La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro, identificó transferencias por más de medio millón de dólares que coincidirían con los presuntos pagos acordados entre Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis. Parte del dinero habría ido a parar a Mauricio Novelli, figura clave del esquema, mientras el resto se dispersó entre distintas billeteras virtuales para perder el rastro. Un entramado que, según la comisión, nació antes del lanzamiento del token y que hoy desnuda una red financiera paralela vinculada al poder presidencial.
El escándalo de $LIBRA sigue creciendo y ya amenaza con arrastrar a buena parte del andamiaje político y económico que sostiene al gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como una excentricidad tecnológica promovida desde la cima del poder terminó revelando una maquinaria de transferencias, contratos oscuros y silencios cómplices. La Comisión Investigadora, presidida por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, dio a conocer que se detectaron movimientos por 300.000 y 250.000 dólares desde una billetera virtual hacia otra, en fechas y montos idénticos a los señalados en el supuesto acuerdo firmado en noviembre entre el presidente y el empresario norteamericano Hayden Davis. Ese acuerdo, según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, habría sido el punto de partida de un vínculo que desbordó cualquier límite institucional: un contrato de “representación del Estado argentino” pagado en criptomonedas y gestionado fuera de los canales oficiales.
Ferraro fue contundente: una parte de esos fondos, exactamente USDC 30.897, fue enviada a Mauricio Novelli, uno de los cerebros detrás de la operatoria de $LIBRA. El resto del dinero, señaló, se fraccionó entre varias billeteras virtuales “presumiblemente para romper la trazabilidad de los fondos”. Traducido: movimientos planificados para borrar huellas, diluir responsabilidades y evitar el seguimiento de los organismos de control. Esa descripción recuerda demasiado a los manuales del lavado financiero.
La comisión emitirá un nuevo oficio para determinar quién es el verdadero titular de la billetera que habría canalizado y distribuido esas transferencias. No es un detalle menor. Si se confirma la relación entre los montos detectados y el acuerdo firmado entre Davis y Milei, el caso podría pasar de un conflicto político a un escándalo penal de dimensiones internacionales. No se trata solo de una criptomoneda fallida o de una mala apuesta de marketing presidencial: se trata de la posible utilización de un instrumento financiero descentralizado para canalizar fondos vinculados al Estado.
Ferraro subrayó, además, que este esquema no surgió de la nada. Según la investigación, los mismos nombres aparecen en operaciones previas al lanzamiento de $LIBRA: Novelli, Terrones Godoy y Morales habrían participado en un entramado financiero vinculado al entorno presidencial que comenzó durante el Tech Forum de octubre, un evento donde confluyeron empresarios cripto, asesores libertarios y figuras cercanas al poder. La reiteración de actores y métodos demuestra que lo de $LIBRA no fue una casualidad sino una forma de operar: aprovechar la desregulación, la opacidad tecnológica y el entusiasmo oficial por el discurso del “libre mercado” para mover dinero sin rendir cuentas.
Frente a estos hallazgos, la Comisión Investigadora decidió hacer reserva de denuncia por falta de colaboración entre poderes y mal desempeño contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes, según Ferraro, no facilitaron la documentación ni avanzaron en las medidas solicitadas. También se formularán denuncias por entorpecimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra miembros del Poder Ejecutivo como Florencia Zicavo, Alejandro Melik, Paulo Stark, Sergio Morales y Roberto Silva. Todos ellos se negaron a testimoniar o a entregar la información requerida. Una lista de nombres que refleja cómo el cerco de protección política alrededor de $LIBRA sigue funcionando con precisión quirúrgica.
El patrón es claro: los funcionarios se callan, los jueces dilatan y los fiscales miran hacia otro lado. Mientras tanto, el dinero se evapora entre billeteras virtuales y contratos fantasmas. La criptomoneda que prometía “revolucionar la economía argentina” se convirtió en la metáfora perfecta de un gobierno que predica la transparencia pero opera en la sombra. $LIBRA fue, y es, la versión digital de los negociados de siempre, solo que ahora revestida de blockchain y lenguaje libertario.
Lo más grave es que, pese a la magnitud del caso, el Poder Ejecutivo se comporta como si nada ocurriera. Ningún funcionario de primera línea dio explicaciones convincentes sobre la relación del presidente con Davis, sobre la supuesta representación del Estado ni sobre el destino de los fondos. La estrategia oficial parece ser la negación: reducir el tema a un invento de la oposición o a una “campaña mediática”. Pero los datos son duros. Las transferencias existen. Las fechas coinciden. Los nombres se repiten. Y el silencio se vuelve cada vez más elocuente.
Ferraro repite una frase que resume el espíritu de la investigación: “$LIBRA no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado que empezó antes, con los mismos nombres y el mismo método”. Ese entramado revela mucho más que una estafa: muestra la estructura de poder real que rodea al presidente, un círculo donde los negocios privados se mezclan con decisiones públicas y donde la frontera entre la política y el dinero se disuelve.
El caso ya está en manos de la Justicia Federal y del fiscal Taiano, aunque el propio Ferraro denunció falta de avances y encubrimiento. Lo que se avecina es una pulseada institucional que pondrá a prueba hasta qué punto las promesas de “republicanismo” del gobierno libertario eran más que un eslogan. Si las transferencias se confirman como pagos encubiertos, la palabra “corrupción” dejará de ser una acusación retórica para transformarse en un hecho verificable.
A casi un año del lanzamiento del token, el sueño libertario de una economía “sin intermediarios” termina revelando una red plagada de intermediarios, operadores y comisionistas. Y mientras la comisión avanza con cuentagotas, la economía argentina sigue sangrando en dólares y confianza. El caso $LIBRA deja al descubierto que la desregulación sin controles no es sinónimo de libertad sino de impunidad, y que detrás del discurso anti-casta se esconde una nueva casta: la de los que hacen negocios en nombre de la libertad.
Fuente:
.https://x.com/maxiferraro/status/1985822674258706796?t=2ncTcIsL9H18_7l7O2yS4g&s=19
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