El Tribunal Oral Federal 7 decidió apartar al empresario Enrique Pescarmona del juicio de los Cuadernos por su deteriorado estado de salud. La resolución, basada en informes médicos, vuelve a instalar interrogantes sobre la legitimidad del proceso y deja en evidencia las contradicciones institucionales que el Gobierno de Javier Milei se niega a enfrentar.
A los 84 años, y con un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado a grave, Enrique Menotti Pescarmona fue sobreseído de la causa de los Cuadernos. La decisión judicial, sustentada en un cuadro clínico irreversible, reconfigura el desarrollo del juicio y deja en manos de la lectura de sus declaraciones previas la participación del empresario. En un clima político atravesado por recortes, desconfianza institucional y desinterés oficial por fortalecer el sistema de justicia, el caso vuelve a exponer las grietas que el Gobierno elige ignorar.
La tercera audiencia del juicio de los Cuadernos arrancó marcada por un giro inesperado: el Tribunal Oral Federal 7 decidió sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona, empresario histórico y figura clave del expediente, tras confirmarse que padece un deterioro cognitivo de moderado a grave que lo vuelve incapaz de afrontar el proceso. La noticia no sólo reordena el tablero judicial, sino que reaviva la discusión sobre la solidez de un juicio que ya venía tambaleando entre dilaciones, tensiones políticas y decisiones cuestionadas.
Los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori aplicaron el artículo 336 inciso 5 del Código Procesal Penal, que habilita el sobreseimiento cuando existe una incapacidad mental crónica e irreversible. Es decir, una decisión estrictamente técnica, pero no por eso menos incómoda en un escenario institucional donde cualquier movimiento se interpreta como un síntoma más del deterioro general. Y en este punto es imposible no señalar el impacto que tienen las políticas del gobierno de Javier Milei, que lejos de fortalecer la administración de justicia, profundizan un clima de precariedad, improvisación y desinterés por garantizar procesos sólidos y transparentes.
El informe del Cuerpo Médico Forense no dejó margen para la duda: Pescarmona se encuentra “vigil y orientado en persona, pero desorientado en tiempo y espacio”, actúa por momentos “sin conciencia de situación ni de enfermedad” y presenta un juicio de realidad “debilitado”. El diagnóstico de “demencia tipo Alzheimer atípica” ya había sido adelantado por su defensa, pero ahora adquiere estatus de certeza médica y judicial. Bajo estas condiciones, obligarlo a participar sería no sólo inviable, sino jurídicamente incompatible con cualquier estándar mínimo de debido proceso.
El deterioro cognitivo del empresario explica por qué nunca llegó a conectarse al Zoom del debate, un mecanismo que—en sí mismo—dice mucho sobre el estado actual de la justicia federal: un juicio de trascendencia histórica que se desarrolla parcialmente por videoconferencia, mientras el Poder Ejecutivo plantea ajustes, recortes y una desfinanciación estructural que impacta incluso en las capacidades operativas del sistema judicial. La virtualidad, lejos de ser una herramienta complementaria, se volvió el parche permanente de un Estado debilitado.
La fiscal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera coincidieron en que debía incorporarse por lectura la indagatoria y los descargos previos de Pescarmona. Es una solución forzada, casi de emergencia, que intenta mantener la coherencia del proceso sin vulnerar derechos básicos. Pero al mismo tiempo deja expuesto un problema mayor: si el juicio necesita recurrir a mecanismos extraordinarios para sostener su continuidad, ¿en qué condiciones reales está funcionando?
Y aquí es donde se vuelve inevitable la mirada crítica hacia el gobierno de Javier Milei. Su discurso de “motosierra” no distingue áreas, y la justicia no es la excepción. La falta de inversión, la presión política, la ausencia de políticas de fortalecimiento institucional y la tendencia a simplificar discusiones complejas en consignas de guerra cultural terminan generando un clima en el que decisiones como ésta se leen con sospecha. No porque la incapacidad de Pescarmona no sea real, sino porque el contexto erosiona la confianza pública en cada engranaje del sistema.
El juicio seguirá adelante con 86 acusados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, señalada en este expediente como supuesta jefa de una asociación ilícita. Pero avanzar con un proceso de tamaña magnitud en un ecosistema judicial debilitado por políticas regresivas y prioridades gubernamentales orientadas al desmantelamiento del Estado sólo aumenta las incertidumbres. Es un debate que se intentó esconder debajo de la alfombra, pero que cada audiencia vuelve a poner sobre la mesa.
Pescarmona había llegado al juicio procesado por 13 presuntos pagos de sobornos entre 2008 y 2013, cuando presidía IMPSA, y su defensa había ofrecido una reparación de 510 millones de pesos. El Tribunal rechazó todas las propuestas y envió la discusión a Casación, que ahora ofrece incluso ampliar audiencias y pasar a la presencialidad. Se trata de una maniobra más dentro del complejo laberinto institucional argentino, donde la Justicia intenta avanzar mientras el Gobierno achica recursos, tensiona vínculos y celebra ajustes que debilitan las estructuras que luego exige que funcionen.
La causa continuará, sí. Pero lo hará en un escenario frágil, atravesado por decisiones excepcionales y con un Poder Ejecutivo que prefiere repetir slogans antes que garantizar condiciones reales para procesos judiciales robustos. El sobreseimiento de Pescarmona no es un triunfo ni una derrota: es un síntoma. Un recordatorio de que sin un Estado sólido, sin un sistema judicial fortalecido y sin políticas públicas que acompañen, cualquier juicio de relevancia nacional queda a la deriva.
Otra irregularidad en la causa Cuadernos: el sobreseimiento de Pescarmona «por su estado de salud»
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