El hallazgo de un contrato por un millón de dólares entre José Luis Espert y el empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado destapó una trama de dinero sucio, encubrimiento político y cinismo gubernamental. Mientras el libertario se aferra a una licencia con goce de sueldo, nuevos documentos revelan que Patricia Bullrich ya conocía los antecedentes del narco cuando el caso explotó. El gobierno de Javier Milei, que prometía “caer con todo el peso de la ley” sobre los corruptos, vuelve a quedar atrapado en su propio discurso.
El caso de José Luis Espert, aquel economista que supo predicar la ética del mercado, la transparencia y la moral del mérito, hoy es el epicentro de uno de los mayores escándalos políticos de la gestión de Javier Milei. Lo que comenzó como un rumor sobre aportes irregulares a su campaña se transformó en una historia de narcofinanciamiento, contratos millonarios, silencios oficiales y una dosis insoslayable de hipocresía gubernamental. El contrato hallado en la casa de Federico “Fred” Machado en Viedma —empresario detenido y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero— no deja lugar a interpretaciones: Espert recibió un compromiso económico por un millón de dólares antes de iniciar su carrera presidencial.
El documento, parcialmente quemado y con manchas, fue recuperado de un tacho de basura durante un procedimiento judicial. Pero su contenido sigue siendo explosivo. En él se detalla que el economista firmó el 7 de junio de 2019, dos semanas antes de lanzar oficialmente su candidatura presidencial, un contrato de “locación de servicios” con Machado, actuando este último en nombre de la firma guatemalteca Minas del Pueblo, una empresa ya señalada por la justicia estadounidense como parte de la estructura de lavado del narcoempresario. El acuerdo estipulaba un pago inicial de 100 mil dólares en efectivo, seguido de nueve cuotas mensuales del mismo monto mediante transferencia bancaria. En total, un millón de dólares a cambio de una presunta “consultoría económica y financiera”.
Más allá de los tecnicismos, el texto del contrato es revelador. Espert, el hombre que en sus apariciones mediáticas solía reclamar “reglas claras” y denunciar “el desorden moral del Estado”, aceptó un convenio en el que el comitente renunciaba expresamente a alegar “fuerza mayor o caso fortuito” para incumplir los pagos, y asumía “todas las consecuencias” de eventuales imposibilidades. Todo estaba cuidadosamente redactado para garantizar la transferencia de fondos, sin importar su procedencia. La sofisticación del lenguaje jurídico no alcanza a tapar lo evidente: era un negocio privado entre un político emergente y un empresario criminal.
La historia tiene además un condimento político que compromete al propio gobierno nacional. Según documentos oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya había informado al Gobierno argentino sobre la situación procesal de Machado. La comunicación se dio en respuesta a un pedido realizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que demuestra que la funcionaria sabía perfectamente quién era Machado cuando el caso comenzó a circular públicamente. Sin embargo, mientras Bullrich aparecía en los medios exigiendo “explicaciones inmediatas” a Espert, en realidad ya tenía en su poder información confidencial de Washington que confirmaba los vínculos del empresario con redes internacionales de narcotráfico.
El silencio del gobierno fue ensordecedor. Desde Casa Rosada, apenas trascendió la existencia del contrato, voceros de la Jefatura de Gabinete se limitaron a deslizar que “José Luis nunca nos dijo esto” y que “si engañó al Presidente, deberá hacerse cargo”. Una frase cuidadosamente calculada para despegar a Milei del escándalo, pero insuficiente para contener el daño político. Porque más allá de la inocencia o culpabilidad penal de Espert, el problema central es otro: la falta absoluta de controles, la complicidad tácita y la doble vara moral del oficialismo libertario.
La escena resulta grotesca. Espert, imputado por lavado de dinero y con pedido de registro y secuestro de bienes del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, solicitó licencia en la Cámara de Diputados —con goce de sueldo— mientras se refugia en el silencio. Martín Menem, presidente del cuerpo y aliado incondicional del Ejecutivo, fue quien debía autorizar el pedido de allanamiento de su despacho. Hasta ahora, ninguna medida efectiva se concretó. La Justicia avanza con lentitud, como si temiera cruzar una línea política que incomode al poder.
