El Ministerio de Defensa quedó bajo control de sectores que promueven la “verdad completa”, un eufemismo para relativizar delitos de lesa humanidad y rehabilitar el discurso de impunidad. La designación de Carlos Presti, hijo de un represor emblemático, profundiza un giro institucional que organismos de derechos humanos califican como un retroceso histórico.
Los seminarios impartidos entre militares activos y en formación, presentados por el gobierno de Javier Milei como iniciativas de concordia, están en manos de personas que militan la liberación de represores condenados por crímenes aberrantes. La llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa confirma una orientación negacionista que desarma políticas clave de Memoria, Verdad y Justicia vigentes desde 1983.
El avance del negacionismo dentro del Ministerio de Defensa ya no es una sospecha ni una interpretación posible: es una política explícita del gobierno de Javier Milei. Bajo la excusa de transmitir “derechos humanos y verdad completa”, el Ejecutivo viene promoviendo cursos que no buscan otra cosa que reinstalar un relato que diluye responsabilidades, victimiza represores y cuestiona el consenso democrático construido durante cuatro décadas. La puesta en escena de “testimonios genuinos” disfrazados de pedagogía del perdón es parte de una estrategia mayor para reconfigurar el sentido mismo del pasado reciente, forzando una reinterpretación que habilita la relativización del terrorismo de Estado.
Los seminarios comenzaron bajo la conducción de Luis Petri, quien no solo defendió abiertamente la necesidad de “contar la historia completa”, sino que aprovechó su gestión para destruir estructuras clave. Entre sus celebraciones de gestión destacó la eliminación de los equipos de relevamiento documental, aquellos que aportaban evidencia fundamental a los juicios de lesa humanidad. Calificó estos equipos como “nefastos”, acusándolos de “carpetear” militares por portación de apellido, un argumento calcado de los sectores que buscan desacreditar décadas de investigación judicial meticulosa.
En marzo de 2024, Petri directamente expulsó a los especialistas que trabajaban con archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con los procesos judiciales. En su lugar, designó como asesores a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, militantes históricos de organizaciones que reclaman beneficios para represores condenados. Ambos forman parte del entramado que, desde mediados de los 2000, articula grupos como AVTA, Arpana y espacios que confluyen con la prédica de Cecilia Pando y la hoy vicepresidenta Victoria Villarruel. No se trata de nombres menores ni aislados: son figuras centrales del discurso de impunidad.
La propia respuesta oficial del Ministerio a Página/12 es reveladora. Allí se reconoce abiertamente que los seminarios se basan exclusivamente en los testimonios de Larrabure e Ibarzábal, sin programa, sin bibliografía y sin ningún tipo de marco académico. La Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario, dirigida por Joaquín Mogaburu, lo presenta como un mensaje de perdón “digno de destacar”. Que un funcionario de Defensa afirme esto mientras acompaña personalmente a los expositores muestra con crudeza la orientación ideológica del ministerio.
La designación de Carlos Presti al frente de la cartera no hace más que coronar este proceso. No es solo que se trate del primer militar en ocupar el Ministerio de Defensa en 44 años. El dato clave es que Presti es hijo del represor Roque Presti, jefe del Regimiento 7 de La Plata durante la dictadura, responsable de secuestros, desapariciones y asesinatos emblemáticos. Su participación en crímenes de enorme gravedad, como la desaparición de estudiantes secundarios durante la Noche de los Lápices o el operativo que terminó con el secuestro de Clara Anahí Mariani, forma parte del catálogo más oscuro del terrorismo de Estado.
Presti hijo nunca se pronunció contra los crímenes de su padre. Jamás expresó un gesto mínimo de reparación o distancia ética. Ese silencio, en un contexto de reivindicación explícita del relato de “memoria completa”, es cualquier cosa menos neutro. Historias Desobedientes, el colectivo de familiares que rompió con la herencia militar para comprometerse con la democracia, fue categórico al calificarlo: “hijo obediente de genocida”. No se trata de una frase fuerte para llamar la atención, sino de una caracterización política que evidencia una preocupación real: su llegada a Defensa implica militarizar la política pública y reinterpretar la defensa nacional desde una lógica que favorece la impunidad.
Resulta inquietante que este nombramiento ocurra a las puertas del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. Como si el gobierno necesitara poner en escena un golpe simbólico, un mensaje hacia adentro y hacia afuera: desmontar lo construido desde 1983 y redibujar el campo de los derechos humanos para que parezca un espacio de disputas opinables, y no de verdades judiciales establecidas con pruebas contundentes.
Dentro del Ejército, Presti nunca se caracterizó por hablar públicamente sobre su padre. Sin embargo, protagonizó varios actos de reivindicación de la “historia completa”, como el homenaje en Formosa a quienes defendieron el cuartel frente al intento de asalto de Montoneros. Una agenda que coincide a la perfección con sectores del gobierno que buscan reinstalar una narrativa de heroísmo castrense que equipara responsabilidades, borra la diferencia entre crímenes de Estado y delitos de organizaciones armadas y desarma el pacto democrático básico: ninguna violencia es comparable a la desaparición forzada, la tortura sistemática y el exterminio desde el aparato estatal.
El avance negacionista no ocurre en soledad. En la órbita del ministerio se mueven con libertad figuras como Claudio Pasqualini, cruzado de la “memoria completa”, o actores eclesiásticos como el obispo castrense Santiago Olivera, defensor de represores presos. No sorprende entonces que ya se organicen misas para “agradecer servicios” a Petri y Patricia Bullrich, como si el desguace de políticas de Memoria, Verdad y Justicia fuera un acto de reparación para las Fuerzas Armadas.
En este clima, el discurso oficial insiste en hablar de “fin de la demonización”, como si la justicia argentina hubiera sido un mecanismo de venganza y no el proceso más sólido de juzgamiento a represores en toda la región. Lo que Milei presenta como concordia es, en realidad, un intento de reinstalar el negacionismo como política de Estado. Y eso no es solo un retroceso: es un riesgo.
Estela de Carlotto lo sintetizó con claridad. Para ella, la llegada de Presti “inicia una situación de violencia en la sociedad”, un eco directo del pasado que la Argentina ya conoce demasiado bien. No se necesita exagerar para entender lo que está en juego. Cuando el Estado minimiza los crímenes del terrorismo de Estado, cuando habilita discursos que justifican atrocidades, cuando coloca a los hijos obedientes de genocidas en puestos claves, no está “contando otra versión” de la historia: está poniendo en crisis el pacto democrático.
El gobierno de Javier Milei está tensando un límite que la sociedad argentina consideraba inamovible desde 1983. La pregunta ahora es si esta ofensiva negacionista logrará avanzar sin resistencia, o si será frenada por la memoria activa de un país que aprendió —a un costo insoportable— que la impunidad siempre vuelve, y que cuando vuelve, nunca lo hace sola.
Fuente
.https://www.pagina12.com.ar/2025/11/25/los-seminarios-de-verdad-completa-que-imparten-simpatizantes-de-los-represores/
Deja una respuesta