Agustina Propato presentó un proyecto de ley para derogar el artículo 4 del decreto 37/2025, el cual habilita que embarcaciones de bandera extranjera transporten cargas entre puertos argentinos. La medida del gobierno de Milei, presentada como una supuesta «desregulación», esconde una entrega directa de nuestra soberanía logística y comercial a manos foráneas.
La diputada nacional Agustina Lucrecia Propato presentó el proyecto 4035-D-2025 con un objetivo claro: detener una de las más graves decisiones del gobierno de Javier Milei en materia de política portuaria y soberanía económica. Se trata de la iniciativa que busca derogar el artículo 4 del Decreto de Necesidad y Urgencia 37/2025, ese texto anodino para algunos pero letal en su alcance: abre la puerta para que buques de bandera extranjera transporten cargas entre puertos argentinos, una medida que, disfrazada de modernización o eficiencia, se convierte en una claudicación de la soberanía nacional.
No estamos hablando de tecnicismos portuarios. Lo que está en juego aquí es una red vital que articula buena parte de la logística, la producción y el comercio interior de la Argentina. El decreto de Milei —enmarcado en una política que ya no disimula su vocación por entregar los bienes públicos al mejor postor— elimina las restricciones vigentes que protegían el cabotaje nacional. Hasta ahora, sólo los barcos de bandera argentina podían mover mercaderías entre puertos nacionales. Con la nueva normativa, este derecho queda abolido de un plumazo.
La diputada Propato no lo dice con eufemismos. En los fundamentos de su proyecto habla de “desguace del régimen nacional de navegación”, de “pérdida de soberanía sobre nuestras vías navegables” y de “una competencia desleal que pone en riesgo a la industria naval, a las flotas nacionales y a los miles de trabajadores que dependen de ellas”. Y tiene razón. Porque cuando un gobierno entrega el control de su red logística interna a naves de bandera extranjera, lo que hace es renunciar a su capacidad de regular, planificar y proteger los intereses nacionales frente a las leyes del mercado global.
Las consecuencias de esta decisión no son hipotéticas. Son concretas y están a la vuelta de la esquina. Primero, las empresas navieras argentinas —ya golpeadas por la desinversión y el abandono histórico— se verán imposibilitadas de competir en condiciones. Los barcos de bandera extranjera, que operan bajo otros regímenes laborales, impositivos y de costos, podrán ofrecer precios mucho más bajos, arrasando con lo que queda del sector nacional.
Segundo, al permitir que buques foráneos tomen control de los flujos de mercancía dentro del país, el Estado pierde capacidad de fiscalización y control. No se trata sólo de economía: se trata de seguridad, trazabilidad, planificación. ¿Qué garantía tendrá la Argentina de que lo que circula entre sus propios puertos esté bajo la mira del Estado? ¿Qué margen le queda a la Prefectura Naval para actuar si las embarcaciones responden a otras jurisdicciones?
El argumento del gobierno es el de siempre: «abrir la competencia», «bajar costos», «modernizar». Pero bajo esa retórica se esconde un proyecto ideológico que niega el rol del Estado y lo reemplaza por un darwinismo logístico en el que sólo los más fuertes —y los más grandes, y los más subsidiados por sus propios países— sobreviven.
Lo que hace Propato con su propuesta legislativa es encender una luz roja frente a este atropello. No desde la nostalgia de un nacionalismo vacío, sino desde la necesidad concreta de proteger una infraestructura vital para el desarrollo. Porque si la Argentina pierde el control de sus ríos, de sus puertos y de su red de transporte acuático, se vuelve rehén de intereses que no tienen ningún compromiso con el país ni con su gente.
El decreto 37/2025 no es una medida aislada. Forma parte de un patrón cada vez más evidente: Milei ha convertido la gestión estatal en un remate. Ya no se gobierna: se liquida. La educación pública, la salud, los ferrocarriles, la ciencia, las jubilaciones, las empresas estratégicas… todo entra en la misma lógica de vaciamiento. El artículo 4 del decreto es apenas una pieza más de ese rompecabezas. Pero es una pieza clave, porque pone en bandeja la columna vertebral del comercio nacional.
Frente a eso, la reacción de Propato es más que una formalidad parlamentaria. Es una advertencia. Y también una apuesta política: demostrar que aún es posible resistir al modelo de país que se nos quiere imponer desde arriba con decretos, sin debate democrático y sin evaluar sus consecuencias sociales.
Derogar el artículo 4 del DNU 37/2025 no es sólo corregir un error técnico. Es recuperar el control de nuestro presente y nuestro futuro. Es defender a los trabajadores de la marina mercante, a los astilleros nacionales, a los miles de empleos que hoy están en riesgo. Es sostener una lógica de desarrollo autónomo, no supeditada a las decisiones de corporaciones extranjeras.
Claro que nada de esto es sencillo. El oficialismo cuenta con un blindaje mediático poderoso y con un sistema institucional que, en muchos casos, le garantiza impunidad. Pero el Congreso todavía puede ser un espacio de disputa real. Si la iniciativa de Propato gana fuerza, si logra sumar voluntades, si rompe el cerco del silencio, puede convertirse en un símbolo de resistencia frente al avance de un modelo económico despiadado.
El proyecto 4035-D-2025 es, en ese sentido, mucho más que una propuesta legislativa. Es una defensa de la soberanía, una defensa del trabajo argentino, una defensa del sentido común frente a la demencia de un gobierno que todo lo mide con la vara de la rentabilidad. Y en un contexto donde las decisiones se toman con desprecio por la historia y la identidad nacional, iniciativas como esta nos recuerdan que todavía hay quienes no están dispuestos a firmar la entrega.
No es casual que esta pulseada se juegue en el terreno de los ríos, los puertos, las aguas interiores. Son esos los caminos que usaron los pueblos para crecer, para comerciar, para unir regiones. Son esos los espacios que la derecha quiere transformar en autopistas del saqueo. Pero la historia demuestra que cada vez que el poder intentó apropiarse de lo que es de todos, hubo resistencia.
La pregunta no es si vamos a perder nuestra flota mercante. La pregunta es si vamos a dejar que la entreguen sin pelear. Agustina Propato, al menos, ya eligió de qué lado estar.
Fuente:
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4035-D-2025.pdf
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