Los jueces se levantaron en masa para evitar que avance el tratamiento de una causa clave por dádivas, dejando sin quórum la Comisión de Disciplina. Un acto de rebeldía corporativa que desnuda el deterioro institucional bajo la mirada cómplice del gobierno de Javier Milei.
En un episodio que revela hasta qué punto puede llegar la descomposición del sistema judicial argentino, los representantes de la corporación de jueces en el Consejo de la Magistratura huyeron de la sesión donde se iba a debatir el escandaloso viaje a Lago Escondido. La causa prescribe en septiembre, y lo ocurrido siembra sospechas sobre la connivencia entre el poder político, los medios y el Poder Judicial. Mientras el presidente Javier Milei vocifera contra la «casta», los magistrados que debieran rendir cuentas se blindan con total impunidad.
No fue una escena de ficción ni una parodia grotesca sobre el funcionamiento del Estado argentino. Fue real, ocurrió a la luz del día, ante las cámaras, con todos los testigos necesarios para entender que el problema no es solo de formas sino de fondo. Cuatro jueces, representantes del estamento judicial en el Consejo de la Magistratura, se levantaron y se fueron. Así, sin más, abandonaron una sesión crucial de la Comisión de Disciplina, vaciaron de contenido un espacio institucional y, de paso, sepultaron la posibilidad de avanzar en el tratamiento del caso Lago Escondido. Una causa que huele a podrido desde su origen, que involucra a funcionarios judiciales, empresarios y medios, y que podría derivar en juicio político a varios magistrados si no fuera porque, claro, el tiempo corre y septiembre está a la vuelta de la esquina.
Lo sucedido este jueves no puede leerse como un mero exabrupto. Es, en cambio, la síntesis perfecta de un poder que se autoprotege, se encubre y se garantiza impunidad. Los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones, representantes de distintas listas dentro de la corporación judicial, protagonizaron un acto coordinado de sabotaje institucional: una retirada en masa que impidió el funcionamiento del único órgano capaz de sancionar a jueces por mal desempeño. En la jerga financiera le llaman «rug pull», tirar del mantel. En términos políticos y sociales, fue una operación de blindaje descarada.
El presidente de la Comisión de Disciplina, César Grau, no pudo ocultar su estupor. Lo que vio y vivió fue un «lock out judicial», una huelga patronal de la Justicia, pero no por derechos laborales, sino para impedir que se abran las puertas del control, la transparencia y la rendición de cuentas. Grau lo dijo con todas las letras: “Es un acto corporativo escandaloso”. Y tiene razón. Porque mientras el oficialismo de Javier Milei simula una cruzada contra los privilegios, deja pasar –o mejor dicho, avala con su silencio– este tipo de maniobras mafiosas que distorsionan por completo el sentido republicano del Consejo de la Magistratura.
En el temario del día había 48 medidas a tratar. Varias con consenso. Pero la sola posibilidad de que se avance en el expediente que investiga el viaje de jueces, fiscales y funcionarios a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido encendió todas las alarmas. Porque el tiempo es tirano: si el legajo no avanza antes de septiembre, prescribe. Se esfuma. Y con él, la oportunidad de sancionar a quienes usufructuaron sus cargos públicos para vacacionar con lujos y favores. Entre los protagonistas del viaje figuran nombres pesados: Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola. También estuvo Juan Bautista Mahiques, fiscal general de CABA e hijo de uno de los magistrados involucrados. Un festival de dádivas encubiertas bajo el amparo de la impunidad.
El senador Luis Juez, que preside la Comisión de Acusación, fue uno de los pocos que levantó la voz con claridad y contundencia: “Me banco el debate, lo que no me banco es vaciar el debate. No podemos eludir la responsabilidad que la Constitución nos da. Algunos decidieron vaciar la reunión para evitar que haya una sanción para determinados magistrados”. Esas palabras no son solo una descripción, son una advertencia. Porque si hoy la comisión de disciplina fue boicoteada, ¿qué garantiza que mañana no ocurra lo mismo en la de acusación? ¿Quién impide que esta práctica del portazo se convierta en una rutina para encubrir escándalos?
El argumento de la gravedad institucional no es una exageración. El propio César Grau se vio obligado a anunciar que notificará a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo, sobre lo sucedido. Pero la pregunta es si Rosatti, que también fue señalado por su cercanía con estos jueces, hará algo más que leer el informe. Porque lo que está en juego no es una interna del Poder Judicial, sino la credibilidad de las instituciones. Y esa credibilidad se cae a pedazos cuando los que deberían dar el ejemplo protagonizan espectáculos lamentables como este.
Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo, el silencio es ensordecedor. El gobierno de Javier Milei, que se jacta de demoler «la casta», guarda un mutismo cómplice frente a uno de los mayores símbolos de esa misma casta: una élite judicial que se mueve con lógica de privilegio, que vacaciona con empresarios amigos, que posterga expedientes incómodos y que, cuando puede, directamente desaparece de escena. ¿Dónde está la motosierra ahora? ¿Por qué no aparece cuando se trata de cortar con los verdaderos nudos de la impunidad?
La crisis no es nueva, pero se agrava. La dilación sistemática de causas sensibles, las ausencias planificadas, las sesiones que se postergan ad infinitum son síntomas de un Consejo de la Magistratura paralizado, desprestigiado, carcomido desde adentro. El caso del juez Marcelo Bailaque en Rosario es otro botón de muestra. Acusado por múltiples denuncias, con una prisión preventiva dictada por un juez, su situación sigue sin resolverse porque el Consejo no mueve los engranajes. El resultado es grotesco: un magistrado con prisión preventiva no ejecutada por culpa de la inacción de sus pares. La degradación es tan profunda que ya ni siquiera disimulan.
En el fondo, lo que este episodio deja al desnudo es una verdad incómoda: el Poder Judicial argentino, lejos de ser una reserva ética, es un bunker de protección mutua. Y lo peor es que cuenta con la indiferencia –cuando no el aval– del gobierno de turno. Porque mientras Milei juega al showman libertario, mientras insulta por Twitter y reparte eslóganes vacíos, en los pasillos del poder real se gestan pactos de impunidad que hacen añicos cualquier idea de justicia independiente.
Lo que pasó en esa sesión vaciada no es anecdótico. Es una advertencia. Es la postal de un sistema judicial que ha dejado de responder a los ciudadanos para responderse a sí mismo. Y frente a eso, no alcanza con denunciar. Hay que nombrar a los responsables, exigir respuestas, romper el silencio.
Porque si no lo hacemos, en septiembre el expediente de Lago Escondido será historia. Y con él, la última chance de que algunos jueces alguna vez enfrenten las consecuencias de sus actos. El tiempo corre. La justicia duerme. Y el poder, como siempre, se protege a sí mismo.
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