Niñez subsidiada, futuro hipotecado: el feroz ajuste social de Milei. Un informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y el think tank Fundar revela el mayor ajuste del gasto social en dos décadas. Las becas Progresar y los programas como Potenciar Trabajo fueron desmantelados, al tiempo que las jubilaciones no contributivas se licuaron. Todo bajo el disfraz de una “racionalización” del Estado que, en la práctica, abandona a quienes más lo necesitan.
El gobierno de Javier Milei no oculta su desdén por el rol del Estado como garante de derechos sociales. Sin embargo, hay algo más brutal que el discurso: la realidad de los números. Y esa realidad no miente. Durante el primer año de su gestión, La Libertad Avanza ejecutó el ajuste del gasto social más profundo desde la crisis del 2002. No es una metáfora ni una exageración. Es el resultado documentado por el informe “Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina 2025”, elaborado por el CIAS y Fundar.
Jóvenes y adultos mayores fueron los principales destinatarios del tijeretazo. De los programas sociales no contributivos —es decir, aquellos que no dependen de aportes previos, como las jubilaciones ordinarias— se extrajo el equivalente a 5,6 billones de pesos. Una cifra descomunal, tres veces mayor que el ajuste aplicado durante todo el mandato de Mauricio Macri.
El detalle es demoledor. El programa Progresar, diseñado para sostener la trayectoria educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad, sufrió una caída del 63,3% en su inversión. No sólo se redujeron los montos de las becas, también se expulsó a beneficiarios del sistema: 36,8% menos en 2024. ¿El mensaje? Si sos joven, pobre y querés estudiar, estás solo.
Pero eso no fue todo. Los programas de empleo para adultos como Potenciar Trabajo y sus versiones rebautizadas —Volver al Trabajo y Acompañamiento Social— fueron desangrados. En términos reales, la inversión cayó un 59,8%. ¿Cómo se explica semejante derrumbe? Sencillo: el monto mensual quedó congelado en $78.000 desde diciembre de 2023. Mientras la inflación arrasaba con los bolsillos, el Estado se quedaba mirando. Resultado: una caída del 56,26% en términos reales y un beneficio que, comparado con 2019, es un 63,5% más bajo, aunque el número de beneficiarios se duplicó.
Sí, leyó bien: el mismo gobierno que se jacta de haber eliminado “el despilfarro”, empobrece deliberadamente a quienes viven del rebusque, del trabajo autogestionado o del changueo. Y lo hace con un ensañamiento que no se disimula ni con retórica libertaria.
Las jubilaciones y pensiones no contributivas tampoco escaparon al ajuste. Allí el recorte fue de uno de cada tres pesos. La caída real en el haber mínimo promedio fue del 14,9% respecto a 2023, aun incluyendo los bonos paliativos. La tan mentada “nueva fórmula de movilidad”, que comenzó a aplicarse en la segunda mitad de 2024, apenas logró que en noviembre los haberes quedaran un 2,5% por debajo del mismo mes del año anterior. Es decir, una leve “mejora” luego de haber sido arrasados durante meses.
En este escenario sombrío, el gobierno intenta exhibir como un logro que la inversión social en la niñez creció un 13,8%. ¿La razón? El aumento del 47,48% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que permitió que, sumada a la Tarjeta Alimentar, la cobertura llegue al 99% de una canasta básica alimentaria para un adulto equivalente. Suena bien, claro. Pero no alcanza.
Primero, porque ese incremento no fue una elección progresista, sino un rebote luego del recorte del 21,21% en términos reales que esa misma inversión sufrió entre 2021 y 2023. En segundo lugar, porque si se revisa el promedio de los montos de la Tarjeta Alimentar durante 2024, la caída fue del 15,2%, aunque la cobertura aumentó. O sea: más personas cobrando menos.
Pero lo más grave es la trampa discursiva. Porque mientras se infla el pecho hablando de “priorizar la infancia”, se condena a su entorno —jóvenes, padres y abuelos— al empobrecimiento estructural. ¿De qué sirve garantizar que un niño tenga para comer si su familia es empujada al desempleo, la exclusión educativa y la desprotección en la vejez?
La estrategia del gobierno es clara: segmentar, fragmentar, dividir. Beneficiar a unos pocos para justificar el abandono de muchos. Generar titulares amigables —“más inversión en la AUH”— mientras se desmantelan las herramientas que sostenían a miles de hogares en la informalidad o el desempleo crónico.
Detrás del tecnicismo frío del informe, hay millones de historias invisibles: jóvenes que abandonan sus estudios porque no pueden pagar el colectivo; cooperativistas que vuelven a cartonear porque el subsidio no alcanza; jubilados que eligen entre medicamentos y comida. No son números, son vidas quebradas por un proyecto que considera la justicia social como una ofensa ideológica.
El gobierno de Javier Milei no está “reordenando el gasto”. Está escribiendo una nueva versión del viejo guion del ajuste salvaje: cortar por lo más delgado, disciplinar por el hambre y glorificar el abandono como virtud.
El informe del CIAS y Fundar no deja dudas: el recorte no fue inevitable, fue una decisión. Y como toda decisión política, tiene responsables, consecuencias y, tarde o temprano, tendrá costos. En las urnas, en las calles o en la memoria colectiva de un país que ya conoce —y resiste— a los gobiernos que gobiernan desde el Excel y no desde la empatía.
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