El abogado del presidente Javier Milei, Francisco Oneto, también defiende al empresario acusado por narcotráfico Federico “Fred” Machado. El mismo Oneto es abogado de José Luis Espert, quien reconoció haber recibido dinero del propio Machado. A pesar de las pruebas, Milei lo protege y lo mantiene como candidato.
En la Argentina libertaria de Javier Milei todo parece estar permitido… menos investigar a los amigos del poder. Mientras el gobierno sigue vendiendo la épica de la “casta moralista”, los vínculos del presidente y de su candidato José Luis Espert con un empresario acusado de narcotráfico exponen una trama que huele a algo mucho más profundo que una simple coincidencia.
Francisco Oneto, el abogado de confianza de Milei, no solo defiende al Presidente. También representa a Federico “Fred” Machado, detenido por lavado y narcotráfico, cuya extradición a Estados Unidos lleva más de tres años frenada en la Corte Suprema. El mismo Oneto es abogado de José Luis Espert, que reconoció públicamente haber recibido 200 mil dólares de Machado, además de haber viajado en sus aviones y compartido negocios.
El círculo se cierra: un presidente, su abogado, su candidato y un empresario narco, todos conectados por la misma trama legal y política. Ante la evidencia, cualquier gobierno serio habría marcado distancia. Pero Milei hizo lo contrario: blindó a Espert y lo sostuvo como candidato, desoyendo reclamos internos y dejando claro que su discurso de “tolerancia cero con el delito” tiene excepciones muy convenientes.
Mientras tanto, la extradición de Machado sigue empantanada en la Corte. Tres años y cuatro meses sin resolución, un récord que contrasta con la velocidad con la que ese mismo tribunal proscribió electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner en apenas setenta días.
¿Casualidad judicial o protección política? El patrón se repite: cuando se trata de opositores, la maquinaria del lawfare funciona a toda velocidad. Cuando el que está en el banquillo puede salpicar al oficialismo libertario, la justicia pisa el freno y el silencio mediático se vuelve norma.
El caso Espert-Machado-Oneto-Milei deja al descubierto una red de protección corporativa que opera desde el corazón del poder. Una red que mezcla intereses políticos, legales y económicos, con lazos que llegan hasta un empresario acusado de narcotráfico. Y si el Presidente sostiene a un candidato que recibió dinero de un narco, y su abogado defiende a ese mismo narco, la pregunta ya no es si hay una estructura detrás, sino cuánto más falta para que las pruebas terminen de confirmar lo que a esta altura ya nadie puede negar: que el gobierno libertario se construyó sobre una alianza peligrosa, donde los límites entre la política y el crimen parecen haberse borrado.
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