Una demanda en Nueva York sacude el relato libertario: Javier Milei es acusado de manipular el mercado para beneficiar a una empresa de criptomonedas ligada a sus funcionarios.
La Justicia estadounidense investiga si el presidente argentino usó su cuenta oficial de X para favorecer a $Libra, una criptomoneda impulsada por aliados suyos. El mensaje, lejos de ser ingenuo, habría sido parte de una estrategia “altamente engañosa” y diseñada para generar ganancias a costa de inversores desprevenidos.
La narrativa libertaria de Javier Milei, sostenida a pulmón por una épica de libre mercado y un culto casi místico al emprendedurismo digital, ha sumado esta semana un nuevo capítulo, aunque esta vez teñido de sospecha, olor a jugada sucia y ecos de un escándalo con ribetes internacionales. La demanda presentada en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York revela lo que podría ser mucho más que una torpeza comunicacional: un movimiento cuidadosamente orquestado desde lo más alto del poder político argentino para beneficiar a un reducido grupo de insiders en el negocio de las criptomonedas.
Según el expediente judicial, Milei habría publicado desde su cuenta presidencial un mensaje con repercusiones bursátiles explosivas. A través de una respuesta a otro usuario en la red X, escribió: “Y falta Libra…”, en aparente alusión a una criptomoneda llamada $Libra. Hasta ahí, podría parecer un guiño casual o un comentario sin mayores consecuencias. Pero no lo fue. El posteo fue inmediatamente interpretado como una validación presidencial de la moneda, lo que disparó su valor en un 5000%. Una suba tan brutal como fugaz: en pocas horas, la moneda se desplomó, dejando a miles de pequeños inversores con las manos vacías y las billeteras rotas.
Pero lo más grave es lo que viene después. La denuncia apunta a que este posteo no fue una travesura ni un acto espontáneo del mandatario, sino una maniobra meticulosamente planificada, en coordinación con funcionarios del propio gobierno argentino. En el escrito judicial se menciona expresamente a Matías Tober, asesor presidencial en temas de redes sociales, y a Manuel Adorni, vocero presidencial, como parte del núcleo que impulsó esta operatoria. Lo que se señala no es menor: se trata de la posibilidad de que desde el mismo Estado se haya promovido un esquema para inflar artificialmente una criptomoneda y provocar un ciclo de compra masiva, solo para luego dejar que caiga, obteniendo ganancias de quienes se bajaron a tiempo.
Si este comportamiento se confirma, se trataría de un textbook case de manipulación de mercado, con todas las letras. Una especie de pump and dump ejecutado desde Balcarce 50, en horario presidencial y con la firma digital del mismísimo presidente de la Nación.
La denuncia, presentada por la firma L7 DTX, no escatima calificativos. Habla de una conducta “altamente engañosa”, “deliberadamente planificada” y con “intenciones fraudulentas”. También describe cómo ese posteo de Milei fue el disparador de un crecimiento repentino de la cotización de $Libra, seguida por una caída abrupta que dejó a una multitud de inversores atrapados. Entre ellos, varios residentes estadounidenses, razón por la cual la demanda fue radicada en Nueva York.
Más allá del daño económico, lo que está en juego es el prestigio institucional de Argentina. Un presidente de la República no puede permitirse —ni por acción ni por omisión— ser el protagonista de un escándalo financiero internacional. Mucho menos en un país como Estados Unidos, donde las regulaciones del mercado de capitales son estrictas y las consecuencias penales pueden escalar muy alto.
¿Y cómo respondió el gobierno argentino ante semejante señal de alarma? Con silencio. Con evasivas. Con la actitud cínica de quien cree que todo se resuelve con ironías en redes sociales. La lógica libertaria parece no tener respuesta ante un sistema que exige rendición de cuentas. Ni Adorni ni Tober dieron explicaciones públicas, ni siquiera después de que la Casa Rosada tuviera que aclarar, a regañadientes, que el posteo de Milei “no implicaba ningún respaldo oficial”. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra presidencial, en este caso, no solo fue irresponsable: fue funcional a una maniobra que podría encuadrarse dentro de los delitos federales más serios del sistema legal estadounidense.
Lo que resulta aún más preocupante es el contexto. El ecosistema libertario se ha caracterizado por su desdén hacia cualquier regulación estatal, especialmente en lo financiero. Pero ahora que un juez norteamericano les pone el espejo enfrente, los funcionarios argentinos parecen descubrir, con una mezcla de ingenuidad y arrogancia, que las reglas del juego no se tuitean: se cumplen.
Este no es un caso menor ni un escándalo anecdótico. Es la punta de un iceberg que expone cómo un gobierno puede cruzar la delgada línea entre la comunicación y la manipulación, entre el marketing político y la ingeniería financiera con víctimas reales. Si bien la causa recién comienza, la acusación es contundente. El juez de Nueva York ya tiene los nombres, las fechas y el hilo de acciones que sugiere una operación premeditada.
En una Argentina empobrecida, desbordada por el ajuste y con sus instituciones cada vez más vaciadas de contenido, este tipo de maniobras no solo son éticamente reprochables: son un agravio al sentido común. No hay libertad financiera posible cuando se juega con la esperanza de los demás. No hay épica del mercado cuando el poder político actúa como socio privilegiado de una estafa.
Mientras Milei sigue promoviendo su evangelio del libre mercado desde redes sociales, los tribunales de Nueva York comienzan a dibujar una contracara menos glamorosa: la de un presidente que usó su investidura para favorecer una criptomoneda fantasmal, en beneficio de su propio entorno. Y lo hizo sin asumir ninguna responsabilidad.
El relato de la libertad, esa palabra mágica que este gobierno ha convertido en bandera, parece tener un límite: el que impone la ley. Especialmente cuando la justicia no se rige por trolls ni algoritmos, sino por hechos, pruebas y consecuencias.
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