Una denuncia penal presentada por legisladores opositores sacude la estructura de La Libertad Avanza en Río Negro. Acusan a la diputada saliente y senadora electa Lorena Villaverde de falsificar facturas por más de 70 millones de pesos y de intentar apropiarse de fondos de la Justicia Electoral.
El caso destapó una interna feroz dentro del espacio oficialista, luego de que su propio tesorero denunciara la maniobra y se negara a validar los pagos. La historia de Villaverde, atravesada por antecedentes judiciales en Estados Unidos, embargos millonarios y vínculos con el entorno narco de Fred Machado, agrava el escándalo.
La Libertad Avanza vuelve a quedar envuelta en un escándalo de proporciones que pone en jaque su discurso moralista y su pretendida pureza ética frente a “la casta”. Esta vez, el epicentro es la provincia de Río Negro y la protagonista es Lorena Villaverde, diputada nacional saliente y senadora electa del espacio de Javier Milei, denunciada penalmente por falsificación de facturas, administración fraudulenta y estafa con fondos públicos.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal por los legisladores provinciales José Luis Berros y Luciano Delgado Sempé, del bloque opositor Vamos con Todos. Según el expediente, Villaverde, junto a su jefe de campaña Julián Goinhex y el funcionario de ANSES Abelardo Calfín, habría intentado cobrar más de 140 millones de pesos mediante facturas apócrifas. Las maniobras se habrían producido en la recta final de la campaña electoral, apenas días antes de los comicios del 26 de octubre.
Todo salió a la luz gracias a Roberto Zgaib, el responsable financiero de La Libertad Avanza en Río Negro, quien relató públicamente que el 23 de octubre Goinhex y Calfín le entregaron una factura por 69 millones de pesos a nombre del segundo, alegando que correspondía a gastos de cartelería y propaganda. Al día siguiente, volvieron con una nueva factura por 73 millones y otra adicional por 13 millones, exigiendo el pago inmediato antes del cierre de campaña. Zgaib se negó rotundamente a autorizar el desembolso: no había respaldo documental, ni comprobantes de imprenta, ni evidencia de trabajos realizados.
El tesorero explicó que las facturas carecían de todo sustento y que los supuestos carteles “de lona” eran, en realidad, simples impresiones en papel. “No me dejaron revisar los presupuestos ni los comprobantes; me pedían firmar a ciegas”, relató indignado. Su negativa desató una guerra interna dentro de la fuerza libertaria: Zgaib asegura que recibió presiones y amenazas, pero finalmente logró que la factura fuera anulada el 31 de octubre.
La historia, sin embargo, no terminó ahí. Tras el episodio, Zgaib hizo públicas las irregularidades, generando un terremoto dentro de La Libertad Avanza rionegrina. Desde entonces, las redes sociales ardieron con el hashtag #NarcoSenadora, y los medios locales confirmaron la presentación formal de la denuncia penal. Las declaraciones de Zgaib coinciden punto por punto con lo que los denunciantes describen como “una maniobra comprobada para quedarse con la plata de la Justicia Electoral”.
El dato más explosivo es que Abelardo Calfín, el supuesto proveedor de la campaña, es a la vez funcionario público en la ANSES de Villa Regina, lo que configura un evidente conflicto de intereses y un posible delito de corrupción. Que un funcionario facture a un partido político mientras ejerce un cargo estatal es una irregularidad flagrante.
Desde el entorno de Villaverde intentaron restarle importancia al caso, calificándolo como una “operación política” impulsada por sectores kirchneristas. Pero los documentos presentados y la denuncia penal formal desmienten ese argumento. Las pruebas existen, las facturas también, y la propia confesión del tesorero libertario pone a la senadora electa contra las cuerdas.
El escándalo no solo deja al descubierto una interna feroz dentro de la estructura provincial de La Libertad Avanza; también pone de manifiesto la fragilidad ética de un espacio que hizo de la anticorrupción su bandera electoral. Lo que debía ser el “modelo de transparencia” se transforma, en tiempo récord, en una nueva versión del viejo esquema de facturas truchas, proveedores fantasma y desvío de fondos públicos.
Pero el caso Villaverde no puede entenderse sin revisar su pasado. La dirigente ya arrastraba un prontuario que generaba polémica incluso dentro de su propio espacio. En 2002 fue detenida en Florida, Estados Unidos, por tráfico de cocaína y portación de 50.000 dólares sin declarar. La causa se clasificó como “tráfico de cocaína”, y desde entonces se le prohibió el ingreso a territorio estadounidense. Años más tarde, su nombre volvió a aparecer en causas por lavado de dinero, amenazas a testigos y afiliaciones partidarias falsas, incluyendo nombres de personas fallecidas.
