viralizó dentro del debate local, no por nostalgia tecnológica, sino porque evidencia que el criterio que Zárate está ignorando no es una discusión novedosa, sino una advertencia histórica sobre los peligros de deshumanizar decisiones administrativas.
El argumento no es menor. La responsabilidad es el fundamento de todo acto público. Cuando un funcionario firma una resolución, sabe que esa firma implica consecuencias, obligaciones y eventuales sanciones. Una IA, en cambio, no puede enfrentar ninguna de esas instancias. Todo error —desde rechazar injustamente una habilitación hasta procesar mal un reclamo vecinal— caerá inevitablemente sobre el municipio, alimentando litigios, generando inseguridad jurídica y afectando directamente a los vecinos. En un contexto donde la ONU alertó en 2025 que el 25% de los sistemas de IA gubernamentales en el mundo produjeron resultados discriminatorios o erróneos, la falta de controles y auditorías resulta aún más preocupante.
Las críticas tampoco se limitan al ámbito técnico. El impacto laboral aparece como una preocupación central. Mientras Matzkin asegura que ZARA no reemplazará trabajadores, las experiencias internacionales demuestran que la automatización suele desplazar tareas rutinarias, especialmente en sectores administrativos. El Foro Económico Mundial proyectó la pérdida de decenas de millones de empleos rutinarios hacia 2030 por efecto de la IA. En municipios como Zárate, con una población de alrededor de 140.000 habitantes y una estructura administrativa donde muchos empleados no cuentan con formación técnica avanzada, el riesgo de sustitución laboral es real. La promesa de “potenciar trabajadores” se enfrenta con la posibilidad concreta de que sus funciones se reduzcan, se transformen o se vuelvan prescindibles.
Las reacciones públicas reflejan esa sensación de amenaza. El anuncio inicial del intendente apenas reunió unas decenas de interacciones positivas, mientras que las respuestas críticas se multiplicaron. La ironía predominó en comentarios como “premio Metaverso 2025”, pero también surgieron expresiones de alarma genuina. Usuarios de la ciudad calificaron la medida como “vergüenza ajena”, “deshumanizante” y “peligrosa”. La indignación no provino solo de militancias opositoras, sino de vecinos que dependen del Estado para realizar trámites esenciales y que ahora sienten que la administración local está experimentando con sus derechos.
El debate también pone en evidencia la distancia entre la narrativa de innovación y la realidad institucional del país. Países como Estonia o Singapur, que Matzkin cita como modelos, lograron implementar IA en trámites públicos después de años de marcos regulatorios, auditorías, transparencia algorítmica y robusta protección de datos. Nada de eso existe en el caso de Zárate. Aquí, la tecnología fue lanzada primero y analizada después. Es un experimento en tiempo real con consecuencias reales, pero sin las garantías mínimas que deberían acompañarlo.
La medida se percibe entonces no como una modernización responsable, sino como una decisión política alineada con la lógica del ajuste. Una lógica que ve al empleo público como un costo a reducir y no como un componente esencial del funcionamiento del Estado. La IA aparece así no como herramienta, sino como reemplazo. No como soporte, sino como sustitución. No como mejora, sino como excusa para avanzar en un proceso de deshumanización del Estado en plena crisis económica.
Zárate podría haber sido un ejemplo de innovación planificada e inclusiva. Podría haber incorporado IA en áreas específicas, con supervisión humana obligatoria, auditorías externas y participación de los trabajadores. Pero eligió otro camino: el del atajo fácil, el del impacto publicitario, el del experimento institucional sin red de seguridad. Esa elección no solo compromete la estabilidad laboral, sino que debilita la confianza ciudadana en una administración que ahora delega decisiones en sistemas opacos y sin responsabilidad.
La designación de ZARA es, en definitiva, una señal de época. Un síntoma de un clima político donde se confunde modernización con desregulación, eficiencia con recorte y futuro con improvisación. La tecnología puede transformar el Estado, pero solo si se la implementa con sensibilidad social, respeto institucional y conciencia de sus límites. Zárate hizo lo contrario. Y las consecuencias podrían sentirse mucho antes de lo que sus impulsores imaginan.
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