La fundación CrecimientoAR, impulsada por extranjeros y con vínculos con el Ministerio de Economía, enfrenta acusaciones por supuestos negocios turbios, creación de una zona franca digital y posibles beneficios encubiertos. La comunidad cripto argentina estalla en redes, temiendo otro “rug pull” como el del escándalo $LIBRA.
El video viral publicado por @TodoNegativo, que ya suma más de 240 likes y 140 reposts, desató una tormenta política y tecnológica: la denuncia apunta a un nuevo acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y una ONG extranjera para instalar una “zona franca digital” en Mendoza. Las comparaciones con el fraude de $LIBRA reavivan el debate sobre la connivencia entre funcionarios y especuladores en el ecosistema cripto argentino.
El ecosistema cripto argentino volvió a encenderse en llamas. Esta vez no fue por un token que se desploma ni por un hackeo millonario, sino por una denuncia que toca de cerca al gobierno de Javier Milei y a su visión libertaria de la economía digital. El posteo publicado el 8 de noviembre por la cuenta @TodoNegativo sacudió las redes: acusa directamente a la ONG @crecimientoar —una fundación que dice promover hackathons, educación blockchain y “la libertad económica digital”— de haber cerrado un negocio turbio con el Ejecutivo para crear una “zona franca cripto”, un verdadero paraíso fiscal digital con exenciones impositivas y regulatorias.
La comparación fue inmediata: “Esto es $Libra 2.0”, escribió el autor del post. La referencia apunta al escándalo que estalló en febrero de 2025, cuando el propio Milei promocionó la memecoin $LIBRA, una criptomoneda que subió 10.000% en cuestión de horas antes de desplomarse y evaporar cientos de millones de dólares. Más de 1.300 argentinos resultaron damnificados solo en la plataforma Ripio. Desde entonces, cualquier intento de fusión entre criptomonedas y política huele a pólvora.
@CrecimientoAR se presenta como una fundación sin fines de lucro creada por inversores europeos y estadounidenses. Su discurso suena a manual de Silicon Valley: innovación, educación, desarrollo tecnológico, libertad financiera. Pero detrás de esa fachada se esconden sombras que inquietan incluso a los más fervientes defensores del mundo cripto. Diversos desarrolladores locales, como @fede_intern —conocido en la comunidad Ethereum—, denunciaron que la fundación montó una estructura paralela en Panamá para canalizar fondos y beneficiarse de los cambios regulatorios que ellos mismos impulsan en Argentina.
Las acusaciones no se detienen ahí. Según las filtraciones que circulan en X, hubo reuniones privadas entre representantes de CrecimientoAR y funcionarios del gobierno bajo acuerdos de confidencialidad (NDA). El objetivo, según los denunciantes, sería asegurar ventajas fiscales y habilitaciones exprés para operar una “Digital Zone”, un territorio cripto con reglas propias. La ubicación tentativa sería Mendoza, una provincia donde Milei ha prometido flexibilizar impuestos para atraer inversiones tecnológicas.
El Ministerio de Economía, hasta ahora, guarda silencio. Ningún vocero oficial ha desmentido la existencia del proyecto, que estaría en una etapa de “análisis técnico”. Sin embargo, la propia jefa legal de CrecimientoAR sostuvo públicamente que todo se maneja “con transparencia y auditoría internacional”. Pese a eso, medios especializados y miembros del ecosistema cripto argentino aseguran que hay huecos difíciles de explicar.
Lo que irrita a buena parte de la comunidad es la sensación de déjà vu. El caso $LIBRA dejó una herida abierta: un gobierno que promueve una criptomoneda sin regulaciones, un colapso instantáneo, miles de damnificados y una investigación judicial aún abierta por estafa y encubrimiento. Hoy, el nuevo proyecto se percibe como la reedición del mismo guion, con otros actores pero la misma trama.
Mientras tanto, voces como la de Santiago Siri, fundador de Democracy Earth y uno de los pioneros de la tecnología blockchain en América Latina, salieron en defensa de CrecimientoAR. Para él, el ataque es exagerado: “Son un equipo serio apostando por Argentina. Es lógico que haya miedo después de $LIBRA, pero no todo proyecto cripto es una estafa”. Su intervención, lejos de calmar las aguas, encendió más la polémica.
El contexto tampoco ayuda. La Argentina de Milei atraviesa un experimento económico inédito: dolarización de facto, desregulación total, privatización de activos públicos y apertura irrestricta al capital extranjero. En ese marco, cualquier intento de crear un enclave fiscal o digital bajo el pretexto de la “innovación” despierta sospechas legítimas. La idea de una “zona franca cripto” donde empresas puedan operar sin impuestos ni supervisión estatal suena, para muchos, a un retroceso institucional peligroso.
El video de Manu Jove emitido por TN el mismo día que estalló la polémica reforzó las dudas: en el clip, el periodista describe las maniobras corporativas detrás del proyecto y no ahorra sarcasmo. “Mamita, qué curro”, dice mientras muestra los vínculos entre la fundación y funcionarios del gobierno nacional. La frase, simple pero potente, sintetiza el sentir de buena parte de la ciudadanía: que las promesas de libertad se transformaron en un festival de negocios para pocos.
Detrás del ruido, el punto de fondo es político. El gobierno de Milei insiste en que su revolución libertaria digitalizará el país, pero cada nuevo intento parece abrir un nuevo flanco de sospechas. Las regulaciones son ambiguas, los actores se mueven entre la filantropía y el lucro, y el Estado —lejos de controlar— aparece como facilitador. En ese contexto, el miedo a otro rug pull no es paranoia: es memoria reciente.
A pocos meses del estallido de $LIBRA, el país aún no ha sanado la herida económica ni la pérdida de confianza en sus instituciones. Si el gobierno vuelve a apostar por un esquema cripto sin controles claros, no solo se arriesga a repetir la historia: puede consolidar la imagen de una gestión que protege a los especuladores mientras abandona a los ciudadanos comunes.
La trama recién empieza. Y si algo enseña el historial reciente del mundo cripto en Argentina es que detrás de cada promesa de libertad digital, suele esconderse un nuevo formato de concentración económica.
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