El presidente Javier Milei firmó el Decreto N° 534/2025 que observa en su totalidad el proyecto de ley N° 27.793, destinado a declarar la emergencia en discapacidad y a garantizar derechos básicos. La decisión, con argumentos fiscales, exhibe la crudeza de una política que prioriza el déficit cero por sobre la dignidad humana.
Con la excusa de un supuesto desequilibrio presupuestario, el gobierno nacional anuló la iniciativa que buscaba reconocer y proteger los derechos de más de un millón y medio de personas con discapacidad en Argentina. El veto presidencial, sustentado en tecnicismos financieros, exhibe la verdadera cara del ajuste: un Estado que abandona a quienes más lo necesitan.
La firma del Decreto N° 534 el pasado 1 de agosto por parte del presidente Javier Milei sella un nuevo capítulo de brutalidad institucional contra los sectores más frágiles del país. El gobierno decidió vetar completamente el proyecto de ley N° 27.793, que había sido aprobado por el Congreso y que proponía declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Este proyecto establecía medidas urgentes de protección, financiamiento y acceso a derechos básicos para personas con discapacidad. Sin embargo, fue devuelto con la firma del presidente y sus ministros, bajo la acusación de ser inviable fiscalmente. Así, la promesa de “reconstruir la Nación” se convierte en el acto de destruir los últimos resquicios del Estado social.
En un país donde más de 1.500.000 personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad, la ley vetada buscaba garantizar un piso de dignidad. Establecía, entre otras medidas, la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con el trabajo formal. Además, aseguraba el acceso a un programa médico integral, actualizaciones mensuales de los aranceles que cobran los prestadores del sistema y una compensación económica por la pérdida sufrida entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 frente al Índice de Precios al Consumidor. Todo esto fue descartado con un plumazo.
Los argumentos del Ejecutivo son tan previsibles como despiadados: “carece de fuente de financiamiento concreta, específica, actual y suficiente”, dice el decreto. Bajo esa lógica, el gobierno desestima la ley por su “impacto fiscal”, que calcula en más de $2 billones para 2025 y más de $4,7 billones para 2026, lo que representaría apenas entre el 0,26% y el 0,47% del Producto Bruto Interno. Una suma que, en cualquier país con sensibilidad social, sería vista como una inversión en dignidad. En la Argentina de Milei, es tratada como una amenaza.
Lo que resulta aún más alarmante es la crudeza con la que el decreto pone en duda la necesidad misma del sistema de atención a personas con discapacidad. El texto sugiere que muchas de las medidas que pretendían restituir derechos “ponen en riesgo la sustentabilidad del régimen de atención” y acusa al Congreso de actuar con “irresponsabilidad legislativa”. Es decir, se culpa al Parlamento por pretender garantizar derechos, mientras se protege con uñas y dientes un “equilibrio fiscal” que está destruyendo la cohesión social.
En un momento del decreto, el gobierno argumenta que ampliar el universo de beneficiarios de pensiones no contributivas a quienes tengan CUD vigente equivale a “poner en crisis” al sistema, como si el reconocimiento de derechos fuera una amenaza y no una obligación legal consagrada incluso por tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de una inversión social convertida en enemigo público número uno.
Ni siquiera los prestadores del sistema se salvan de la motosierra presidencial. El artículo 13 del proyecto proponía una compensación económica de emergencia para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, considerando la brutal disparidad entre la inflación y los aranceles autorizados durante 2023 y 2024. Pero el gobierno desecha esa propuesta, argumentando que actualizar los valores mensualmente, como indicaba el artículo 14, “resulta dañino para el sistema” porque exigiría más recursos del Fondo Solidario de Redistribución. Un fondo que, vale aclarar, se nutre de los aportes de trabajadores y no de la emisión monetaria que tanto aterroriza al oficialismo.
Es notable también el cinismo con el que el Ejecutivo recurre a una supuesta “ilegitimidad” en la aprobación parlamentaria del proyecto para justificar su rechazo. Según el decreto, la sesión del Senado del 10 de julio en la que se sancionó la ley fue irregular, sin citación formal ni dictámenes válidos. Se acusa a una “mayoría circunstancial” de haber actuado con arbitrariedad, como si se tratara de una insurrección legislativa y no del ejercicio pleno de un poder constitucional. Pero incluso si esos reparos fueran ciertos, lo que resulta inadmisible es que el gobierno use esa excusa para desmantelar una política pública vital sin siquiera ofrecer una alternativa.
El decreto del gobierno no solo es un veto administrativo: es una declaración de principios. Es la confirmación de que, en nombre del equilibrio fiscal y del ajuste permanente, este gobierno está dispuesto a abandonar a millones de personas. No hay reforma previsional, no hay racionalización del gasto, no hay eficiencia administrativa. Hay un recorte brutal que se ensaña con quienes no pueden defenderse en un mercado que los excluye por definición.
El texto del decreto menciona que evitará la promulgación de este tipo de leyes “para proteger los objetivos económicos del gobierno”. Pero en realidad, lo que se protege es un dogma: el de la emisión cero, el déficit cero y la sensibilidad cero. Se trata de una política fiscal convertida en una doctrina moral que condena a la pobreza a quien no encaja en el ideal del “hombre autosuficiente”, ese ser de fantasía que Milei admira en su catecismo libertario.
Con este veto, el gobierno de Javier Milei asesta un golpe directo al corazón de las políticas sociales, atacando no solo un conjunto de medidas concretas, sino también la idea misma de que el Estado debe cuidar a quienes más lo necesitan. La emergencia en discapacidad no es una exageración ni un privilegio. Es una respuesta necesaria frente a una realidad que, sin el amparo del Estado, se vuelve insoportable. Pero en la Argentina actual, esa realidad parece no tener lugar. El Estado, en vez de proteger, se borra. Y cuando se borra, no desaparece el gasto: desaparece la dignidad.
Fuente:
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/0006-PE-2025.pdf
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