La Secretaría General de la Presidencia maneja artículos incautados que deberían destinarse a emergencias sociales, pero terminan en manos de fundaciones vinculadas a dirigentes libertarios, generando preocupación dentro del propio gobierno.
Zapatillas, ropa, teléfonos y repuestos aeronáuticos fueron entregados a organizaciones de familiares y amigos de políticos cercanos a Karina Milei. La discrecionalidad en la distribución abre interrogantes legales y éticos sobre el uso de bienes públicos.
En el gobierno nacional crece la inquietud ante un posible escándalo que podría afectar la imagen de Karina Milei. Los rezagos aduaneros, mercadería incautada que la Secretaría General de la Presidencia puede disponer en casos de emergencia social, han terminado en fundaciones vinculadas a dirigentes libertarios como el diputado Lisandro Almirón. La discrecionalidad con que se maneja esta distribución genera no solo controversia política, sino también riesgos judiciales para los involucrados.
El encargado de repartir estos bienes es Lule Menem, quien aparece vinculado a casos de coimas en el sector de Discapacidad. Según los informes, Menem no dudó en enviar la mercadería a manos amigas, beneficiando tanto a organismos estatales como a ONGs alineadas políticamente con los libertarios. Entre los artículos distribuidos se cuentan zapatillas, ropa, teléfonos celulares e incluso repuestos de aeronaves, bienes que deberían haberse destinado a cubrir necesidades básicas de la población más vulnerable.
Entre los beneficiarios se encuentra Mauricio Davico, ex integrante del grupo Ráfaga y amigo de Martín Menem, quien recibió 12 donaciones para su ciudad, Gualeguaychú. La práctica de favorecer a allegados se extiende también a la Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, vinculada a la esposa y hermana de Lisandro Almirón en Corrientes, que recibió tres transferencias de rezagos, incluida mercadería de alto valor como repuestos aeronáuticos y más de 21.000 artículos electrónicos.
La ONG, creada en agosto de 2023 tras las primarias que consagraron a Javier Milei, no realiza tareas benéficas, sino que organiza charlas y talleres políticos. Esto genera un interrogante central: ¿por qué la administración envía artículos de primera necesidad y bienes tecnológicos a organizaciones que no cumplen con la función social que justifica el uso de rezagos aduaneros?
Otro caso polémico involucra al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, vinculado a Patricia Bullrich, que recibió una encomienda con 3.444 artículos de primera necesidad. La entrega de este tipo de mercadería, lejos de ser transparente y focalizada en las emergencias sociales, se convierte en una operación política que prioriza intereses particulares sobre las necesidades de la población.
La situación evidencia un patrón de manejo discrecional de bienes estatales por parte de la Secretaría General, bajo la dirección de Karina Milei y con Lule Menem como operador principal. La concentración de estas decisiones en pocos actores cercanos al poder plantea no solo dudas éticas, sino también posibles consecuencias judiciales, reflejando un gobierno que parece priorizar la fidelidad política por encima de la responsabilidad social.
El escándalo que amenaza con estallar en la Aduana expone una tensión fundamental: mientras la normativa habilita el uso de rezagos aduaneros para emergencias sociales, el gobierno los redistribuye con fines que parecen políticos, comprometiendo la transparencia y la legitimidad de la administración pública.
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