El ministro de Defensa enfrenta una denuncia de ATE por ceder de manera ilegal instalaciones militares para el estacionamiento del festival. El sindicato alerta por el desvío de más de 80 millones de pesos y el riesgo para la seguridad nacional.
La gestión de Javier Milei vuelve a quedar expuesta en un nuevo escándalo que mezcla negocios privados, falta de transparencia y riesgos estratégicos para el país. El ministro de Defensa, Luis Petri, fue denunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ante la Fiscalía N°7, en la causa 3611/2025, por la presunta malversación de caudales públicos. El detonante fue el uso del predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) en Villa Martelli como un gigantesco estacionamiento privado durante las cuatro noches del Quilmes Rock.
El convenio con la empresa Seeker Parking habría generado más de 80 millones de pesos, ingresos que jamás fueron informados oficialmente y cuyo destino aún se desconoce. Desde ATE remarcan que, a pesar de haber solicitado información pública, el Ministerio de Defensa nunca respondió en más de tres meses, alimentando las sospechas de un manejo irregular del dinero.
La denuncia no se limita a la malversación económica. El sindicato expuso con pruebas fotográficas y videos que los autos ingresaron a zonas críticas del predio, cercanas a laboratorios, depósitos de pólvora, áreas de pirotecnia e incluso el polvorín, comprometiendo la seguridad nacional y exponiendo material sensible de las Fuerzas Armadas. Según el escrito, se rompieron instalaciones clave, como una luz de balizamiento del helipuerto valuada en 600 dólares, además de daños en cableados eléctricos que demandarán reparaciones costosas.
El propio secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue lapidario: “Se robaron más de 80 millones de pesos en cuatro días. Son de cuarta. Están convirtiendo cada organismo del Estado en un kiosco. Hasta confesaron que recibieron órdenes directas de Presidencia. Es un hecho gravísimo de corrupción que no puede quedar impune”. Sus palabras reflejan el hartazgo frente a un gobierno que, mientras recorta presupuestos y destruye derechos laborales, abre las puertas de instalaciones estratégicas a intereses privados.
El trasfondo del caso revela una lógica preocupante: la mercantilización de todo lo público bajo la administración Milei. No se trata solo de un estacionamiento improvisado en un festival de rock, sino de la entrega de un predio militar con información reservada y material sensible, como si se tratara de un simple espacio ocioso disponible para alquilar. Es una señal de improvisación, negligencia y desprecio por la seguridad del país.
El documento presentado por ATE señala que el convenio con Seeker Parking incluía supuestamente la financiación de 15 proyectos de investigación por 20 millones de pesos. Nada de eso se concretó. Ni los proyectos existen ni el dinero aparece. El negocio, en cambio, fue redondo para privados que cobraron incluso mediante débito automático. El Estado, mientras tanto, quedó vacío de control y lleno de sospechas.
La gravedad institucional es doble: por un lado, un ministro que permitió —o al menos toleró— la cesión irregular de instalaciones militares, y por el otro, un gobierno que promueve la venta y subasta de terrenos de las Fuerzas Armadas en todo el país. No es casualidad, es un modelo. Lo que se juega no es solo dinero, sino el concepto mismo de soberanía.
Hoy, la causa judicial recién comienza, y será la justicia la que determine responsabilidades. Pero el daño ya está hecho: un predio estratégico vulnerado, fondos millonarios evaporados y un gobierno que, en nombre de la “libertad”, abre las puertas del Estado como si fuera un negocio inmobiliario. El caso Petri es, en definitiva, un síntoma de un proyecto político que no ve instituciones ni soberanía, sino oportunidades de caja rápida.
Fuente
.https://www.perfil.com/noticias/amp/judiciales/denuncian-a-luis-petri-por-usar-un-predio-del-ministerio-de-defensa-como-parking-de-un-recital-de-rock.phtml
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