Documentos de la justicia estadounidense revelan transferencias millonarias del narcotraficante Fred Machado a la familia Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal y aportante a la campaña de Patricia Bullrich. El diputado Rodolfo Tailhade publicó los registros que muestran operaciones por más de tres millones de dólares. Entre los receptores también aparece “Vidalito” Bada Vázquez, vinculado a una avioneta con 350 kilos de cocaína incautada en Ibicuy. Las piezas encajan: lavado de dinero, negocios extractivistas y una conexión política que nadie quiere investigar.
El 24 de agosto de 2015, el narcotraficante argentino-mexicano Fred Machado transfirió un millón de dólares al empresario Vidal “Vidalito” Bada Vázquez, desde la misma cuenta del Bank of America con la que había enviado 200 mil dólares a José Luis Espert. Así lo reveló el diputado Rodolfo Tailhade en un posteo acompañado de documentos de la justicia de Estados Unidos. La operación no fue un hecho aislado. Entre esa fecha y el 15 de noviembre de 2019, Machado realizó nueve transferencias adicionales a Vidalito, por un total de 3.073.381,36 dólares. El dinero, según Tailhade, provenía directamente del Cártel de Sinaloa, como parte de un esquema de lavado internacional a través de empresas pantalla y cuentas offshore.
En una de esas operaciones aparece mencionada Alejandra Bada Vázquez, hermana de Vidalito y actual titular de Lácteos Vidal, la misma empresa que Patricia Bullrich y su asesora Florencia Arietto defendieron públicamente como “una pyme familiar perseguida por la mafia sindical”. Alejandra negó cualquier relación con Machado o con los negocios que se le atribuyen. Pero las planillas de transferencias difundidas por Tailhade —con registros bancarios del Bank of America y datos cruzados con el número de serie del avión N546MG— la mencionan de manera explícita, bajo el identificador “VIDAL &/OR ALEJANDRA BADA VÁZQUEZ”, con domicilio en Salvador María del Carril 4832, Capital Federal, Argentina.
Los documentos coinciden en la numeración de la operación 00189852, fechada el 24/08/2015, por el monto exacto de US$ 1.000.000, bajo la categoría “OUTGOING”, es decir, una salida de fondos desde la cuenta del narco. En la columna de destinatarios aparece el registro del avión N546MG, relacionado con la empresa VIDAL BADA VÁZQUEZ, un vínculo que conecta directamente las finanzas del narcotráfico con la flota aérea involucrada en tráfico de drogas.
El diputado Tailhade fue más allá: recordó que “Vidalito” no sólo recibió dinero del narco, sino que también se asoció con el primo y testaferro de Machado en un proyecto para quedarse con las minas de Andacollo, en Neuquén, un negocio valuado en millones de dólares. Allí, la fachada empresarial funcionaba como pantalla para las inversiones del crimen organizado, que buscaban blanquear capitales a través del rubro minero y agroindustrial.
Pero lo más explosivo es la conexión con el caso de la avioneta incautada en Ibicuy, Entre Ríos, en enero de este año, con 350 kilos de cocaína a bordo. Según la investigación, la aeronave había sido vendida por Vidalito Bada Vázquez a los narcos por apenas 13.000 dólares, cuando su valor real de mercado superaba los 250.000. En los cinco allanamientos simultáneos realizados por la justicia se secuestraron cinco kilos de cocaína, más de 700.000 dólares en efectivo y un simulador de vuelo utilizado para entrenar pilotos. Entre los lugares allanados se encontraron las oficinas y el domicilio personal del empresario en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.
La información publicada por Tailhade no surge de rumores, sino de documentación judicial de los Estados Unidos, donde Fred Machado enfrenta causas por tráfico de cocaína, lavado de activos y asociación con el Cártel de Sinaloa. Las planillas bancarias citadas —como las que muestran la operación N° 3272— forman parte de los archivos de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, que investiga el entramado financiero detrás de las operaciones aéreas del narcotraficante.
El dato político emerge con fuerza cuando Tailhade apunta a los vínculos entre los Bada Vázquez y Patricia Bullrich, actual senadora y ex candidata presidencial, además de Florencia Arietto, diputada bonaerense. Ambas defendieron a Lácteos Vidal durante el conflicto con el sindicato lácteo ATILRA, presentando a la empresa como víctima de “bloqueos sindicales”. Hoy, esa narrativa se derrumba: la misma compañía señalada como símbolo de “la libertad de trabajo” está involucrada, según las planillas, en el circuito financiero del narcotráfico. “En la Argentina de Milei —escribió Tailhade— las defensoras de narcos hacen leyes: una en el Senado de la Nación y la otra en la Legislatura bonaerense”.
La frase golpea por su precisión y su contexto. Mientras el gobierno libertario predica un discurso moralista contra “la casta y la corrupción”, sus aliados políticos aparecen salpicados por operaciones de lavado y narcotráfico. La hipocresía se vuelve estructural: se usa el relato del “emprendedurismo” para encubrir delitos que socavan al Estado.
En esta trama, cada dato refuerza la sospecha de un modelo de narco-capitalismo con sello argentino: empresarios agroindustriales que reciben fondos del crimen organizado, financian campañas políticas y se presentan como víctimas ante la opinión pública. En el fondo, se trata de un sistema de impunidad transversal, donde confluyen dinero sucio, poder judicial complaciente y una dirigencia política dispuesta a mirar hacia otro lado.
Tailhade cerró su hilo con ironía, pero también con una pregunta directa: “Vos, Karen Reichardt, sabés algo de los negocios de Fred Machado?”. La mención no es menor: Reichardt fue socia de Machado en varias firmas registradas en Delaware y Panamá, según consta en los Panama Papers, y habría tenido vínculos con la operatoria de aeronaves en la región. El silencio oficial sobre su papel refuerza la idea de un entramado de poder que todavía no se toca.
El caso vuelve a exponer la fragilidad institucional de la Argentina frente al avance del dinero del narcotráfico. La frontera entre legalidad e ilegalidad se desdibuja cuando los millones del Cártel de Sinaloa terminan en cuentas de empresarios “respetables” o en campañas políticas que prometen “orden y transparencia”. Mientras tanto, la justicia argentina no ha dado pasos públicos concretos sobre las pruebas difundidas por la fiscalía norteamericana.
Si los documentos son auténticos —y todo indica que lo son—, el escándalo recién empieza. Y la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegan las conexiones entre el poder político argentino y el dinero del narcotráfico? En un país donde se persigue a docentes y sindicalistas, pero se protege a los que lavan millones, la moral del gobierno libertario queda expuesta como una caricatura.
Porque lo que Tailhade muestra con nombres, fechas y montos no es sólo una denuncia: es un espejo brutal de la impunidad con que opera el poder económico cuando se viste de “pyme” o de “patriotismo productivo”. El millón de dólares del 24 de agosto de 2015 ya no es sólo una transferencia bancaria. Es el símbolo de una Argentina donde el crimen organizado y la política caminan juntos, bajo la misma bandera de la “libertad de mercado”.
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