El caso, sin embargo, tiene ramificaciones que van mucho más allá de la figura de Espert. Revela la profundidad de los vínculos entre sectores de La Libertad Avanza y un entramado empresarial oscuro que operó con impunidad durante años. Machado, además de financiar la campaña del economista, le facilitó al menos 36 vuelos en avión privado y una camioneta blindada durante sus actividades proselitistas. El nivel de logística y recursos invertidos habla de algo más que un “aporte voluntario”. Fue, en todo sentido, un financiamiento profesional destinado a posicionar políticamente a una figura funcional al poder económico que hoy gobierna.
El discurso oficial, que se presenta como adalid de la transparencia, vuelve a chocar contra su propio espejo. El gobierno libertario, que se jacta de perseguir a los “delincuentes de la casta”, tolera y protege a uno de los suyos involucrado en un escándalo internacional de narcotráfico. Patricia Bullrich, la ministra que hizo de la “mano dura” su marca personal, guardó silencio ante información clave proveniente de Estados Unidos. Y Javier Milei, que prometió “limpiar la política de corruptos”, mantiene en su espacio a un dirigente imputado por lavado de activos, sin exigirle siquiera la renuncia.
El episodio también desnuda la hipocresía del relato libertario respecto a la moral pública. Durante años, Espert construyó su imagen sobre la crítica a la “corrupción kirchnerista” y el “clientelismo político”. Sin embargo, cuando el dinero sucio llegó a su propia puerta, las excusas fueron las mismas que antes denunciaba: desconocimiento, asesorías, contratos mal interpretados. La moral de mercado parece tener límites muy flexibles cuando se trata de negocios personales. Lo que antes era condena, ahora se transforma en relativismo.
El contexto internacional agrava aún más el cuadro. Machado está acusado por la justicia de Estados Unidos de integrar una red de narcotráfico y lavado de activos con ramificaciones en Guatemala, Panamá y la Argentina. Su empresa, Minas del Pueblo, es considerada por las autoridades norteamericanas una pantalla financiera utilizada para mover fondos ilícitos. Que un político argentino haya firmado un contrato por un millón de dólares con semejante figura no es un detalle menor: es un hecho de gravedad institucional. Significa que un aspirante a la presidencia del país pudo haber sido financiado por dinero del narcotráfico internacional, sin que ninguna autoridad local lo advirtiera o lo frenara.
La responsabilidad política de Bullrich y de Milei es directa. No hay manera de sostener que el Ministerio de Seguridad no sabía quién era Machado cuando ya existían comunicaciones oficiales con el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. No hay manera de justificar que un diputado imputado siga cobrando su sueldo sin prestar funciones. No hay manera de hablar de “moral y ejemplaridad” mientras el gobierno se protege entre sí y apela a una retórica vacía para cubrir su propia complicidad.
En última instancia, este caso pone en evidencia el verdadero rostro del proyecto político de Javier Milei. Detrás del discurso del sacrificio, la austeridad y la libertad de mercado, se esconde un sistema de impunidad selectiva, donde los aliados del poder quedan exentos del escrutinio que se aplica con saña a los opositores. El narcoescándalo de Espert no es una excepción; es una consecuencia inevitable de un gobierno que mezcla ideología ultraindividualista con prácticas corporativas de vieja política. El “nuevo orden libertario” prometía ser la antítesis de la corrupción. Hoy, a la luz de los hechos, se parece demasiado a aquello que decía venir a destruir.
El futuro judicial de Espert es incierto, pero el daño político ya está hecho. La sociedad observa una vez más cómo las promesas de “tolerancia cero” se diluyen en los pasillos del Congreso y los despachos ministeriales. La diferencia entre el discurso y la realidad es abismal. La transparencia que el gobierno exige hacia afuera se convierte en opacidad cuando las sospechas tocan a los suyos. Y mientras tanto, la ministra Bullrich, que debía haber sido la garante de la verdad, optó por mirar hacia otro lado, confirmando que en la Argentina de Milei la ley sigue teniendo nombre y apellido.
Fuente:
.https://www.pagina12.com.ar/864148-jose-luis-espert-firmo-un-contrato-de-1-millon-de-dolares-co
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