En 2025 fue embargada por 50 millones de pesos por la venta irregular de lotes en la zona de Las Grutas. A esto se suma su actual relación sentimental con Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo y presunto testaferro del narco-financista Federico “Fred” Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos. Con ese prontuario, el mote de “narco-diputada” que circula en redes no parece producto del azar.
La crisis golpea de lleno al gobierno de Javier Milei, que atraviesa un escenario de desgaste político y económico mientras intenta mantener a flote su discurso anticasta. Lo ocurrido en Río Negro desnuda la hipocresía de un sector que llegó al poder prometiendo barrer con la corrupción estatal, pero reproduce las mismas prácticas que decía combatir. La diferencia es que ahora los implicados no pertenecen al “viejo sistema”, sino al núcleo del oficialismo libertario.
El episodio deja un mensaje claro: la transparencia no se decreta, se ejerce. Y cuando la gestión de fondos públicos se contamina con los intereses personales, no hay discurso de libertad individual que alcance para justificarlo. Si los hechos se comprueban judicialmente, no se tratará solo de una mancha en la trayectoria de Villaverde, sino de un golpe demoledor a la credibilidad de todo el espacio de Milei.
Mientras tanto, la sociedad observa atónita. En redes, opositores ironizan sobre la “casta libertaria” y recuerdan que, durante la campaña, Villaverde se presentaba como ejemplo de “honestidad y eficiencia”. Hoy, esas palabras suenan huecas frente a una causa que podría impedirle incluso jurar su banca el próximo 10 de diciembre. Distintas organizaciones civiles ya solicitaron que se suspenda su asunción hasta que la Justicia se expida.
El caso también deja en evidencia una estructura partidaria improvisada, sin controles ni auditorías reales. La Libertad Avanza construyó su poder a gran velocidad, pero sin consolidar mecanismos internos de rendición de cuentas. Lo que en su momento se presentó como “eficiencia libertaria” ahora se revela como simple desorden y ausencia de controles. Y cuando no hay controles, los abusos florecen.
En el fondo, lo que este episodio refleja es la contradicción de un gobierno que se dice enemigo del Estado pero no duda en aprovecharse de sus fondos. Milei habla de “ajuste” y “responsabilidad fiscal” mientras en su propia fuerza se cocinan facturas truchas y desvíos de dinero público. Ese doble estándar erosiona la legitimidad del discurso libertario y desnuda la lógica de impunidad que impregna al poder, sin importar quién lo ejerza.
La causa judicial recién comienza, y todavía faltan peritajes y declaraciones. Pero la gravedad de las acusaciones no se puede minimizar. Si la Justicia confirma que hubo intento de defraudación, falsificación y malversación de recursos electorales, se tratará de uno de los escándalos más serios que golpean al oficialismo desde su llegada al poder. Y aunque en el entorno de Villaverde intenten convertirla en víctima de una “campaña sucia”, los documentos —y los montos— hablan por sí solos.
En definitiva, el caso de Lorena Villaverde representa una síntesis incómoda del presente político argentino: la nueva derecha que prometía limpiar la política se ve envuelta en la misma mugre que decía venir a erradicar. La corrupción ya no distingue entre kirchneristas o libertarios, entre izquierdas o derechas; se instala donde el control se debilita y la codicia manda.
A menos de un año del ascenso de Milei al poder, la denuncia de Río Negro muestra el límite del relato libertario. La política puede cambiar de rostros, pero no de vicios si no hay transparencia real. Y el ciudadano, que creyó en el cambio, hoy vuelve a encontrarse con la misma estafa de siempre: promesas de honestidad convertidas en facturas falsas.
En ese espejo, La Libertad Avanza debería mirarse antes de seguir hablando de moral, eficiencia y castas. Porque no hay discurso de libertad que sobreviva a 73 millones de pesos en facturas truchas.
Fuentes
Noticias Río Negro – “Por presuntas facturas truchas legisladores rionegrinos denunciaron penalmente a Villaverde y otros dirigentes de LLA”
https://noticiasrionegro.com.ar/contenido/88095/por-presuntas-facturas-truchas-legisladores-rionegrinos-denunciaron-penalmente-a
Río Negro – “Fuertes cruces en la alianza libertaria de Río Negro por el intento de cobro de una factura millonaria”
https://www.rionegro.com.ar/politica/fuertes-cruces-en-la-alianza-libertaria-de-rio-negro-por-el-intento-de-cobro-de-una-factura-millonaria-4360565/
Mejor Informado – “Facturas truchas, carteles de papel y funcionarios en la mira: otro escándalo en LLA de Río Negro”
https://www.mejorinformado.com/regionales/2025-11-4-21-36-17-facturas-truchas-carteles-de-papel-y-funcionarios-en-la-mira-otra-escandalo-en-lla-de-rio-negro
Página/12 – “Villaverde, la diputada que engrosa su prontuario”
https://www.pagina12.com.ar/866202-villaverde-la-diputada-que-engrosa-su-prontuario
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