La diputada nacional analiza el escenario político con crudeza: un gobierno sostenido por el FMI y por el respaldo internacional de Donald Trump, decidido a imponer un plan de ajuste, fragmentación laboral y pérdida de soberanía. Bregman advierte sobre la ofensiva contra los derechos de trabajadores, jubilados, monotributistas y movimientos ambientales, y llama a enfrentar estas políticas con unidad social desde abajo.
Myriam Bregman no da rodeos. Su advertencia tiene un tono urgente, casi incómodo para quienes todavía creen que el gobierno de Javier Milei puede moderarse o corregirse. La diputada describe un panorama corrosivo: un presidente envalentonado, un FMI que define el ritmo del ajuste y sectores opositores que ya empiezan a moverse al compás de la Casa Rosada, pese a haberse presentado en las elecciones como supuestos frenos al proyecto libertario. Las “traiciones cantadas”, afirma, están ocurriendo en tiempo real.
Lo que Bregman expone es un diagnóstico demoledor: el gobierno nacional prioriza el pago de la deuda externa por encima de cualquier otra función del Estado. Ese pago —y el entramado geopolítico que lo sostiene— se convirtió en el verdadero corazón del programa económico. Sin el salvataje del Fondo Monetario Internacional y sin la ayuda directa de Donald Trump, sostiene, Milei ya estaría políticamente agotado. Pero el soporte llegó, y el costo también: devolver en dólares lo recibido y abrir negocios para los aliados externos.
La forma de obtener esos dólares, explica la diputada, es tan simple como devastadora: profundizar el extractivismo y la primarización. Para el gobierno, no hay tiempo para debates ambientales, impactos sociales o derechos vulnerados. Lo importante es ingresar divisas lo más rápido posible, incluso si eso implica dinamitar empleos, arrasar salarios o convertir territorios enteros en zonas de sacrificio ambiental. Bregman lo define con crudeza: “No están para esas sensiblerías”.
Este enfoque, lejos de ser un desvío, forma parte del mecanismo de dominación que implica la deuda externa. El endeudamiento, afirma, no es un crédito sino un dispositivo de subordinación que condiciona la política económica, la soberanía y hasta la geopolítica regional. En ese contexto se entiende el nacimiento de la Ley Bases y, dentro de ella, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que la diputada señala como la legalización del saqueo y el blanqueo simultáneo.
Las nuevas exigencias que llegan desde “el norte” —como ella sintetiza a Estados Unidos y los organismos financieros— no son un misterio. Se repiten como una letanía desde hace años: tarifazos en los servicios públicos, aumentos en combustibles, reformas impositivas regresivas y un modelo que hace recaer sobre los sectores populares la carga de financiar un Estado cada vez más desmantelado en salud, educación y derechos básicos.
Uno de los puntos más sensibles es el mismo que atraviesa a millones de trabajadores independientes: el monotributo. Bregman advierte que todavía no está claro qué pretende hacer el gobierno, pero los indicios son preocupantes. Cualquier modificación regresiva empujará a miles de personas hacia la informalidad, quitándoles no solo acceso a la obra social, sino también la posibilidad mínima de realizar aportes previsionales. En otras palabras, un retroceso civilizatorio.
La avanzada también apunta a otro flanco estratégico: los bienes comunes naturales. A pesar de que el RIGI ya abrió la puerta a inversiones extractivas con beneficios extraordinarios, la presión continúa para eliminar normas protectorias como la Ley de Glaciares o sepultar definitivamente la Ley de Humedales. Mientras tanto, casos como el de Mendoza muestran cómo se intenta barrer con cualquier legislación que defienda el agua o los bienes naturales. La detención de activistas como Liza Rule Larrea, señala Bregman, es parte del disciplinamiento en curso.
La diputada también advierte sobre el objetivo permanente del FMI en Argentina: la reforma jubilatoria. Para el organismo internacional, en el país “se jubila mucha gente y cobran demasiado”. En esa lógica se inscribió la creación de la PUAM durante el gobierno de Macri y la eliminación actual de la moratoria previsional, una trampa que deja sin acceso a una jubilación a la enorme mayoría de las mujeres que no pueden completar sus aportes. La situación ya es grave, pero todo indica que el ajuste jubilatorio irá todavía más lejos.
Es en esta misma línea que emerge la reforma laboral que Milei impulsa con insistencia. Bregman desconoce cualquier retórica de modernización o creación de empleo: lo que el gobierno propone, afirma, es precarización lisa y llana. En una economía primarizada, donde la mayor parte de las inversiones no generan puestos de trabajo significativos, la flexibilización solo sirve como garantía adicional para que los empresarios “abaraten costos” mediante despidos más sencillos, jornadas más extensas y pérdida de derechos históricos.
La raíz de la reforma, explica, es clara: fragmentar, desorganizar y debilitar a la clase trabajadora. La Ley Bases ya había avanzado en ese sentido al incluir el artículo 245 bis, que impide la reincorporación de trabajadores despedidos en forma persecutoria o discriminatoria. Ahora, el gobierno quiere ir más allá: atacar el derecho de huelga, recortar convenios colectivos, erosionar el poder de las asambleas y romper los lazos de solidaridad que permiten enfrentar a los sectores patronales en forma organizada.
La diputada no elude la autocrítica hacia sectores del propio progresismo que, en años previos, instalaron discursos de flexibilización encubierta bajo nombres más amables: “primer empleo”, “empleo joven”, “reconversión laboral”. Según ella, esas políticas contribuyeron a instalar un sentido común reaccionario que hoy el gobierno libertario aprovecha para avanzar sin freno.
En los dos años recientes, recuerda, las políticas proempresariales ya eliminaron 250.000 empleos formales. Sin embargo, el impacto no termina en quienes tienen derechos laborales. Los trabajadores informales o precarizados tampoco verán mejoras: si los estándares generales bajan, sus condiciones también caerán, aunque hoy no tengan aguinaldo, vacaciones o estabilidad mínima. La desigualdad se profundiza de arriba hacia abajo.
Bregman denuncia que el gobierno utiliza la excusa de la “informalidad laboral” para justificar una reforma que, en realidad, no solucionará nada. La Ley Bases eliminó las multas por empleo no registrado, lo que en los hechos incentiva a los empresarios a seguir contratando sin derechos. “Los cuentos tienen un límite”, advierte.
La verdadera transferencia de recursos será desde los trabajadores hacia los empresarios: indemnizaciones más bajas, jornadas más largas, convenios debilitados y horas extra sin pagar. No es casualidad, dice, que los sectores más concentrados presionen para que este modelo se imponga cuanto antes.
El desafío, según la diputada, es revertir la lógica de “sálvese quien pueda” que promueve el neoliberalismo feroz de Milei. No hay salida individual. La resistencia debe ser colectiva y debe unir a trabajadores formales e informales, jubilados, feministas, ambientalistas y movimientos sociales, en una respuesta unificada y desde abajo.
En el Congreso, anticipa, darán cada batalla. Pero la verdadera fuerza está en la movilización social y en la capacidad de articular luchas diversas en un frente común. El problema no son los derechos laborales conquistados: el problema es el plan del FMI y el proyecto de saqueo que el gobierno aplica sin disimulo.
“El plan es uno solo”, concluye Bregman. “Y su fortaleza está en nuestra división”. La pregunta que abre su texto —“¿Qué vamos a hacer?”— queda resonando con la misma gravedad que el escenario que describe.
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