La política energética argentina vuelve a quedar atrapada en un laberinto de contradicciones, números maquillados y silencios incómodos. El diputado Carlos Daniel Castagneto presentó un proyecto de resolución para citar al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y exigirle respuestas sobre un escándalo que desnuda la verdadera naturaleza del supuesto “superávit” fiscal con el que el gobierno de Javier Milei se jacta ante los organismos internacionales. La escena se concentra en el Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande, un emblema del desarrollo energético argentino y uruguayo que, en lugar de recibir inversiones para modernizarse, se convirtió en víctima de la tijera oficial.
Los números son tan claros como demoledores. En 2024, el Ministerio de Economía dejó completamente sin ejecutar los 76.870.000 pesos asignados para la modernización de la Etapa II-A del complejo, financiados con el crédito BID 5767/OC-RG. Cero pesos transferidos, cero pesos devengados. Como si la modernización de una central hidroeléctrica que aporta al sistema energético nacional pudiera esperar indefinidamente. La parálisis es total y revela una decisión política que excede lo técnico: no se trata de ineficiencia, sino de una estrategia deliberada de ajuste.
La situación no mejora cuando se observa el otro frente, el programa de apoyo al incremento de la eficiencia energética (BID 4694/OC-RG). Allí, de un crédito vigente de 4.386 millones de pesos, solo se ejecutaron 2.847 millones, apenas un 64,93%. Y lo más grave: en el Presupuesto 2025, que no es más que la prórroga del presupuesto 2023, el gobierno repite la jugada. Durante el primer semestre del año, Caputo no transfirió ni un peso de los 3.087 millones asignados para esas acciones, congelando de facto cualquier avance en la eficiencia de un complejo clave.
La pregunta que sobrevuela es evidente: ¿dónde está la plata? ¿Cómo se justifica que los créditos vigentes, aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo, no lleguen a destino? La explicación, aunque implícita, es brutal. El llamado “superávit fiscal” que Milei exhibe como trofeo no es otra cosa que una construcción basada en la subejecución sistemática de programas estratégicos, en la mutilación de funciones esenciales del Estado. No hay magia, hay recortes. Y esos recortes se sienten en la energía, en la infraestructura y, por supuesto, en la vida cotidiana de millones de argentinos.
El proyecto de Castagneto es contundente al señalar esta maniobra. Recuerda que, incluso en 2025, con la Decisión Administrativa 10/2025 firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el propio Caputo, se reasignaron recursos “para afrontar gastos impostergables”. Sin embargo, cuando se llega al detalle, el resultado es un despropósito. De los 76.870.000 pesos iniciales para modernización, el presupuesto vigente se achicó a 6.870.000. Una poda de más del 90%. Y, como si fuera poco, ese monto tampoco se ejecutó.
A la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se le asignaron 3.025 millones de pesos para 2025, según el mismo anexo de la norma. Sin embargo, el interrogante sigue abierto: ¿se usaron esos fondos? ¿Se desviaron? ¿Siguen esperando en el limbo de las promesas no cumplidas? La incertidumbre es tan grande como la opacidad con la que el Ministerio de Economía maneja el tema. Por eso la citación de Caputo a la Cámara no es un capricho parlamentario, sino una obligación institucional. El Congreso tiene la responsabilidad de fiscalizar el destino de fondos internacionales que, lejos de ser un lujo, son vitales para garantizar la seguridad energética de la región.
Detrás de cada cifra congelada hay un trasfondo político que desnuda el modo en que gobierna Milei: con un Excel en la mano, desentendiéndose de las consecuencias. Lo que se presenta como disciplina fiscal no es más que la amputación de proyectos estratégicos. Y en este caso el costo es doble, porque se pierden recursos de financiamiento externo que ya estaban aprobados, mientras el complejo hidroeléctrico queda en una peligrosa inercia.
El relato oficial insiste en que la Argentina vive una etapa de “reconstrucción”. El lema de este 2025 pretende transmitir optimismo, pero la realidad es que la reconstrucción se hace con demoliciones: se destruye la capacidad de inversión, se paralizan obras y se posterga indefinidamente cualquier plan de modernización. El Salto Grande, con sus décadas de historia, aparece hoy como un símbolo de lo que está en juego: la soberanía energética hipotecada en nombre de un ajuste que solo beneficia a los balances financieros del gobierno ante los ojos del FMI.
El pedido de informes verbales no solo busca esclarecer el destino de los fondos, sino también exponer la lógica perversa que se esconde detrás del superávit. No es casual que en el texto de los fundamentos se hable de “errónea consideración de superávit fiscal”. Porque cuando un Estado deja de invertir en infraestructura crítica, cuando deja de ejecutar programas que ya cuentan con financiamiento internacional, lo que muestra no es eficiencia, sino negligencia deliberada. Un ahorro que, lejos de ser virtuoso, compromete el futuro.
El debate sobre Salto Grande trasciende lo local. Habla de cómo un gobierno que se presenta como libertario en realidad aplica un ajuste centralizado que reduce al mínimo la capacidad de gestión estatal. Habla de cómo se manipulan los números para construir un relato de orden fiscal, aunque detrás haya turbinas que no se modernizan, programas de eficiencia que se paralizan y compromisos internacionales que se incumplen. Habla, en definitiva, de una Argentina que se va quedando a oscuras, no por falta de recursos, sino por la decisión política de desfinanciar su propia energía.
Por eso resulta imperioso que Caputo dé la cara en el Congreso y explique lo inexplicable. Que diga por qué no se ejecutaron los fondos, qué destino tuvieron los millones aprobados, cómo piensa garantizar la modernización de un complejo hidroeléctrico estratégico si los recursos permanecen en los cajones del ministerio. Y que, de una vez por todas, el gobierno se haga cargo de que el verdadero costo del ajuste no está en los números prolijos que se exhiben a los acreedores, sino en la desarticulación de un Estado que debería garantizar el desarrollo y la soberanía.
En Salto Grande se condensa una verdad incómoda: el superávit de Milei no es un logro, es una farsa sostenida a costa del vaciamiento de políticas esenciales. Lo que está en juego no es solo una cifra en el presupuesto, sino la capacidad del país de sostener un modelo energético moderno y eficiente. Cada peso que no se ejecuta es un paso hacia atrás, una renuncia al futuro. Y esa es la cuenta que Milei y Caputo no quieren rendir, aunque tarde o temprano deberán hacerlo.
Fuente: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4457-D-2025.pdf
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