En un acto que refuerza su perfil de insensibilidad social, el presidente Javier Milei vetó tres leyes clave aprobadas por el Congreso: la movilidad jubilatoria, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Blindado por el poder del veto y sin un gramo de empatía, Javier Milei tachó con su lapicera tres conquistas sociales fundamentales. A contramano del Congreso, el presidente argentino decidió anular aumentos para jubilados, cortar el acceso a jubilaciones para quienes no cumplan con los aportes y desconocer la urgencia de miles de personas con discapacidad. Una señal inequívoca de que en su Argentina, la austeridad se impone aunque sea a costa del sufrimiento ajeno.
Con una frialdad quirúrgica y sin titubeos, el presidente Javier Milei tomó la decisión política de vetar tres leyes aprobadas por el Congreso Nacional que apuntaban directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Lejos de dar un paso hacia la justicia social, su gobierno vuelve a aferrarse a una lógica de ajuste brutal que, esta vez, apunta contra los jubilados, quienes esperaban una actualización de sus haberes; contra quienes no pudieron completar los años de aportes, y contra miles de personas con discapacidad que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La publicación del Decreto 626/2025 en el Boletín Oficial cristalizó lo que ya era un secreto a voces: Milei considera que cualquier política que implique redistribución o contención social es un gasto innecesario. Su firma, estampada con determinación ideológica, arrasó con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, bloqueó la posibilidad de acceder a una jubilación mediante la moratoria y dejó sin efecto la declaración de emergencia pública en materia de discapacidad. En otras palabras, canceló derechos con la misma facilidad con la que repite slogans de ajuste.
El gobierno libertario argumenta, sin sonrojarse, que las normas vetadas son “contrarias a los objetivos de la Ley de Bases”, especialmente en lo que respecta al equilibrio fiscal. Traducido al castellano simple: no se puede gastar en los que menos tienen. Esta decisión vuelve a confirmar que, para Milei, el único déficit que importa es el económico, aunque eso signifique incrementar el déficit moral de un país que alguna vez se jactó de su red de protección social. Con una lógica tan cruda como cruel, el Presidente prioriza los balances contables por encima del drama cotidiano de millones de argentinos.
Resulta escandaloso que se vete una ley de movilidad que implicaba garantizar que los haberes jubilatorios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Según el propio texto que Milei decidió rechazar, la fórmula proponía aumentos mensuales según la inflación y un refuerzo adicional del 8,1% para recuperar parte de lo perdido en enero de este año. Lejos de considerarlo un acto de justicia, el Ejecutivo lo tildó de “inaplicable” y “fiscalmente irresponsable”. Como si cuidar a los jubilados fuera un capricho ideológico en lugar de un imperativo ético y legal.
No menos grave es la decisión de vetar la prórroga de la moratoria previsional. En un país donde más del 70% de las mujeres en edad de jubilarse no logra completar los años de aportes exigidos, cerrar esta vía alternativa es lisa y llanamente condenarlas a la indigencia. Pero el gobierno de Milei ni siquiera pestañea ante esta realidad: acusa a la ley de “convalidar el otorgamiento de beneficios sin sustento”, cuando en realidad lo que hacía era reconocer las desigualdades estructurales del mercado laboral argentino.
El tercer veto, referido a la emergencia en discapacidad, expone una dosis alarmante de desapego a la realidad. Quienes conocen el sistema saben que las personas con discapacidad enfrentan una situación dramática: recortes en prestaciones, falta de pago a transportistas, deudas con instituciones educativas y barreras de todo tipo. La ley buscaba declarar la emergencia pública para garantizar el acceso a derechos y servicios, pero el Presidente consideró que su sanción era innecesaria. En palabras del Ejecutivo, ya existen “disposiciones vigentes” que regulan el tema. Una excusa tan cínica como insultante frente al padecimiento cotidiano de quienes necesitan asistencia urgente y específica.
Este triple veto no es un hecho aislado. Forma parte de una matriz ideológica que desprecia al Estado como herramienta de justicia y abraza una visión empresarial de la política, donde los ciudadanos se convierten en costos y los derechos en obstáculos para el mercado. El discurso del “no hay plata” sirve como paraguas para justificar un desmantelamiento sistemático de la red social, reemplazada por la lógica del sálvese quien pueda.
Pero, incluso desde esa mirada tecnocrática y utilitaria, los vetos son un tiro en el pie. Quitar poder de compra a los jubilados es frenar el consumo interno. Impedir el acceso a jubilaciones reduce la seguridad social. Desatender la emergencia en discapacidad implica dejar sin respuesta a un colectivo históricamente postergado, que además representa un universo de trabajadores, familias, instituciones y profesionales cuya tarea es imprescindible.
El Congreso votó con mayorías claras en favor de estas leyes. Lo hizo reconociendo el reclamo de la calle, las advertencias de los especialistas, y el mandato social de no seguir castigando a los que menos tienen. El veto presidencial no solo desacata esa voluntad política: la pisotea con desprecio. Milei no está corrigiendo errores del legislativo, está avanzando con una motosierra sobre derechos conquistados.
La pregunta que queda flotando es hasta cuándo podrá sostenerse esta política de tierra arrasada sin un costo político irreversible. ¿Cuál es el límite de la sociedad ante semejante nivel de crueldad institucionalizada? ¿Cuánto más puede soportar un país que ve cómo el ajuste se convierte en doctrina y el sufrimiento en estadística?
La gestión de Javier Milei parece empeñada en escribir una nueva historia argentina, pero una escrita en clave de recortes, exclusiones y retrocesos. Con cada veto, se borra un artículo más del contrato social. Con cada decreto, se endurece un modelo que mira al pueblo con desprecio y al poder con veneración. Lo que se juega, entonces, no es solo una disputa legislativa, sino la propia dignidad del país. Porque vetar a los jubilados, a quienes no llegaron con sus aportes, y a las personas con discapacidad, no es solo una medida económica: es una declaración de principios. Y esos principios, bajo este gobierno, parecen tener un solo destinatario: el mercado.
Fuente:
https://noticiasargentinas.com/politica/es-oficial–javier-milei-veto-leyes-de-aumento-a-jubilados–moratoria-previsional-y-emergencia-en-discapacidad_a68902c396069bf01925cd648
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