El empresario y militante de La Libertad Avanza, Marco Chediek, deberá realizar donaciones millonarias al Hospital Garrahan y cumplir tareas comunitarias tras amenazar de muerte a líderes opositores como Grabois, Baradel, Sobrero y Moyano, en un fallo que marca un freno a los discursos de odio en redes sociales.
El Tribunal Oral Federal Nro. 5 determinó que Chediek excedió la libertad de expresión al incitar a la violencia colectiva y generar temor entre dirigentes opositores, imponiendo sanciones económicas, trabajos comunitarios y disculpas públicas en TikTok. La resolución resalta la responsabilidad penal frente a la intimidación política y el uso de las redes para amenazas directas.
El fallo judicial contra Marco Chediek evidencia la creciente tensión entre militantes del oficialismo y líderes opositores en la Argentina contemporánea. El empresario y militante de La Libertad Avanza no sólo utilizó sus redes sociales para amenazar de muerte a figuras como Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén ‘El Pollo’ Sobrero y Hugo Moyano, sino que lo hizo con una claridad escalofriante, asegurando que quienes protestaran contra el gobierno de Javier Milei podrían ser agredidos físicamente. “Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado”, afirmaba Chediek, en uno de los videos que desataron la denuncia.
El Tribunal Oral Federal Nro. 5 resolvió que el acusado deberá donar dos millones de pesos al Hospital Garrahan y otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de Benavídez. Además, cumplirá un año de tareas comunitarias en instituciones definidas por Cáritas y grabará un video en TikTok disculpándose públicamente por la intimidación. La medida busca poner un límite al uso de discursos de odio que, bajo la aparente cobertura de la “libertad de expresión”, buscan amedrentar y coaccionar a quienes se manifiestan en democracia.
La investigación judicial se inició luego de la denuncia presentada por Grabois y Baradel ante el juzgado de Daniel Rafecas. El fallo concluyó que Chediek “excedió ampliamente la libertad de expresión” y que su conducta estaba orientada a generar temor en los dirigentes señalados, configurando incitación a la violencia colectiva y amenazas reiteradas. El caso también involucró la intervención de Argentina Humana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y SUTEBA, que denunciaron públicamente el uso de las redes sociales como canal de hostigamiento político.
Más allá de la sanción, el caso deja al descubierto un fenómeno preocupante: la normalización de la violencia verbal y las amenazas explícitas en la esfera digital por parte de adherentes al gobierno de Milei. Mientras los discursos oficiales suelen presentarse como defensores de la libertad individual, acciones como las de Chediek revelan un patrón de amedrentamiento sistemático contra opositores, que amenaza la convivencia democrática. La decisión judicial, en este sentido, no sólo castiga a un individuo, sino que establece un precedente crucial para contener la escalada de violencia simbólica y real en el ámbito político.
La medida también refleja la complejidad de equilibrar la libertad de expresión con la seguridad de quienes ejercen el derecho a la protesta. La resolución de Rafecas subraya la necesidad de marcar límites claros: cuando las palabras se transforman en amenazas directas y buscan intimidar, la ley debe intervenir sin dilación. En un contexto político polarizado, con un gobierno que estimula un activismo extremo y militantes que se sienten impunes, esta sentencia es un recordatorio de que el marco legal sigue siendo el último bastión frente a la violencia política.
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